La Asamblea Nacional ha aprobado este martes una reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia que amplía la composición del número de magistrados de cada sala. Este es un paso en dirección a la reestructuración del poder judicial prometida por Delcy Rodríguez en febrero, cuando anunció la ley de amnistía que se ha aplicado durante apenas dos meses. El máximo tribunal pasará a tener de 20 a 32 magistrados, como en otros momentos durante el chavismo, un número que ha subido y bajado según el cálculo político del momento. La idea de Rodríguez es poder así distribuir esas nuevas plazas entre magistrados no chavistas, aunque el oficialismo mantenga la mayoría. La Sala Constitucional tendrá siete jueces, dos más de los que tiene actualmente, y el resto de las salas han quedado con cinco, con un aumento de entre tres y dos por cada caso.
La reforma de la ley había comenzado la semana pasada en la Asamblea, dominada por el chavismo y presidida por el hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez. El argumento del chavismo que domina el Parlamento es que el poder judicial se adapte a “las crecientes demandas sociales mediante la modernización de sus órganos y la ampliación de sus capacidades operativas, garantizando que la justicia sea no solo un postulado retórico, sino una práctica accesible, expedita y transparente”.
Jorge Rodríguez, aseguró que los magistrados estaban sobrecargados de casos. En las últimas semanas, que han sido jubilados casi la mitad de los jueces, algunas salas han publicado masivamente decenas de sentencias que habían estado represadas.
El debate de la que aspira a ser una “transformación estructural” fue exprés, como han sido gran parte de las discusiones en el ciclo parlamentario iniciado en 2026. “Creemos que esto va a favorecer la celeridad judicial en el máximo tribunal; hay ciudadanos esperando decisiones desde hace mucho tiempo y esta ampliación facilitará una respuesta más oportuna”, afirmó el hermano de la presidenta encargada.
“En este nuevo momento político buscamos abrir el compás para que el TSJ surja de un gran acuerdo nacional”, validó el diputado Nicolás Maduro Guerra, encargado de las consultas de la propuesta. Desde la bancada de la oposición, Luis Florido argumentó que los problemas de la justicia no están relacionados con el número de magistrados. “El problema de fondo es la politización de la justicia”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por Rodríguez, que lo fustigó por no referirse al artículo que estaban discutiendo.
La Constitución de 1999 no fija un número de magistrados, y el TSJ arrancó con 20. En 2004, Hugo Chávez aumentó esa cifra por primera vez para ganar control sobre el poder judicial, en respuesta a una sentencia que había tensado la relación entre poderes: el Supremo había calificado el golpe de Estado de abril de 2002 como un “vacío de poder”. Incorporar más jueces permitió al chavismo copar el tribunal.
Veinte años después, en 2022, ya con Nicolás Maduro en el poder, el número se redujo bajo presión de la Corte Penal Internacional, que exigía reformas judiciales a las que el presidente se comprometió durante las visitas del entonces fiscal Karim Khan. El Gobierno presentó el recorte como parte de un “nuevo modelo de justicia”, pero en la práctica sirvió para purgar el máximo tribunal: se sustituyó a ocho de los 20 magistrados y el TSJ quedó bajo el control político directo de la primera dama, Cilia Flores. Ese mismo tribunal fue el que designó a los integrantes del Consejo Nacional Electoral que condujeron las elecciones presidenciales y luego validaron la victoria de Maduro, en medio de denuncias de fraude y un dudoso proceso pericial.
“En todas estas ocasiones la excusa ha sido la misma: la eficiencia. Pero el problema del retardo judicial no está ahí, sino en los tribunales de instancia penales”, advierte Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. La reforma actual llega en un momento en que, una vez más, se busca proyectar una nueva imagen institucional, luego de la ruptura del 3 de enero, cuando una intervención militar estadounidense depuso a Maduro y a su esposa del poder.
La presidenta encargada ha desplegado una estrategia para desvincularse del pasado más autoritario del régimen: ha abierto algunos cargos en el ejecutivo y en otras instituciones a personas ajenas al partido y a la cúpula cercana, aunque tampoco son opositores. También ha desplazado de sus posiciones a las fichas directamente ligadas a la pareja presidencial detenida en Nueva York. Ampliar el número de miembros del tribunal permite ahora repartir algunas vacantes entre la oposición que el chavismo ha logrado tolerar —la de los partidos minoritarios con representación parlamentaria—, no la que lidera María Corina Machado, que cuenta con el mayor respaldo popular del país.
Las renuncias y jubilaciones de magistrados comenzaron antes de que se impulsara el cambio en el número de miembros. Al menos la mitad ha sido reemplazada por suplentes, mientras la Comisión de Postulaciones Judiciales termina de entrar en funciones para elegir a los titulares y cubrir las doce nuevas vacantes —con sus respectivos suplentes— creadas por la reforma de la ley del TSJ. Los primeros cambios ya han dejado fuera a los magistrados que respondían a Flores. En un mes se espera que haya un TSJ renovado.
Entre el preso político fallecido y el Esequibo
Desde el Parlamento, este martes, también llegó respaldo a la investigación iniciada por el Ministerio Público sobre la muerte en prisión de Víctor Hugo Quero Navas, quien pasó 16 meses en desaparición forzada. La reacción no se produjo durante el debate, sino casi una semana después, en un comunicado —uno más de los que han circulado en torno a un caso que ha conmocionado al país y ha puesto al descubierto los oscuros laberintos del poder judicial venezolano. El Gobierno se ha limitado a fijar posición mediante declaraciones escritas, algunas plagadas de dudas e inconsistencias.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó la semana pasada el paradero de Quero Navas, luego de que su madre, Carmen Navas, recorriera cárceles e instituciones buscándolo. Estaba en una tumba con lápida de papel: lo habían enterrado sin avisarle, tras fallecer por complicaciones de salud en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, donde ella nunca pudo visitarlo. El despacho a cargo de las prisiones aseguró que actuó a partir de marzo, cuando la policía judicial le solicitó información del caso motivada por las denuncias que la madre venía haciendo durante meses. La Asamblea Nacional ratificó su apoyo a las instituciones sin anunciar ninguna interpelación a las autoridades involucradas, mientras 45 ONG piden que se abra una investigación internacional independiente para esclarecer los hechos.
El tema del Esequibo también figuró en el orden del día de la Asamblea. Los parlamentarios respaldaron una vez más la defensa del territorio que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha presentado esta semana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Fue Guyana quien llevó la controversia a esa instancia: el extenso territorio —que abarca más de la mitad de su superficie actual— es reclamado por Venezuela, que rechaza el laudo arbitral de 1899 sobre el trazado de las fronteras por considerar que fue dictado de forma fraudulenta.
Georgetown, que extrae petróleo en la fachada marítima del área, decidió unilateralmente acudir a La Haya en 2018. Venezuela, que no reconoce esa jurisdicción, mantiene su posición en el proceso y reivindica que el conflicto se resuelva por la vía pacífica de los buenos oficios de Naciones Unidas, mecanismo que se sostuvo casi 50 años sin producir acuerdos concretos. En 2023, Maduro convocó un referendo consultivo para validar la anexión del territorio, incluirlo en los mapas oficiales y nombrar autoridades, aunque el control efectivo —y la población que allí reside— es guyanés.
