La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional informó este miércoles que postergó para la audiencia en la que se decidirá la solicitud de prisión preventiva contra Inocencio Lebrón M., un profesor de matemáticas acusado de acoso sexual a una estudiante. Según la información proporcionada por el Ministerio Público, la fiscalía solicitó la imposición de la medida de coerción tras reunir elementos que indicarían que el docente, valiéndose de su posición y de la relación de confianza con la víctima, habría iniciado un proceso de acercamiento progresivo hacia la menor.
De acuerdo con el expediente presentado por las autoridades, la investigación atribuye a Inocencio conductas reiteradas de presión emocional y proposiciones de índole íntima, pese a la negativa expresa de la estudiante. El Ministerio Público detalla que los hechos habrían ocurrido tanto en el centro educativo donde la joven cursaba estudios como en el vehículo del acusado, donde presuntamente realizó tocamientos y planteó insistentes propuestas sexuales.
Como parte de la investigación, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La pericia detectó en la víctima indicadores emocionales compatibles con episodios de vulneración, situación que la fiscalía considera relevante para sustentar la gravedad de los hechos y la necesidad de una medida restrictiva de libertad para el imputado.
El arresto de Inocencio se produjo el pasado 22 de abril, en cumplimiento de una orden emitida por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. Según la imputación, el profesor habría mantenido un patrón de acercamiento y presión sobre la menor, reiterando conductas denunciadas por la víctima y manteniendo una influencia emocional significativa sobre ella.
La instancia de solicitud de prisión preventiva fue depositada por las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional. El Ministerio Público calificó jurídicamente el caso como una presunta violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que regula la protección y derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva resulta necesaria para evitar la posible obstaculización del proceso o la reiteración de las conductas denunciadas.
Por su parte, la defensa del acusado solicitó el aplazamiento de la audiencia, argumentando la necesidad de contar con más tiempo para preparar sus medios de defensa. La jueza Lissa Veras, a cargo de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, aceptó el pedido y fijó la nueva fecha de audiencia para el sábado 2 de mayo.
El caso despertó interés y seguimiento en la opinión pública de Dominicana, generando debates sobre la protección de menores.
Mientras el expediente permanece en evaluación judicial, la audiencia prevista para el sábado será determinante para definir si el imputado enfrentará el proceso en libertad o bajo la medida de prisión preventiva.
