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De Pueblo Viejo a Loma Miranda, de Loma Miranda a Romero, una historia de resistencia que el 4 de mayo de 2026 escribió su capítulo más reciente
«La naturaleza no es un capital a explotar, sino una condición de posibilidad de la existencia humana. Quien destruye la naturaleza, destruye la base misma de la reproducción social.»
Joan Martínez Alier, El ecologismo de los pobres.
I. INTRODUCCIÓN
El 4 de mayo de 2026, miles de dominicanos marcharon aproximadamente 20 kilómetros bajo el sol del sur hasta la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana. Una sola consigna: «¡Agua sí, oro no!»
Días después, el presidente Luis Abinader, presionado por una movilización que había desbordado cualquier cálculo político, ordenó la suspensión inmediata del proyecto minero Romero de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp. Las acciones de la compañía en la Bolsa de Toronto cayeron más del 19% en horas. Podría leerse como una noticia de coyuntura. No lo es.
Lo que ocurrió en San Juan es la culminación de una historia que comenzó hace más de cinco siglos y que se ha repetido, con distintos actores y distinta tecnología, con una constancia que ya no admite ser llamada coincidencia: se llama modelo. Un modelo de extracción, destrucción y abandono que ha dejado en República Dominicana ríos contaminados, comunidades desplazadas, montañas huecas y costos de remediación ambiental que siempre paga el Estado, es decir, el pueblo.
Este artículo recorre esa historia, examina quién es realmente GoldQuest, analiza lo que hay bajo el suelo de San Juan y a qué precio real, reconstruye la resistencia que detuvo el proyecto y plantea las preguntas que permanecen abiertas. La tesis es una sola: la suspensión de Romero fue una victoria de la democracia ambiental, conquistada, no concedida.
II. MEMORIA HISTÓRICA: LA MINERÍA COMO DISPOSITIVO DE DESPOJACIÓN
La historia de la minería en República Dominicana no comienza con GoldQuest. Comienza con una tumba. Entre 1505 y 1525, los conquistadores españoles explotaron las minas de oro de Pueblo Viejo con la fuerza esclavizada de los taínos. Primer extractivismo. Primera devastación. Primer abandono. El patrón quedó establecido desde entonces.
En 1945, la estadounidense Alcoa Exploration Company inició la exploración de bauxita en Pedernales. Desde 1959 hasta 1985 exportó alrededor de 23 millones de toneladas. Al marcharse dejó cavernas abiertas en las montañas del Bahoruco y un pasivo ambiental que asumió el Estado dominicano.
Después vinieron Lecanto Materials, Sierra Bauxite, Dovemco, cada una con su contrato y sus excavaciones. La última concesión fue rescindida en 2015.
En 1955, la canadiense Falconbridge adquirió la Concesión Quisqueya Uno para explotar níquel en Bonao, firmando contrato con el Estado el 24 de diciembre de 1956. La planta inauguró en 1972. Décadas después, el saldo incluye deforestación, contaminación de fuentes de agua, enfermedades respiratorias y dérmicas en comunidades de Monseñor Nouel y La Vega, y trabajadores sin salarios ni seguridad social.
En julio de 2025, el Estado demandó ante el Tribunal Superior Administrativo la rescisión del contrato, imputando a Falcondo daños ambientales superiores a 25 millones de dólares. Casi 70 años después de firmado el acuerdo, la cuenta llegó, pero las comunidades la pagaron mucho antes.
El caso más documentado es Pueblo Viejo. La Rosario Dominicana S.A. operó la mina entre 1975 y 1991. En 24 años extrajo 5.5 millones de onzas de oro y 25.2 millones de onzas de plata. El saldo: cuatro ríos contaminados, más de 600 familias desplazadas, comunidades sin agua potable ni electricidad al cierre, y un costo de remediación estimado entre 100 y 200 millones de dólares que pagó el Estado.
En 2012 reabrió bajo Pueblo Viejo Dominicana Corporation, filial de Barrick Gold (60%) y Newmont (40%), con una inversión de 4,000 millones de dólares, la mayor inversión extranjera en la historia del país.
Las promesas fueron proporcionales. Los resultados, no: contaminación por arsénico, zinc y telurio documentada en el embalse de Hatillo; cientos de trabajadores intoxicados en 2010; denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 por afectación del derecho humano al agua.
Fue en ese contexto de memoria viva y desastre documentado que surgió Loma Miranda, y que debe entenderse lo que ocurrió después en San Juan.
III. LOMA MIRANDA: CUANDO EL PUEBLO DIJO «NO»
Antes de que San Juan dijera «¡Agua sí, oro no!», La Vega y Bonao dijeron «Miranda no se vende, se defiende.» Y lo dijeron con el cuerpo.
Loma Miranda es una montaña de la Cordillera Central considerada por científicos y comunidades como madre de las aguas del Cibao, una infraestructura hídrica viva que ninguna ingeniería humana puede reemplazar. La empresa Falcondo, entonces filial de Xstrata Nickel, buscaba expandir su explotación de ferroníquel hacia sus inmediaciones. La concesión existía. Los permisos se tramitaban. Solo faltaba que la sociedad dominicana lo permitiera. No lo permitió. La resistencia articuló actores que raramente coinciden: campesinos, estudiantes, ambientalistas, profesionales de la salud y la Iglesia Católica. La Conferencia del Episcopado Dominicano exigió públicamente detener cualquier concesión, argumentando que el bien común está por encima del beneficio económico.
En febrero de 2013, en Bonao, 27 hombres y 27 mujeres se crucificaron simbólicamente, una imagen que encapsuló en un gesto la disposición de las comunidades a defender su territorio con lo único que nadie puede quitarles: el propio cuerpo.
En 2014, el Congreso aprobó una ley declarando a Loma Miranda Parque Nacional. El presidente Danilo Medina la observó alegando inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional falló en contra. La victoria legislativa fue revertida por el mismo Estado que debía proteger el territorio, lección amarga y necesaria sobre la fragilidad de las conquistas que dependen exclusivamente de la voluntad estatal.
Y sin embargo, Loma Miranda no fue explotada. El costo político de autorizar la explotación frente a una oposición tan transversal resultó insostenible. El lema quedó grabado en la memoria colectiva dominicana como filosofía de resistencia: hay territorios que no tienen precio porque son condición de vida.
Esa filosofía viajó hacia el sur. Y encontró en San Juan terreno fértil.
IV. GOLDQUEST Y EL PROYECTO ROMERO: LA ARQUITECTURA DEL CAPITAL EXTRACTIVO
Cuando GoldQuest Mining Corp. presentó el proyecto Romero ante la opinión pública dominicana, lo hizo con el lenguaje del desarrollo responsable y la minería moderna.
La narrativa era impecable. La realidad corporativa, más reveladora. GoldQuest no nació como empresa canadiense. Su origen está en Panamá. En 2001, una sociedad privada registrada en ese país (Exploration and Discovery Latin America, Inc., EDLA), inició exploración de oro en República Dominicana a través de su subsidiaria local INEX. La elección de Panamá no fue casual: secreto bancario, baja imposición fiscal y opacidad en la titularidad real de las empresas. Ese mismo año, EDLA fue adquirida por MinMet plc, registrada en Dublín, Irlanda, otra plataforma clásica de optimización fiscal corporativa. En 2004, mediante una adquisición inversa (reverse takeover), los activos dominicanos aterrizaron en Canadá bajo el nombre GoldQuest Mining Corp., cotizando en la TSX Venture Exchange de Toronto bajo el símbolo GQC, y secundariamente en Frankfurt y Berlín.
La arquitectura resultante opera en cascada: matriz en Canadá, propiedad intermedia en GoldQuest Mining (BVI) Corp., constituida en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal de impuestos cero, y cara visible ante el Estado dominicano en GoldQuest Dominicana SRL, la antigua INEX renombrada en 2014. Panamá, Irlanda, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana: cinco jurisdicciones para una sola operación minera. Esta es la geografía real del capital extractivo transnacional.
La composición accionaria añade otra dimensión. Según presentaciones corporativas de 2025, inversionistas dominicanos acumularon un 36% de participación (22% mediante colocaciones privadas y 14% en mercado abierto). Agnico Eagle Mines Limited ostenta un 11.2% como accionista estratégico. Una distribución que genera base de intereses locales vinculados al éxito del proyecto, fragmentando potenciales alianzas de resistencia. Cuando hay dominicanos con acciones en GoldQuest, la narrativa de empresa extranjera versus comunidad local se complica. Y eso es precisamente lo que busca la estrategia.
El proyecto Romero se localiza en la Formación Tireo de la Cordillera Central, una secuencia volcánica del período Cretácico que alberga mineralización de sulfuros masivos ricos en metales preciosos y de base. El reporte técnico NI 43-101 — estándar canadiense de obligatorio cumplimiento para empresas cotizadas en Toronto — establece que los recursos totales combinados de los depósitos Romero y Romero South ascienden a 1.93 millones de onzas de oro equivalente, con reservas probables minables de 840,000 onzas de oro, 980,000 onzas de plata y 136 millones de libras de cobre. A precios actuales de mercado, el valor bruto en el subsuelo ronda los 5,000 millones de dólares.
El plan contemplaba una mina subterránea procesando 2,800 toneladas diarias con una vida útil de apenas 8 años. El Estudio de Pre-Factibilidad de 2016 proyectó una tasa interna de retorno del 28% y recuperación de la inversión en 2.5 años, cifras que revelan con qué velocidad los accionistas recuperarían su capital, mientras las comunidades heredarían los pasivos ambientales post-cierre por tiempo indefinido. Porque el cierre de una mina de sulfuros no es el fin del problema ambiental, es frecuentemente su comienzo. El drenaje ácido de mina (DAM) ocurre cuando los sulfuros de la roca fragmentada se oxidan en contacto con agua y aire, generando ácido sulfúrico que disuelve metales pesados (arsénico, plomo, zinc, cadmio), filtrándolos hacia acuíferos y ríos. El DAM puede persistir durante siglos después del cierre. Ese costo no aparece en la tasa de retorno del 28%. No figura en las proyecciones financieras. Pero alguien lo paga, y ese alguien, invariablemente, es el Estado y las comunidades que permanecen cuando la empresa se ha marchado.
GoldQuest presentó tres medidas de mitigación: relaves secos sin embalses de cola (tecnología que reduce riesgo de rotura de presas pero no elimina el DAM), ventiladores subterráneos para reducir ruido superficial, y 67,000 árboles plantados en la cuenca del río San Juan. Esta última merece atención especial: la ecología de la restauración establece que los servicios ecosistémicos de un bosque maduro de la Cordillera Central no son intercambiables por plantaciones jóvenes en el corto plazo.
Un bosque tarda siglos en madurar. Una mina tarda 8 años en agotar su reserva.
El dato que cambió el debate llegó del Senado. El senador Félix Bautista, legislador por San Juan, reveló con documentos en mano que GoldQuest no posee una concesión, sino quince.
Romero es, en sus propias palabras, «la punta del iceberg.» Las otras catorce áreas adyacentes (Valentín, La Guinea, Las Piedras, Descansado, Las Tres Veredas, La Pelada, Los Lechones, Loma de los Comíos, Los Gajitos, La Tachuela, Toribio, Loma de Cachimbo, Tocón de Pino y Agüita Fría), cubren más de 209 millones de metros cuadrados, todos próximos al Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Lo que se presentaba como un proyecto puntual era en realidad la cabeza visible de un programa de explotación regional que transformaría permanentemente la Cordillera Central del sur dominicano.
Ante esa revelación, las garantías de GoldQuest lucían como lo que eran: insuficientes.
V. LA BATALLA DE SAN JUAN Y EL TRIUNFO DEL 4 DE MAYO
San Juan de la Maguana no es una comunidad que espera. Es una comunidad que recuerda. Recuerda los ríos contaminados de Pueblo Viejo. Recuerda lo que intentaron hacer en Loma Miranda. Recuerda las promesas incumplidas de Cotuí. Y con esa memoria activa decidió no esperar a que el desastre ocurriera para protestar, sino protestar antes de que ocurriera. Esa anticipación es la expresión más sofisticada de la democracia ambiental: no la reacción ante el daño consumado, sino la prevención soberana del daño anunciado.
La resistencia no surgió espontáneamente en las semanas previas al 4 de mayo. Se gestó durante años de organización silenciosa en comunidades campesinas, parroquias, escuelas y redes de mujeres rurales.
La coalición fue extraordinaria en su diversidad: campesinos que riegan sus conucos con agua del río San Juan marcharon junto a médicos que conocen los efectos del arsénico en el organismo humano. Jóvenes universitarios caminaron al lado de adultos mayores. Mujeres rurales ocuparon la primera línea. Sacerdotes y pastores evangélicos coincidieron en el mismo espacio de resistencia. Esta transversalidad desmontó desde el principio el argumento corporativo de que la oposición era obra de ecologistas externos o grupos políticos con agenda propia.
El momento culminante llegó cuando miles de manifestantes realizaron una marcha de aproximadamente 20 kilómetros bajo el sol del sur hasta la presa de Sabaneta.
No fue una marcha hacia un símbolo abstracto, sino una marcha hacia el agua misma. Al llegar a la presa, las comunidades señalaron con precisión quirúrgica lo que estaba en juego: no protestaban contra una empresa canadiense abstracta, sino que protegían su fuente de vida concreta.
La respuesta inicial del Estado fue la represión. Las bombas lacrimógenas y los chorros de agua contra una movilización pacífica generaron una indignación que amplificó la protesta más allá de San Juan. Lo que pudo contenerse regionalmente se convirtió en debate nacional.
Fue en ese contexto que la intervención del senador Félix Bautista adquirió una relevancia particular. En un país donde la cultura política frecuentemente alinea a los legisladores con los intereses del Ejecutivo y del capital, Bautista eligió alinearse con las comunidades que lo eligieron.
Llevó al Senado las 15 concesiones de GoldQuest cuando el debate público solo conocía una. Advirtió sobre el impacto en cadena sobre el río San Juan, el Yaque del Sur y la presa de Sabaneta. Cuestionó el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Y propuso una alternativa concreta: convertir a San Juan en distrito energético, no minero, potenciando los proyectos hidroeléctricos Sabaneta I y II, que generarían más ingresos, más empleos y por más años que cualquier mina de vida útil limitada.
Su coherencia política en el momento más álgido del conflicto merece ser reconocida como lo que fue: defensa del derecho a la vida de los sanjuaneros desde la tribuna legislativa. No todos compartieron esa posición. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos (legislador por Cotuí, provincia donde la contaminación minera de Barrick Gold es una realidad documentada que sus propios electores viven en carne propia), declaró abiertamente: «Soy pro-minería, porque sin la minería la vida del hombre hoy día sería invivible.»
Difícilmente podría encontrarse una contradicción más elocuente entre la experiencia territorial de una comunidad y la posición política de quien la representa.
El 4 de mayo de 2026, el presidente Luis Abinader anunció la suspensión inmediata de todas las actividades del proyecto Romero. Declaró que el gobierno había escuchado «con atención, respeto y responsabilidad» las preocupaciones ciudadanas y que, aunque el proyecto estaba aún en fase de evaluación ambiental sin permiso de explotación aprobado, decidió actuar con «cautela y transparencia.»
Conviene leer esa declaración con precisión: Abinader no cuestionó el modelo extractivista ni expresó convicción ecológica profunda. Un presidente que había respaldado activamente la atracción de inversión extranjera, incluida la minera, suspendió el proyecto porque la movilización social hizo que continuarlo fuera políticamente insostenible. La suspensión fue una victoria de las comunidades, no una conversión del gobierno al ambientalismo.
El impacto financiero fue inmediato. El Canadian Investment Regulatory Organization suspendió la cotización de GoldQuest el mismo 4 de mayo, tras una caída de más del 19% en bolsa. Miles de campesinos, mujeres rurales y jóvenes marchando bajo el sol habían sacudido la Bolsa de Toronto. Esa es la dimensión real de lo que ocurrió. GoldQuest respondió con el lenguaje estándar del capital extractivo ante una derrota que no puede reconocer como tal: reafirmó su compromiso con el desarrollo «responsable y transparente» e indicó que continuaría trabajando en el Estudio de Impacto Ambiental. No se retiró, sino que se pausó.
Y la diferencia entre pausa y renuncia puede medirse en el próximo ciclo electoral, en el siguiente precio internacional del oro, o en la próxima negociación entre República Dominicana y Canadá, país de origen de la empresa y uno de los principales socios inversores del país.
VI. EL GRAN DEBATE: ¿AGUA O MINERAL?
Reducir el conflicto de San Juan a un enfrentamiento entre ecologistas y mineros sería una simplificación que traiciona la complejidad real del debate. Lo que está en juego es más profundo: qué modelo de desarrollo elige República Dominicana para su presente y su futuro.
El argumento pro-minero descansa sobre tres pilares: generación de empleo, captación de divisas y aporte al PIB. Son argumentos que merecen ser examinados con rigor, no aceptados como verdades automáticas.
Miremos los números. La mina de Pueblo Viejo en Cotuí ha llegado a representar cerca del 2% del PIB nacional, generó más de 2,600 millones de dólares en impuestos entre 2013 y 2020, y el oro de Cotuí ha representado hasta un 31% de las exportaciones nacionales. Cifras imponentes.
Y sin embargo, Cotuí sigue siendo una de las provincias con mayor índice de pobreza del país, con ríos contaminados y agricultura deteriorada en zonas cercanas a la mina.
La paradoja es brutal: la provincia que alberga una de las minas más ricas del hemisferio occidental no ha logrado convertir esa riqueza mineral en bienestar humano sostenible. ¿Por qué habría de ser diferente en San Juan con GoldQuest, una junior minera sin experiencia operativa previa, con apenas 8 años de vida útil proyectada?
San Juan no produce oro. Produce alimentos. Produce agua. Su base agrícola (arroz, habichuelas, plátanos, guineos) abastece mercados en todo el territorio nacional. Esa agricultura no depende de un contrato minero renovable ni del precio internacional del oro. Depende del agua. Del río San Juan. De la presa de Sabaneta. De la Cordillera Central que las alimenta.
Introducir una operación minera de gran escala en esa cuenca no es sumar una actividad económica al territorio, es restar la condición de posibilidad de las que ya existen.
Hay además una dimensión que rara vez aparece en los análisis económicos convencionales: por cada kilogramo de oro extraído mediante procesos que involucran sulfuros masivos, se pueden generar hasta 1,000 toneladas de residuos que deben ser contenidos indefinidamente después del cierre.
Ese costo de gestión post-cierre no aparece en la tasa interna de retorno del 28% que GoldQuest presentaba a sus accionistas. Pero alguien lo paga, y ese alguien es siempre el Estado y las comunidades que permanecen cuando la empresa se ha marchado.
La alternativa existe y es concreta. Como planteó el senador Félix Bautista, San Juan puede ser un distrito energético en lugar de minero: los proyectos hidroeléctricos Sabaneta I y II aprovecharían el mismo potencial hídrico que GoldQuest amenazaba, generando ingresos y empleos sostenidos en el tiempo sin comprometer la calidad del agua ni la capacidad productiva del valle. Desarrollo económico y conservación hídrica no son opciones excluyentes, sino exactamente lo que San Juan necesita articular.
VII. CONCLUSIÓN
Del «Miranda no se vende, se defiende» al «¡Agua sí, oro no!» hay más de una década de distancia. Pero hay una sola línea de continuidad: la determinación del pueblo dominicano de que hay territorios y condiciones de vida que no están en venta, ni a precio de mercado, ni a precio de promesas de desarrollo, ni a precio de empleos temporales que se marchan con la empresa cuando el mineral se agota.
La victoria del 4 de mayo fue real. Pero una suspensión presidencial no es una prohibición. Un anuncio en cadena nacional no es una ley. Y una ley, como Loma Miranda enseñó dolorosamente, puede ser observada, recurrida y revertida.
GoldQuest no ha renunciado a Romero, sino que ha pausado. Y la diferencia entre pausa y renuncia puede medirse en el próximo ciclo electoral, en el siguiente precio internacional del oro, o en la próxima negociación entre República Dominicana y Canadá, país de origen de la empresa y uno de los principales socios inversores del país. Por eso la victoria exige consolidación institucional: prohibición explícita de concesiones mineras en cabeceras de cuenca y zonas de recarga hídrica; mecanismos de consulta previa, libre e informada que sean vinculantes, no decorativos, y una ley general de minería que establezca con claridad qué territorios son intocables, independientemente de su contenido mineral.
La pregunta de fondo que Romero coloca sobre la mesa no admite evasión: ¿Qué país quiere ser República Dominicana? ¿Uno que extrae lo que tiene en el subsuelo para exportarlo como concentrado a fundiciones del hemisferio norte durante períodos cada vez más cortos? ¿O uno que preserva sus cuencas, fortalece su agricultura, desarrolla energías renovables y construye una economía que no dependa de la próxima concesión minera para financiar su presupuesto? Esa elección no la hacen las empresas ni los mercados de Toronto. La hacen las comunidades, cuando están organizadas, cuando tienen memoria y cuando saben lo que defienden.
San Juan de la Maguana ya eligió. El oro puede esperar en el subsuelo otros mil años, pues la geología tiene esa paciencia que el capital no tiene. El agua, en cambio, no espera: fluye, se contamina, se agota. En esa asimetría entre la permanencia del mineral y la fragilidad del agua reside la razón última de toda resistencia ambiental digna de ese nombre.
Como enseñaba Joan Martínez Alier, el ecologismo de los pobres no es un lujo estético, sino una estrategia de supervivencia.
Las comunidades de San Juan lo saben. Loma Miranda lo supo antes. Y en esa lo sabiduría acumulada, transmitida de protesta en protesta, reside la única garantía real de que la historia no se repita.
Miranda no se vendió. Romero no se explotará, al menos por ahora. Que ese «por ahora» se convierta en «nunca más» depende de nosotros.
NOTA DE FUENTES
Basado en reportes técnicos NI 43-101 de GoldQuest Mining Corp. (2024-2025); declaraciones del senador Félix Bautista ante el Senado de la República Dominicana; estudios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias de la República Dominicana; informes del Ministerio de Energía y Minas (EITI-RD); Contrato de Exploración y Explotación de Falconbridge Dominicana (1956); Acuerdo Transaccional entre el Estado dominicano y DOVEMCO, S.A.; y cobertura de prensa nacional e internacional del período abril-mayo de 2026.
Por Valentín Ciriaco Vargas
