El Escudo de las Américas respaldó al gobierno boliviano de Rodrigo Paz este jueves y advirtió que no tolerará el “derrocamiento de líderes democráticamente elegidos” en el hemisferio, mientras las protestas que exigen la renuncia del mandatario acumulan cuatro muertos por falta de atención médica y pérdidas industriales que superan los USD 600 millones.
El bloque regional compuesto por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago señaló en un comunicado que las movilizaciones y los bloqueos de carreteras buscan “subvertir el orden constitucional y desestabilizar” al gobierno de Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder. La declaración advirtió que detrás de las protestas hay participación de “criminales y narcotraficantes”, y reafirmó que sus países miembros han estado enviando asistencia humanitaria a Bolivia.
“Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión, las protestas y los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos. Los países miembros del Escudo de las Américas han estado brindando asistencia humanitaria al pueblo de Bolivia”, subraya el comunicado.
El caso más reciente fue el de un niño de 12 años que murió este jueves al no poder recibir atención quirúrgica de urgencia, según informó el Ministerio de Salud de Bolivia. El menor, oriundo del municipio de Pocoata, en el norte del departamento de Potosí, llegó la noche del miércoles al hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería cirugía e internación en terapia intensiva.
Ante los bloqueos, la ambulancia debió desviarse hacia Oruro, y el niño falleció en el trayecto. Su deceso eleva a cuatro el total de fallecidos por causas vinculadas a los bloqueos, entre ellos una ciudadana de Belice. El ministerio instó a “permitir el paso de ambulancias” y reclamó un “corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”.
El Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica han reiterado en los últimos días el mismo llamado, sin que los manifestantes hayan accedido. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó que las pérdidas para el sector superan los USD 600 millones desde el inicio del conflicto.
En tanto, cientos de trabajadores volvieron a marchar este jueves por el centro de La Paz. Mineros y obreros de fábricas, con cascos y entre el ruido de petardos, desfilaron frente a los policías antimotines que custodian con rejas y escudos la plaza de armas donde se encuentra el Palacio de Gobierno. El paso fue sin incidentes, a diferencia del lunes, cuando las protestas dejaron unos 130 detenidos según la Fiscalía.
Las movilizaciones llevan más de tres semanas y agrupan a campesinos, maestros, transportistas y a la Central Obrera Boliviana (COB), además de seguidores del ex mandatario Evo Morales. De reclamar aumentos salariales y derogación de leyes, varios sectores escalaron sus exigencias hasta pedir la renuncia de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas encabezados por Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Al menos 47 bloqueos activos se registran en siete de los nueve departamentos del país, según datos oficiales. En Cochabamba, un contingente policial dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes para abrir una ruta estratégica. En La Paz y la ciudad vecina de El Alto, que acumulan más días de cierre, ya escasean alimentos, combustible, oxígeno medicinal y otros insumos.
Paz respondió a la presión con un movimiento en su gabinete: designó como ministro de Trabajo a Williams Bascopé, abogado de origen aimara, en reemplazo de Edgar Morales, quien había recibido fuertes críticas del sector obrero. El miércoles, el presidente había anticipado que realizaría ajustes para contar con “ministros con capacidad de escucha”.
“Las organizaciones sociales siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo”, declaró Paz según recogió la AFP. Los manifestantes, por su parte, rechazan la convocatoria. “Nos está imponiendo una política neoliberal como en los años 80. Este gobierno no tiene capacidad de gobernar y es totalmente servil a las transnacionales”, afirmó a la AFP Cecilio González, dirigente obrero de 49 años.
