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En la pequeña isla caribeña de Barbuda, el Pink Sands Beach Bar recibió a locales —y ocasionalmente a algún turista— durante más de 20 años.
"Era un lugar muy acogedor", afirma Miranda Beazer, su antigua propietaria, al describir cómo la gente solía reunirse allí para jugar al dominó o relajarse después de la iglesia los domingos.
Nombrado por la arena de tonos rosados sobre la que se levantaba, el bar era un pilar fundamental de la comunidad local, hasta que el huracán Irma azotó la isla en 2017, cuando los aproximadamente 2.000 habitantes de Barbuda fueron evacuados a la isla vecina, Antigua.
El bar de Miranda —y su casa— quedaron destruidos. "No hubo nadie que saliera ileso (…) fue devastador. Lloré durante dos semanas", relata.
Antes de que el bar pudiera reconstruirse, su esposo murió.
Desarrolladores extranjeros empezaron a ofrecerle grandes sumas de dinero por su terreno, pero ella las rechazó todas.
"No busco el dinero", asegura Miranda. "Lo que realmente quiero es conservar mi tierra".
Luego llegaron las excavadoras.
Lo que quedaba del bar tras el huracán fue demolido por desarrolladores extranjeros, según denuncia Miranda.
Desde entonces, ella mantiene una batalla legal para recuperar el acceso a lo que, sostiene, es su terreno.
Sin embargo, esto resulta complejo debido a las leyes de propiedad en Antigua y Barbuda.
Fuente de la imagen, BLRRC
Propiedad colectiva
La propiedad de la tierra en Barbuda es colectiva, lo que significa que los ciudadanos tienen derecho a ocupar una parcela solicitando un arrendamiento, aunque técnicamente no son propietarios privados.
Al mismo tiempo, los ciudadanos comparten el derecho colectivo a ser consultados y a tener la última palabra sobre grandes proyectos de desarrollo.
El sistema de propiedad se estableció tras el fin de la esclavitud en Barbuda en 1834 y el gobierno de Antigua y Barbuda lo reconoció oficialmente en 2007, cuando se aprobó la Ley de Tierras de Barbuda.
Miranda dice que posee el arrendamiento de 12 hectáreas de costa, pero actualmente solo tiene acceso a tres.
La Global Legal Action Network (GLAN), una red de abogados que respalda su caso, sostiene que el resto del terreno está ocupado ilegalmente por los desarrolladores extranjeros Murbee Resorts y Peace Love and Happiness (PLH).
Fuente de la imagen, Miranda Beazer
En un comunicado, Murbee señala que es un arrendatario legal en Barbuda y que "no ha realizado actividades de construcción en terrenos sobre los que no tenga autoridad legal para hacerlo, ni en ningún caso".
PLH declara que "no ocupa ni ha ocupado jamás" el terreno y que ha cumplido "estrictamente" todos los acuerdos desde que firmó un arrendamiento de tierras en Barbuda en febrero de 2017.
El acceso a la costa
Miranda asegura, al igual que muchos otros activistas de Barbuda, mantiene su compromiso de luchar por la tierra.
"Si alguna vez vinieras y lo experimentaras por ti mismo, realmente entenderías por qué estamos tan comprometidos con este pequeño pedazo de roca que tenemos", dice.
El terreno de Miranda es la última franja de la costa sur de Barbuda que aún resulta accesible para los locales.
Pero, como muchas playas en islas del Caribe donde los residentes no están protegidos por leyes de propiedad, ahora está amenazado por desarrolladores adinerados que quieren convertirlo en un destino exclusivo reservado únicamente para turistas.
Fuente de la imagen, Mondadori Portfolio vía Getty Images
Uno de los inversores inmobiliarios, a pocos kilómetros del terreno de Miranda, es el actor Robert de Niro.
Junto con el multimillonario australiano James Packer, forma parte de Paradise Found, el grupo desarrollador de The Beach Club Barbuda.
Este extenso complejo de 160 hectáreas, cuya finalización está prevista para este año, incluirá Nobu Beach Inn, un hotel de lujo compuesto por 17 residencias. También habrá 25 casas frente a la playa.
Los habitantes locales aseguran que ya no pueden visitar ni siquiera ver la playa sobre la que se construyó el complejo, después de que se levantara recientemente una carretera de desvío que rodea el recinto.
Disputas legales
El precio de una parcela en el sitio de Beach Club presuntamente comienza en US$7 millones.
En su sitio web, el complejo se describe como una "comunidad isleña excepcional en una de las últimas costas vírgenes del Caribe".
John Mussington, presidente del Consejo de Barbuda, la autoridad local, argumenta que este proyecto solo fue posible al eludir la Ley de Tierras de 2007.
Para permitir la construcción de The Beach Club, el gobierno aprobó una nueva ley, la Paradise Found Act, en 2015, que estipula que la normativa de 2007 no se aplica al complejo.
Activistas presentaron un recurso legal que llegó hasta el máximo tribunal de Antigua y Barbuda: el Comité Judicial del Consejo Privado (JCPC) en Reino Unido.
Antigua y Barbuda mantuvo esta estructura legal tras su independencia de Reino Unido en 1981.
En 2022, el JCPC falló a favor del gobierno de Antigua y Barbuda, dictaminando que "los derechos otorgados a los barbudenses individuales únicamente por su condición de barbudenses (…) no constituyen un interés o derecho sobre la propiedad".
Paradise Found señaló en un comunicado que The Beach Club "se desarrolló de acuerdo con las leyes y los procesos de aprobación de Antigua y Barbuda" y que el acceso público a la playa Princess Diana, que ahora forma parte del complejo, "permanece sin cambios".
Un problema extendido en el Caribe
Barbuda no es la única isla caribeña donde las leyes heredadas de la época colonial están en el centro de disputas sobre la tierra.
A unos 1.600 kilómetros al oeste, en Jamaica, existe otra campaña para ampliar el acceso a las playas para los locales.
Devon Taylor, presidente del Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (Jabbem), dice que la legislación vigente discrimina a los jamaicanos: "Establece claramente que no tenemos derechos en o sobre la zona costera".
Fuente de la imagen, Devon Taylor
El gobierno de Jamaica propuso recientemente una nueva ley para mejorar el acceso a las playas para los habitantes locales, pero Taylor sostiene que, en lugar de mejorar los derechos sobre la tierra, impone más restricciones sobre dónde pueden ir, al fomentar que los hoteles vendan pases de playa a los locales.
"Se está vendiendo de nuevo el acceso a la gente", señala, y añade que esto retrotrae al país a una especie de "lógica colonial".
El gobierno de Jamaica fue consultado para obtener comentarios para este artículo, sin que recibiéramos una respuesta.
Según Jabbem, menos del 1% de la costa de Jamaica es de libre acceso para los habitantes locales. Junto con otros grupos, mantienen cinco litigios separados contra el gobierno y desarrolladores privados por el acceso a las playas.
A medida que los turistas comienzan a buscar destinos menos conocidos, otras islas caribeñas más pequeñas, como Granada, también enfrentan disputas legales.
Kriss Davies, presidente del grupo Grenada Land Actors, teme que, a medida que crece la demanda, la llegada de grandes complejos turísticos haga que Granada pierda el encanto que la hace única tanto para los locales como para los visitantes.
Países dependientes del turismo
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Caribe "es la región más dependiente del turismo en el mundo", y aproximadamente la mitad de los visitantes a la región son estadounidenses.
Para los gobiernos de toda la región, el crecimiento continuo del sector ofrece una vía atractiva hacia el desarrollo económico.
Pero, como indica Devon, "viajar nunca es neutral; implica tanto un peso económico como moral".
"Estos desarrollos suelen desplazar a los residentes de las costas ancestrales, restringir el acceso público a las playas y desviar la riqueza de las personas cuya cultura sostiene la experiencia turística", apunta.
A medida que la demanda por un rincón de paraíso continúa en aumento, los defensores del territorio en el Caribe mantienen su preocupación de que, en vez de generar oportunidades, el turismo pueda transformar de manera irreversible el lugar que consideran su hogar.
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