Un cubano residente en Guanajay, municipio de la provincia de Artemisa, denunció en un video difundido en Facebook que inspectoras del Estado le impusieron más de 10,000 pesos en multas por vender sus productos a un precio más bajo que el del mercado local.
El hombre relata que el mes anterior ya le habían impuesto una primera sanción de 5,000 pesos por la misma causa. «El mes pasado, por esto mismo, con un precio bajo del pueblo, un precio vendiendo por abajo del precio de que se vende en el pueblo. Me metieron cinco mil pesos de multa más», denuncia visiblemente indignado.
Apenas 15 días después, una segunda inspectora llegó a imponerle otros 5,000 pesos por idéntica razón. «A los quince días vino otra a meterme cinco mil pesos de multa más. ¿A dónde vamos a parar? Alguien tiene que parar esto. No sé quién puede parar esto», exclama en el video.
Lo que hace llamativo el caso es que la infracción no fue vender caro —que es lo que el régimen cubano suele perseguir—, sino precisamente vender barato, lo que evidencia la arbitrariedad con que se aplican las normas de control de precios en la isla.
En el mismo video se escuchan otras voces que también reciben multas de 1,000 pesos, lo que sugiere un operativo de inspección más amplio en la zona. «Es una falta de respeto, chico», se le oye decir al denunciante.
El caso se inscribe en un patrón nacional que se ha intensificado desde 2025. En diciembre de 2024, el primer ministro Manuel Marrero anunció que desde enero de 2025 los inspectores cobrarían «según sus resultados», es decir, en función de la cantidad e importe de las multas impuestas, con salarios base de entre 5,810 y 7,830 pesos mensuales.
Ese incentivo perverso ha derivado en denuncias de multas arbitrarias incluso cuando no existe infracción real. Una denuncia de abril de 2026 reveló que inspectoras admitieron multar negocios sin infracción porque «les exigen que deben llegar con resultados».
El marco legal que sustenta estas sanciones es el Decreto 30/2021, que regula las contravenciones por violaciones de la política de precios con multas de entre 2,500 y 15,000 pesos. El Decreto-Ley 91/2024 endureció aún más las sanciones para trabajadores por cuenta propia, cooperativas y mipymes, con multas que pueden alcanzar los 72,000 pesos.
Los casos similares se han multiplicado en los últimos meses. Un vendedor de pozuelos en Centro Habana fue multado con 46,000 pesos en un solo día en abril de 2026. Un anciano de 81 años en Holguín recibió una sanción de 21,000 pesos por vender fosforeras sin licencia, pese a haber solicitado el permiso más de un año antes sin obtener respuesta. En Granma, en noviembre de 2025, se impusieron multas de hasta 72,000 pesos a vendedores de pollo troceado.
En 2024, según cifras oficiales, se realizaron 606,303 inspecciones con 371,333 multas por más de 980 millones de pesos en todo el país. Solo en la tercera semana de febrero de 2026 se registraron 17,000 multas por 65 millones de pesos a escala nacional.
