Tras más de dos años y medio de ausencia total de la vida pública y de haber sido desalojada de sus oficinas por la Policía Nacional, la defenestrada magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, reapareció mediante una “carta aclaratoria” para desmentir los rumores que circulaban en redes sociales sobre su supuesta salida clandestina del país o detenciones contra su familia.
En la misiva dirigida “al pueblo de Nicaragua”, Ramos califica las informaciones sobre su situación como una “campaña de infamias” y “noticias falsas”. La magistrada, que hasta octubre de 2023 era una de las figuras más poderosas del Poder Judicial, aseguró que no ha salido de Nicaragua ni ha sido objeto de investigaciones judiciales por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La carta, sin su firma, fue publicada por medios de la propaganda oficialista. Hasta la fecha la magistrada no volvió a ser vista en la Corte, pero aún no se conoce algún despido o renuncia como sí ocurrió con otros ocho magistrados tras la intervención ordenada por Rosario Murillo.
Desmiente huidas y defiende a dictadura
Ramos en la carta niega “de forma absoluta” las versiones que sugerían su huida mediante operativos clandestinos. A la vez rechaza que ella o sus familiares —incluyendo su hija y sobrinos— estén bajo procesos judiciales o detenciones, señalando que tales “mentiras” buscan sembrar duda sobre la “cohesión de nuestra revolución”.
En un tono de subordinación política, Ramos reafirmó su lealtad hacia la pareja presidencial. “Mi lealtad es firme hacia nuestra población y a su gobierno, los copresidentes, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana”, reza el texto, en el que también destaca sus 40 años de servicio.
Reaparece tras la purga de la CSJ
La reaparición de Ramos ocurre tras un prolongado silencio que comenzó el 24 de octubre de 2023. Según reportó CONFIDENCIAL, en esa fecha la magistrada fue desalojada abruptamente de su despacho en la CSJ por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha.
Desde aquel operativo ordenado por Murillo, Ramos fue enviada a su casa y se produjo la intervención del Poder Judicial que ha provocado múltiples barridas.
Informes periodísticos señalaron en su momento que Ramos se encontraba bajo una modalidad de “casa por cárcel” de facto, mientras el régimen ejecutaba una purga masiva que alcanzó a más de mil empleados del Poder Judicial, incluyendo directores de áreas clave y magistrados de salas departamentales.
