La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron además 16.740 heridos y dejaron a 17.907 personas sin vivienda en distintas localidades del país. El impacto destruyó infraestructuras clave, afectó edificios residenciales y generó una emergencia humanitaria que mantiene en vilo a la población.
El desastre, que tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas, derivó en el colapso de 190 edificios y daños en otros 856 inmuebles. Imágenes satelitales analizadas por la agencia espacial estadounidense NASA estiman que el número de estructuras afectadas podría rondar las 58.870 entre destruidas y con daños severos en la región más golpeada. La situación en La Guaira es especialmente crítica, con cientos de familias desplazadas y equipos de rescate trabajando contrarreloj.
La emergencia ha implicado el despliegue de 29.567 efectivos de seguridad, el trabajo de 4.388 rescatistas internacionales y la colaboración de 28.362 voluntarios locales. Según datos oficiales, hasta el momento 6.462 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros.
La magnitud de la tragedia obligó a habilitar 87 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus casas. La cúpula chavista informó la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y la provisión de 8.322.853 litros de agua potable para los damnificados en las zonas sin acceso a servicios básicos. Además, se han atendido 25.970 pacientes en hospitales y centros médicos de emergencia, muchos de ellos con lesiones graves causadas por el colapso de estructuras.
La comunidad internacional se sumó a las tareas de auxilio y reconstrucción. Entre quienes sufrieron el embate de los sismos figuran ciudadanos extranjeros: Portugal confirmó la muerte de 100 nacionales, de los cuales 86 poseían también ciudadanía venezolana y 18 eran menores. Las autoridades lusas informaron que 59 personas de esa nacionalidad permanecen desaparecidas.
La actividad sísmica posterior no ha dado tregua: hasta la fecha se han contabilizado 1.076 réplicas, lo que dificulta la labor de los rescatistas y mantiene la alerta en los equipos de emergencia. El riesgo de nuevos derrumbes ha forzado la evacuación de áreas vulnerables y ha complicado el acceso a zonas con grandes acumulaciones de escombros.
El aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira, resultó dañado durante el evento principal. La jefa del chavismo, Delcy Rodríguez, anunció la reactivación parcial del terminal aéreo para vuelos humanitarios y trabaja en la reapertura total mediante una pista alterna.
“He ordenado la activación inmediata de un plan alternativo para restablecer las operaciones comerciales lo antes posible”, señaló la funcionaria en una comunicación oficial.
El apoyo logístico incluye la presencia de especialistas estadounidenses en control aéreo y manejo de carga, así como la participación de tropas extranjeras dedicadas a las tareas de rescate y distribución de ayuda. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, precisó que el personal militar colabora en la gestión de vuelos y operaciones en el puerto local.
Miles de personas permanecen en refugios temporales o acampan en las inmediaciones de edificios destruidos, a la espera de noticias sobre familiares desaparecidos.
“No nos iremos hasta recuperar los cuerpos”, manifestó Lázaro Rubio, un ciudadano que busca a su esposa e hijas entre los restos de un edificio en Caraballeda. Su testimonio se suma al de decenas de familias que denuncian la lentitud de la respuesta inicial y la falta de recursos en las primeras horas del desastre.
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el saldo económico asciende a 6.700 millones de dólares y unas 50.000 personas continúan sin ser localizadas. La agencia para refugiados de la ONU solicitó fondos adicionales para reforzar la protección y asistencia a 30.000 personas durante los próximos seis meses.
El terremoto agravó la precaria situación de Venezuela, que ya enfrentaba dificultades económicas y problemas en los servicios públicos. Las autoridades insisten en que la prioridad es la atención a los damnificados, la reconstrucción de viviendas y la restauración de los servicios esenciales en las zonas más afectadas.
