La gobernadora Jenniffer González insistió que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) hizo lo correcto cuando entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) datos de las licencias provisionales de más de 6,300 personas sin estatus migratorio definido, a pesar de que no mediaba una orden judicial, como reveló hoy la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
“Estás partiendo de una premisa incorrecta”, dijo González al cuestionársele si pediría la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, como reclamó la ACLU. “Hay un subpoena (requerimiento) de una agencia federal al DTOP. Yo lamento muchísimo que una organización tan prestigiosa como esa (la ACLU) haga una expresión incorrecta. Hay un subpoena federal contra el DTOP requiriendo información de unas personas, y ese subpoena fue lo que el DTOP contestó. De hecho, el documento está hasta en las redes sociales. Decir que se entregó información de manera voluntaria es irresponsable. Hay un subpoena federal, y las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales. Aquí no estamos en un incumplimiento”.
Desde mediados de 2025, cuando trascendió la entrega de información personal bajo custodia del DTOP, González ha rechazado que su administración colabore con las autoridades migratorias estadounidenses, que en el segundo gobierno de Donald Trump han reavivado su campaña de detenciones y deportaciones. En su momento, la primera ejecutiva alegó que incumplir con requisitos del gobierno estadounidense podría acarrear la pérdida de fondos federales.
A raíz de una demanda radicada en septiembre de 2025, el DTOP se vio forzado a proveer a la ACLU la información vinculada al intercambio de datos con ICE, luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegara su segundo pedido de reconsideración la semana pasada. Este jueves, la ACLU validó que la petición –que data de enero de 2025– constaba únicamente de un requerimiento administrativo de ICE, con el que el DTOP cumplió en tres días.
“Decir que aquí se entrega documentación de manera irresponsable (raya) en términos de falsedad. Hay un subpoena de una agencia federal requiriendo información del DTOP, y de esa manera cumplió el gobierno con esa agencia federal”, reiteró la mandataria, a preguntas de la prensa, tras liderar un evento de respuesta a terremotos en Peñuelas.
En total, según la ACLU, ICE tuvo acceso a información correspondiente a 6,321 personas migrantes que obtuvieron las licencias de conducir provisionales que el gobierno de Puerto Rico expide desde hace más de una década.
La directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de la ACLU, Annette Martínez Orabona, precisó, en una conferencia de prensa, que los datos incluyen nombres, fechas de nacimiento, ciudadanía, direcciones residenciales, correos electrónicos y números de pasaporte y teléfono.
La ACLU consignó que la petición de ICE lleva fecha del 26 de enero de 2025, día en que se registró la primera redada migratoria en Puerto Rico de la segunda administración de Trump. Del documento administrativo, se desprende que ICE concedió al DTOP hasta el 7 de febrero para responder, mientras advirtió que no revelara la existencia del requerimiento por un “periodo indefinido”.
El requerimiento de la agencia sostiene que, de no recibirse la información, podría recurrir al Tribunal Federal, acción por la que, según la ACLU, el DTOP debió esperar.
