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mayo 23, 2026
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Ocho personas vinculadas al movimiento opositor Cuba Primero podrían enfrentar juicio la próxima semana

Ocho personas vinculadas al movimiento opositor Cuba Primero podrían ser llevadas a juicio el próximo 28 de mayo en Las Tunas, según informó la organización Justicia 11J a partir de fuentes familiares.

La fiscal Iany Fernández Jomarrón solicita condenas de entre seis y nueve años de prisión por supuestos delitos de «propaganda contra el orden constitucional», basados exclusivamente en la afiliación de los acusados al grupo y en publicaciones críticas realizadas en redes sociales.

Siete de los ocho acusados llevan más de dos años en prisión provisional, lo que Justicia 11J califica como «uso prolongado de la prisión provisional como castigo político».

Según un documento legal revisado por la organización, las penas solicitadas son: Javier Reyes Peña (nueve años), Guillermo Carralero López (ocho años), Adisbel Mendoza Barroso (ocho años), Carlos Manuel Santiesteban Saavedra (siete años), Carlos Alberto McDonald Ennis (siete años), Enrique González Infante (siete años), Pedro Carlos Camacho Ochoa (siete años) y Maikel Hill Ramírez (seis años).

Entre los acusados hay personas enfermas y al menos un procesado con medida extrapenal por razones médicas.

Pedro Carlos Camacho Ochoa y Javier Reyes Peña se encuentran aislados en celdas de castigo de la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como «El Típico», sin haber cometido indisciplina alguna en el penal, según fuentes familiares citadas por Justicia 11J.

Camacho Ochoa, de 27 años, fue detenido el 3 de abril de 2024. Prisoners Defenders lo registra con problemas de salud graves, entre ellos trastorno de la personalidad e hipertensión. Previamente había sido multado con 3,000 pesos por manifestarse durante las protestas del 11 de julio de 2021.

La Prisión Provincial de Las Tunas ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones inhumanas: falta de medicinas, negación de atención médica, problemas con el suministro de agua y uso de reclusos comunes para hostigar a presos políticos cubanos.

El caso se enmarca en el patrón represivo que el régimen cubano ha mantenido desde el 11J, cuando miles de cubanos salieron a las calles en la mayor manifestación popular en décadas.

Ninguno de los ocho acusados enfrenta cargos por actos de violencia; la acusación se sustenta únicamente en su pertenencia al movimiento y en sus expresiones en redes sociales.

La Fiscalía cubana ha pedido condenas de hasta 12 años contra otros activistas en casos similares, mientras que jóvenes cubanos han recibido condenas de entre cinco y cuatro años por delitos igualmente relacionados con la libertad de expresión.

Justicia 11J alerta sobre «la criminalización de la libertad de expresión y asociación en Cuba, así como sobre las violaciones al debido proceso» en este proceso, que podría resolverse en apenas cinco días si el tribunal confirma la fecha del 28 de mayo.






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