La nueva Ley de la Vivienda incorpora la dinámica demográfica como uno de los asuntos que deben atenderse desde la política de vivienda. Foto: Ricardo López Hevia.
La aprobación de la nueva Ley de la Vivienda en Cuba introduce cambios en el marco jurídico que regula la producción, gestión y conservación del fondo habitacional. La Ley 187, según explicó René Antonio Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, en el espacio televisivo Mesa Redonda, busca superar la dispersión normativa acumulada durante décadas e incorporar las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.
Uno de sus propósitos centrales es integrar en una misma regulación aspectos que hasta ahora se encontraban recogidos en numerosas disposiciones. El ministro señaló que existían 127 normas de distintos tipos y nueve decretos-leyes relacionados con la vivienda, resultado de un proceso de regulación desarrollado a lo largo de los años.
La nueva legislación no se limita a reunir esas disposiciones. “Integra la producción, la gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental”, aseguró.
Una ley ajustada a las transformaciones del país
Entre los cambios señalados por el ministro está la incorporación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en 2026, así como de las condiciones derivadas de la presencia de nuevos actores económicos.
La norma también incorpora la dinámica demográfica como uno de los asuntos que deben atenderse desde la política de vivienda.
Según explicó, ofrece un tratamiento más directo a esta problemática y recoge prioridades relacionadas con la juventud, el desarrollo local y territorial y la estrategia para enfrentar el cambio climático.
Otro aspecto es la autonomía municipal. El ministro destacó que la ley incorpora una mirada local y territorial, de modo que los gobiernos municipales puedan articular esfuerzos con las distintas formas de gestión presentes en sus territorios para atender las necesidades habitacionales.
La elaboración de la norma tomó como punto de partida la Política de la Vivienda de 2018. De acuerdo con el titular, el proceso se extendió durante casi cuatro años e incluyó varias versiones y consultas con instituciones y especialistas.
En el trabajo participaron nueve organismos de la Administración Central del Estado, entre ellos los ministerios de la Construcción, Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Planificación, Finanzas y Precios y Turismo, además del Banco Central de Cuba y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
También intervinieron universidades, con una participación destacada de la Universidad de La Habana, así como instituciones jurídicas, gobiernos territoriales, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y organizaciones profesionales vinculadas con la arquitectura y la ingeniería.
El ministro señaló, además, que se estudiaron experiencias de otros países, entre ellas las relacionadas con la organización de las comunidades y la gestión de la vivienda en Vietnam. Esas referencias fueron analizadas y adaptadas a las condiciones del país.
Uno de los asuntos abordados durante el programa fue la posibilidad de encontrar nuevas vías para enfrentar el deterioro del fondo habitacional, especialmente en edificios multifamiliares que han permanecido desatendidos por falta de mantenimiento.
Sobre este punto, el ministro explicó que la ley abre posibilidades para que las empresas utilicen parte de sus utilidades en beneficio de las necesidades habitacionales de sus trabajadores.
La medida permitiría que una entidad que tenga capacidad financiera contribuya a reparar o mejorar las viviendas de quienes trabajan en ella, incluidos aquellos casos en que la propia empresa entregó en el pasado una vivienda en propiedad y esta necesita mantenimiento.
El titular también se refirió a la posibilidad de establecer encadenamientos entre empresas y otros actores económicos para desarrollar soluciones constructivas o inmobiliarias. La utilización de los recursos y la decisión de emprender estas acciones corresponderían a la autonomía de cada entidad y tendrían que ser valoradas por sus órganos de dirección.
En ese contexto, la legislación contempla la organización de movimientos de microbrigadas, aunque adaptados a las condiciones actuales. El ministro reconoció que no existen las mismas posibilidades materiales que en otras etapas, pero sostuvo que la norma recoge esta alternativa y permite buscar nuevas formas de organización.
La intención, según explicó, es diversificar las vías para sostener y mejorar los edificios, sin depender exclusivamente de las asignaciones del presupuesto estatal.
Nuevas disposiciones y procedimientos
La Ley 187 está acompañada por disposiciones complementarias que desarrollan aspectos específicos de su aplicación. Durante la Mesa Redonda se mencionaron tres decretos-leyes, entre ellos el relacionado con la propiedad horizontal y el reglamento de las cooperativas de vivienda, además de las resoluciones 15 y 16 del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, vinculadas con los procedimientos para emitir la certificación catastral.
Mesa destacó la importancia de estos instrumentos para regular conceptos y procedimientos que adquieren mayor relevancia en el nuevo marco, como la propiedad horizontal, las cooperativas y la gestión inmobiliaria de la vivienda.
La norma también se articula con otras legislaciones del país, entre ellas las relacionadas con los procesos administrativos, el ordenamiento territorial y la gestión del suelo, así como con la protección del patrimonio.
Según la explicación ofrecida, la ley cuenta con 16 capítulos y 190 artículos, además de 14 disposiciones especiales, siete transitorias y 16 finales.
Una reorganización institucional
Otro de los cambios abordados fue la salida de la vivienda del ámbito del Ministerio de la Construcción y su integración en un organismo que reunirá las funciones de ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda.
El ministro explicó que esta estructura permitiría articular las distintas etapas del proceso habitacional: desde la gestión de la inversión y los permisos de uso del suelo hasta la licencia de construcción y los procedimientos relacionados con la vivienda.
La integración, sostuvo, permitiría cerrar el ciclo de gestión dentro de una misma estructura institucional.
Derechos de los propietarios y aplicación de la ley
Durante el intercambio también se abordaron los cambios relativos a los derechos de las personas sobre sus viviendas, particularmente en materia de herencia y tenencia de más de un inmueble.
El ministro señaló que la nueva legislación contempla situaciones en las que una persona puede recibir otra vivienda por herencia y conservarla, así como determinados casos de personas que tienen una vivienda en el campo y otra en la ciudad.
También aclaró que se mantienen las condiciones relativas a las viviendas de veraneo en la playa que ya existen.
Estos aspectos forman parte de las novedades que deberán explicarse a la población, pues su alcance y aplicación dependen de las disposiciones concretas de la ley.
Al referirse a los pasos posteriores a su aprobación, el titular insistió en la necesidad de preparar a los gobiernos locales, los operadores jurídicos y las entidades que participan en el programa nacional de desarrollo habitacional.
El conocimiento de la norma y su interpretación adecuada serán determinantes para orientar a propietarios, constructores y demás actores involucrados.
El ministro informó que se realizan acciones de capacitación en las provincias y que también se prevén seminarios dirigidos a empresas y organizaciones con actividad inmobiliaria.
La ley, explicó, busca reducir trámites, ampliar la autonomía y ofrecer mayores posibilidades a la población y a quienes participan en la construcción y desarrollo de viviendas. Sin embargo, “el éxito de la ley dependerá de la preparación que posea cada operador jurídico y del conocimiento de su alcance, a partir de su interpretación adecuada”, puntualizó.
Una deuda pendiente con la vivienda
En un momento de la conversación, Mesa Villafaña recordó la participación del comandante de la Revolución Ramiro Valdés en la elaboración de la Política de la Vivienda de 2018 y el seguimiento que mantuvo durante años a los programas de desarrollo habitacional y producción local de materiales.
Según relató, Ramiro recibió información sobre los avances de la nueva ley y aportó sus criterios durante el proceso. La mención sirvió también para recordar su preocupación por los resultados del programa de la vivienda y la deuda que, en su opinión, el país mantenía en ese ámbito.
El espacio televisivo concluyó con un llamado a estudiar la nueva legislación y a continuar el intercambio con la población.
