El Programa Venezolano de Educación‑Acción en Derechos Humanos (Provea) constató en el estado La Guaira que el régimen chavista que dirige Delcy Rodríguez “está priorizando el control militar-policial del territorio, en detrimento de sus obligaciones de brindar respuestas a los padecimientos ciudadanos”.
Al cumplirse una semana del doblete sísmico que golpeó especialmente el norte de Venezuela, dejando hasta el momento más de 1.900 muertos, Provea indica que en La Guaira “no observamos ningún esfuerzo o iniciativa estatal para proveer a la ciudadanía de servicios esenciales como alimentación o agua potable”.
La ONG señaló que “la actuación descoordinada y el solapamiento de funciones entre los cuerpos de seguridad actuantes en el terreno está ocasionando, entre otras cosas, una deficiente gestión del tránsito de ambulancias y personal de salud y escasa protección a las labores del personal de socorro, quienes en ocasiones deben asumir la dirección del tránsito en zonas atestadas de vehículos para poder continuar con su trabajo”.
“El emplazamiento de numerosos agentes de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) –organismos sin competencias legales en gestión de riesgos y control del orden público- pudiera entorpecer aún más el manejo de la crisis y dar pie a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos, tomando en cuenta su actuación en situaciones similares ocurridas en el pasado”, alerta Provea.
La ONG apunta que “la excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis, que es brindar apoyo a la labor humanitaria y actuar bajo la coordinación de los organismos civiles de socorro, respetando los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad”.
En contraste, la ONG destaca “el robusto despliegue de recursos humanitarios y de socorro canalizados por actores internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales y nacionales”.
Igualmente, resaltan “la labor de cientos de voluntarios de la sociedad civil y de las organizaciones nacionales de asistencia humanitaria, quienes han sido un factor clave para la mitigación de nuevos riesgos derivados de la crisis y un correaje vital entre la solidaridad expresada por la ciudadanía -volcada en los cientos de centros de acopio instalados en todo el país-, y la recepción de la ayuda por parte de los destinatarios finales”.
