El expresidente Gustavo Petro, cuyo mandato terminó hace cinco días, ha pedido al Senado autorización para salir de Colombia durante todo el próximo año. Así lo revela una carta que envió a la mesa directiva del Senado, fechada el lunes 10 de agosto, en la que pide que en la próxima plenaria se vote la autorización que exige la Constitución. Su intención, escribe, es “atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones”. El presidente del Senado, el derechista Honorio Henríquez, canceló la sesión de plenaria este martes a causa del fuerte terremoto del día anterior, que ha dejado cientos de víctimas en el occidente del país. El Senado prevé reunirse el miércoles, en una sesión en la que podría debatir y votar la misiva del expresidente.
#Política | El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado autorización para salir del país durante un año, después de dejar la Presidencia, para atender compromisos “de carácter personal, social, político y académico”.
La solicitud fue radicada este 10 de agosto y pide que… pic.twitter.com/FCZzVnr5rZ
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026
La Constitución de Colombia, en su artículo 196, establece que un presidente debe pedir permiso al Senado para salir del país, una exigencia que extiende a quien acaba de dejar el cargo: “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Como lo explica Luis Fernando Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, la regla se establece porque “es importante una especial vigilancia para que responda por acciones u omisiones durante el ejercicio de su dignidad”.
Los críticos de Petro se adelantaron a decir que el Senado no debería permitirle la salida de Colombia. Una semana antes de terminar el Gobierno, el expresidente conservador Andrés Pastrana (1998 – 2022), ya le pedía al Senado no atender una solicitud de este tipo. “El Senado de la República no puede permitir la salida de Gustavo Petro del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de él, su familia y su gobierno”, escribió en sus redes sociales.
La petición de Petro sorprende, en tanto hace pocas semanas aceptó el reto de ser jefe de la oposición como cabeza de su partido, el Pacto Histórico, la bancada más grande en el Legislativo. Ahora parece señalar que quiere ejercer ese rol desde fuera del país, incluso mientras Colombia atraviesa un momento crítico: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la madrugada del lunes ha dejado más de 200 víctimas en el occidente del país. Petro ha pedido solidaridad con esas familias a su bancada de congresistas, quienes pusieron sus sedes a disposición para ser centros de acopio, sus redes sociales a favor de la información relevante para ayudar y donarán parte de su salario a la Cruz Roja.
La petición al Senado también es llamativa porque Petro enfrenta restricciones prácticas para viajar. Si bien tiene cierta libertad legal, pues a su nacionalidad colombiana suma un pasaporte italiano que le permite vivir en el Espacio Schengen y entrar fácilmente a decenas de países, una decisión del Gobierno de Estados Unidos pone trabas a su compra de tiquetes aéreos. En 2025, el Tesoro le incluyó en la llamada lista OFAC o lista Clinton desde el año pasado, señalado de tener vínculos con el narcotráfico, lo que lleva a posibles sanciones a las aerolíneas que le vendan pasajes. La situación es tal que Petro intentó viajar a Washington en su última semana de Gobierno para pedirle a la Casa Blanca el retiro de la lista, pero el viaje no se concretó.
En paralelo, el expresidente perdió su visa norteamericana: Washington se la canceló el año pasado después de que protagonizara una protesta propalestina frente a Naciones Unidas, en Nueva York, y tomara le micrófono para pedir a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump sobre Israel.
Con todo ese contexto, el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ganó prometiendo poner en la cárcel a Petro y ha dicho que está dispuesto a extraditarlo si algún órgano de la justicia internacional lo demanda. “Las fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el producto de la corrupción”, dijo el viernes pasado, en su primer discurso tras tomar juramento como presidente. “Desde el día de mi victoria, mi equipo emprendió la tarea de documentar el vasto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente. Toda la información y las evidencias serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de control competentes. Acudiré a la justicia de otros estados y a los mecanismos de cooperación internacional”, afirmó.
No es fácil para De la Espriella, sin embargo, poner a Petro tras las rejas. Como presidente, el político de izquierda fue acusado de corrupción, de participación indebida en política y traición a la patria, en expedientes que difícilmente avanzarán en la justicia colombiana. Al ser presidente, las denuncias las tramita la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano de 17 congresistas también conocido como “Comisión de Absoluciones”, pues por su carácter político casi ningún proceso contra expresidentes prospera. Ni siquiera ahora, con el cambio de presidente, el oficialismo de derechas tiene mayorías para moverlos.
Petro solo tiene un caso judicial importante que pasa a la justicia ordinaria y que ya ha avanzado: uno que lo señala de violar los topes permitidos para financiar su campaña política del 2022. Como en el momento de hacer campaña aún no tenía el fuero presidencial, al perderlo el pasado 7 de agosto, el caso pasa de la Comisión de Acusaciones a la Fiscalía. Cuando avance, si el Senado lo permite, Petro estará fuera del país.
