La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU celebró este martes la solicitud de extradición presentada por un tribunal federal en Argentina contra el exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, en un caso vinculado a presuntos crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2014.
El pedido fue remitido a España, donde el exoficial habría sido localizado, y constituye la primera solicitud de extradición derivada de esta investigación según el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales de terceros países juzgar delitos internacionales graves ocurridos fuera de sus fronteras.
La causa forma parte de un expediente abierto en Argentina impulsado por organizaciones de derechos humanos como Inter-Just, que en 2023 denunció a 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana por su presunta participación en la respuesta estatal a las manifestaciones. El caso de Verdú Torrelles forma parte de investigaciones por hechos específicos de violencia letal durante aquellas protestas.
En su declaración, la Misión de la ONU calificó el avance de hito relevante en materia de justicia internacional y reiteró su posición contra la impunidad en este tipo de delitos. “Las fronteras geográficas no servirán de refugio para quienes han diseñado y ejecutado crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, afirmó.
Misión de la ONU ratifica responsabilidad estatal en represión de 2014
Las investigaciones del organismo han determinado que la represión de 2014 no respondió a episodios aislados, sino a un patrón sistemático de violencia estatal. Entre los elementos documentados figuran el uso de munición real contra manifestantes desarmados, detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y malos tratos, así como la presunta coordinación entre fuerzas de seguridad y grupos civiles armados conocidos como “colectivos”.
La Misión también ha señalado la existencia de una cadena de mando estructurada detrás de las operaciones de seguridad, lo que refuerza la hipótesis de responsabilidad estatal en los hechos.
Las protestas de 2014 dejaron decenas de muertos, miles de heridos y numerosas detenciones, y han sido objeto de investigaciones internacionales ante la falta de avances significativos en el sistema judicial venezolano.
La Misión de la ONU reiteró que continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela y presentará otro informe ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre.
