La bóveda blindada secreta hallada en la mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino estaba vacía. Los fiscales tardaron más de 24 horas en abrirla y sólo lo consiguieron cuando el propio exmandatario les dio la llave. La ausencia de dinero, de objetos de valor y de alguna prueba útil para la causa judicial abierta en su contra por el colapso del Ueno Bank frustraron a los investigadores.
La fiscal a cargo de la investigación detalló que Peña había colaborado indicando donde encontrar la llave. “Aun así, llevó mucho tiempo poder abrirla, por el complejo sistema de seguridad. En su interior no encontramos nada de valor”, explicó González. Según el relato de Peña a la fiscal, “el lugar fue construido para ser utilizado más como una habitación de pánico”.
Varios vecinos del lugar alertaron que tres lujosas camionetas todoterreno realizaron varios viajes desde el interior de la residencia en la tarde y noche del viernes 5, mientras se iniciaba el juicio político al expresidente por la quiebra del banco digital del que fue accionista y que dejó a casi tres millones de paraguayos sin sus ingresos. Las imágenes de cámaras de vigilancia confirmaron el movimiento de los vehículos mencionados. “Seguro que ya no van a encontrar nada, porque desde hace varios días antes ya se llevaron todo”, dijo una de las vecinas, quien pidió reserva de su identidad.
Las imágenes a las que se pudo acceder muestran una habitación vacía, equipada con sistemas de ventilación y conexiones eléctricas, pero sin mayores mobiliarios, con lo cual se despeja la expectativa que había ocasionado originalmente su hallazgo y la imposibilidad de abrirlo durante los primeros días.
La Justicia ha decidido incautar la mansión de Peña, que ahora será administrada por el Estado y probablemente puesta en alquiler, para recaudar fondos que puedan ayudar a cubrir el dinero defraudado.
En un segundo allanamiento, en la sede central de Ueno Bank, conocida como La Matrix, se encontraron otras dos cajas fuertes ocultas. La primera de ellas medía cerca de 1,70 metros y estaba oculta tras una pared en un baño de la terraza, vinculada a las oficinas del exvicepresidente y CEO, Miguel Vázquez. Al abrirse, contenía documentos de la investigación y un lote de bebidas premium, pero no dinero.
La segunda caja fuerte estaba escondida en un doble fondo dentro del sanitario de la oficina del mismo Miguel Vázquez. Tras ser abierta por el Ministerio Público a cargo del fiscal Jorge Arce, se encontraron 87,1 millones de guaraníes (unos 14.000 dólares) en efectivo, además de documentación variada y bolsas vacías.
Los investigadores encontraron obstáculos también al allanar la sede de Ueno Casa de Bolsa, una de las muchas empresas vinculadas a Ueno Bank. La puerta estaba protegida con reconocimiento facial, pero la acción policial logró que puedan acceder. Dentro del local encontraron restos de papeles rotos, que, tras juntarlos como un rompecabezas, pudieron entender que se trataban de formularios que mostraban que el expresidente Peña había realizado allí inversiones en acciones de bolsa. Tras solicitar imágenes de la cámara de seguridad, vieron a una mujer que imprimía y destruía papeles, arrojándolos a un basurero. Era la jefa de Operaciones de la entidad, Andrea Benítez, quien fue detenida e imputada por el Ministerio Público. El caso hizo recordar a otro ocurrido en 2015, durante la gesta estudiantil #UNAnotecalles, de una funcionaria del Rectorado de la Universidad Nacional, quien ante la llegada de una intervención fiscal procedió a romper papeles y a tragarlos, para evitar que fueran usados como evidencia de los delitos cometidos. La mujer quedó conocida como “la comepapeles”.
Las numerosas irregularidades cometidas por el Ministerio Público, como no haber incautado el teléfono móvil del expresidente Peña cuando ya se encontraba en prisión, o la demora en realizar allanamientos, que permitió retirar evidencias, llevó a los legisladores de la oposición a pedir el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. El oficialista Partido Colorado, sin embargo, tiene los votos para impedirlo.
