Una misión de la ONU encargada de investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión de las protestas de 2014 contra el régimen de Nicolás Maduro calificó como un “avance judicial clave” el pedido de extradición realizado por Argentina contra un ex mando militar venezolano. Se trata de un trámite sin precedentes, respaldado por el principio de jurisdicción universal.
La Justicia argentina solicitó a España la extradición del ex coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según comunicó el pasado 1 de junio la organización InterJust.
Verdú fue citado por la Justicia española para el miércoles 10 de junio, a fin de declarar por videoconferencia si acepta o rechaza su entrega a Argentina, informaron fuentes jurídicas a la agencia de noticias EFE en Madrid.
Este ex militar forma parte de un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana denunciados en Argentina en 2023 por la ONG InterJust. Se los acusa por la muerte de manifestantes a causa de brutalidad policial durante la represión de las protestas civiles de 2014 contra Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y otros delitos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló en un comunicado que se trata de un “avance judicial internacional clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014”.
La Misión subrayó que mediante varios informes “ha expuesto de forma detallada los acontecimientos de violencia y represión ocurridos en Venezuela desde 2014”, resultado de investigaciones orientadas a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas en estricto cumplimiento de su mandato”.
El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas incluyó la utilización de munición real contra manifestantes desarmados, lo que “llevó a un alto número de muertes”, así como la colaboración de los cuerpos estatales, especialmente la GNB, con civiles armados conocidos como "colectivos“ afines al Gobierno, para atacar y amedrentar a manifestantes.
“Cientos de estudiantes y ciudadanos opositores fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y fueron sometidos a tortura y malos tratos en detención o durante el traslado a centros de detención, en numerosos casos de violencia sexual”, añadió la Misión en su comunicado.
Estas acciones evidenciaban la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las máximas instancias del poder público, con el propósito de silenciar la disidencia y mantener el control político, concluyó la Misión.
