Edificios colapsaron, familias enteras quedaron bajo los escombros y los hospitales se llenaron de heridos tras los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. Pero cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, las cifras oficiales no existen. El Ministerio de Salud, Protección Civil y las gobernaciones afectadas han difundido balances generales de la emergencia, pero en ninguna comparecencia pública ni en boletines oficiales se ha desglosado cuántos de esos heridos, desaparecidos, desplazados o fallecidos son menores de edad.
Si bien es cierto que algunas historias se han contado sobre cómo ha afectado la tragedia a los niños, incluso se han publicado en medios historias dolorosas con menores de edad como protagonistas, la realidad es que las diferentes ONG coinciden en que se trata del grupo menos visibilizado. Y cuando se han mostrado sus casos, muchas veces se hace de una manera poco ética. Son cientos los vídeos que corren por las redes sociales con rostros de niños a los que no se les observa ningún padre o representante cerca; son cientos los reportajes donde se les revictimiza, invalidando el dolor.
A su vez, a casi tres semanas de los terremotos, la ausencia de datos impide dimensionar la magnitud real del daño: no se sabe cuántos niños perdieron a sus padres o representantes legales, cuántos quedaron separados de sus familias durante el caos del rescate, cuántos fueron trasladados a hospitales fuera de su lugar de residencia ni cuántos permanecen en refugios temporales sin documentación. En una crisis de esta magnitud, no contar esa información equivale a no poder medir el daño ni priorizar la protección para la infancia.
Si bien es cierto que expertos afirman quese deben esperar unas tres semanas para obtener informes, el bienestar de los menores no puede esperar y, en los campamentos y refugios, se encuentran aún organizaciones como Cecodap, Aldeas Infantiles, Save The Children, Plan International o Unicef trabajando por los niños y adolescentes y mediando por su amparo en las leyes.
Aún sin cifras oficiales
Cecodap y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA) revelan que la niñez y adolescencia ha recibido atención insuficiente en la narrativa de la alta vocería del Estado (Poder Ejecutivo y Asamblea Nacional). Aún hoy, no hay información oficial que permita dimensionar el daño físico, mental y material en niños, niñas y adolescentes.
"El monitoreo da cuenta además de cómo la centralización de los canales oficiales para dar información y recibir ayuda, junto con las restricciones al acceso de organizaciones independientes y medios de comunicación,, configuran una estrategia comunicacional altamente centralizada que limita la circulación autónoma de información", aseguran en un comunicado.
Indira Rojas, coordinadora de la Agencia PANA, señala que aún no se sabe oficialmente cuántos niños, niñas y adolescentes han fallecido, cuántos han sido heridos, cuántos se encuentran o no acompañados o cuántos están en búsqueda de familia extendida. "Las veces que el gobierno ha hablado sobre las infancias, se han limitado a mencionar que repartieron juguetes y que una autoridad visitó un hospital, donde aseguró haber conversado con niños que se encontraban gravemente heridos. Sin embargo, la vocería oficial no ha ofrecido información ni datos sobre la situación de la niñez y la adolescencia", dice Rojas.
"Eso deja un horizonte muy vacío en relación a qué está pasando con las infancias oficialmente", asegura, aunque afirma que sobre el terreno se han movilizado los Consejos de Protección de niños, Niñas y Adolescentes y los Consejos Municipales de Derechos (CMDNNA) que trabajan directamente con las familias.
“Los consejeros se desplazaron y se distribuyeron entre los hospitales y también entre los refugios para identificar a estos niños solos o con quién estaban acompañados, de modo que no quedaran sin rastrear los niños que estaban siendo afectados por la emergencia”. Rojas enfatiza que este trabajo está pasando "por debajo de la mesa" porque el gobierno no los ha tomado en cuenta para sus declaraciones oficiales.
La periodista aclara que las medidas de abrigo o el cuidado temporal que estos órganos realizan no son definitivas, y que la investigación para localizar a las familias biológicas o extendidas continúa, con decisiones finales a cargo de los tribunales cuando proceda.
Cecodap, en su informe del 30 de junio, elaborado con la Agencia PANA y con base en reportes públicos, listas hospitalarias y observación en terreno durante los tres primeros días posteriores al sismo, registró 333 casos de niños, niñas y adolescentes afectados: 188 reportados como heridos, 123 como desaparecidos y 14 como fallecidos, además de 7 rescatados y 1 evacuado. La organización advierte que se trata de un piso mínimo, condicionado por la dispersión de la información inicial.
La Guaira concentró la mayor parte de los casos documentados —250 de los 333—; el Distrito Capital aparece con 67 casos y los demás estados con cifras puntuales menores (Aragua 9, Carabobo 3, Falcón 2, Yaracuy 2). El informe también registra que 80 casos carecían de datos sobre edad y 146 aparecían en reportes colectivos, lo que reduce la trazabilidad individual y la capacidad de respuesta focalizada.
Limitaciones en zona cero, refugios y campamentos
Rojas subraya que la limitación inicial fue la falta de registro y trazabilidad: “Lo que nos preocupó en un principio fue la falta de registro y trazabilidad de los casos, los primeros días de la contingencia tenían limitaciones severas para identificar con precisión qué estaba ocurriendo con los niños, niñas y adolescentes afectados”. Esa dificultad incluyó la imposibilidad de determinar datos básicos como edad, género, ubicación y evolución médica.
La comunicadora detalla ejemplos del caos logístico que entorpeció la identificación. “La Guaira, que es el estado más afectado, no tenía luz y, los rescatistas que llegaron de inmediato, los que pudieron sacar a los niños, la mayoría llegaron a hospitales en Caracas, entonces no sabíamos en ese primer momento cuántos de esos niños llegaron acompañados por adultos que significaran familia cercana o familia extendida, cuántos llegaron solos", explica.
Esa falta de trazabilidad, advierte Rojas, elevó el riesgo de separaciones familiares prolongadas, al menos en la fase inicial del rescate.
Campamentos, refugios y la doble vulnerabilidad infantil
En una segunda etapa de la contingencia, los refugios y campamentos temporales dan lugar a otro tipo de riesgos para la población infantil, como el hacinamiento, la suspensión de servicios, la pérdida de documentación y la interrupción de referentes cotidianos. Cecodap advierte en su informe que la falta de registro formal en muchos de esos espacios dificulta conocer cuántos niños y adolescentes están alojados, cuántos recibieron atención médica adecuada y con qué acompañamiento psicosocial.
La interrupción de servicios básicos como el agua potable, saneamiento e higiene aumenta el riesgo de enfermedades, mientras que la pérdida de hogares, la interrupción de la educación y la exposición a situaciones de estrés y violencia afectan gravemente el bienestar y protección de la infancia, según detalla UNICEF en su más reciente comunicado.
Las ONG aseguran que esta situación, sumada a la falta de registro, se podría convertir en un caldo de cultivo para otras dificultades y violaciones de derechos humanos como separación familiar, pérdida de documentos de identidad, hacinamiento, y exposición potencial a redes de trata y explotación sexual.
Rojas argumenta que las condiciones para los niños en refugios y campamentos han sido precarias. "En los primeros refugios habilitados, como el Parque del Oeste y el Parque del Este, que concentraban a un gran número de personas, la situación era especialmente compleja. Además de estos espacios, también era posible ver carpas en distintos puntos de la ciudad que no correspondían a refugios organizados. Por ejemplo, al recorrer zonas como San Bernardino o algunas plazas públicas, era frecuente encontrar familias viviendo en carpas improvisadas".
En este sentido, "los niños estaban expuestos en espacios donde convivían con muchas personas a las que no conocían y en un contexto de alta vulnerabilidad. Esa situación no solo aumentaba los riesgos para su protección, sino que también representaba una amenaza para su salud". Sin embargo, afirma que la situación es muy cambiante y que muchas familias se han movilizado a otros campamentos, hospitales o Estados.
El gobierno ha afirmado que, a la fecha, existen 89 campamentos transitorios distribuidos en Caracas, La Guaira y Miranda, y que la capacidad instalada en estos centros de asistencia es de 24.280 plazas, registrando actualmente una capacidad ocupada de 17.128 personas. No hay cifras de los menores de edad.
En un recorrido realizado recientemente por El Nacional, este medio pudo constatar que, a pesar de que el gobierno ha dispuesto campamentos y refugios temporales para alojar a los afectados, la realidad en La Guaira es que las calles siguen llenas de damnificados que se alojan en carpas improvisadas y que allí conviven aún muchos niños.
Unicef es la única organización que se aventura a publicar una cifra de infantes afectados. La portavoz de comunicaciones de la oficina regional de Unicef para América Latina, Sendai Zena, señaló el pasado 2 de julio que alrededor de 680.000 niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto, y que la organización quiere llegar al menos a 232.000.
En este contexto, la ciudadanía sigue a la espera de respuestas claras y de una rendición de cuentas que permita dimensionar el impacto real de la tragedia, especialmente sobre una infancia que encarna a toda una generación marcada por los terremotos y cuya protección no admite más demora.
