En una decisión trascendental para el sistema de justicia dominicano, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción, dictó auto de apertura a juicio de fondo (o juicio público) contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez.
Ambos, junto a un grupo de exfuncionarios y empresas, están acusados de liderar una red de corrupción que desfalcó al Estado a través de una licitación irregular para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público logró que el tribunal admitiera formalmente las acusaciones por delitos graves de corrupción administrativa, asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos y privados.
La acusación principal señala la estructura de un esquema fraudulento para adjudicar un contrato multimillonario a la empresa Transcore Latam S.R.L. por un monto exacto de RD$1,317,350,997.00 (21,774,396.64 USD).
Sin embargo, el tribunal desestimó la calificación jurídica de “actos de terrorismo” y “sabotaje” que solicitaba originalmente el órgano persecutor contra los principales señalados. Aunque se admitió el impacto del colapso del sistema informático, la jueza Rivas entendió que los tipos penales de la ley antiterrorista no se adecuaban técnicamente a los hechos debatidos en esta etapa del proceso.
Además de Beras y Gómez, el tribunal envió a juicio a otros exfuncionarios clave de la institución que supuestamente facilitaron el fraude desde sus puestos técnicos y financieros:
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero de la entidad.
El caso también arrastra de manera penal a otras seis personas físicas y a siete empresas que sirvieron de fachada corporativa.
A su salida del tribunal, Hugo Beras mantuvo una postura reservada ante los medios de comunicación, limitándose a declarar brevemente: “Que hable la justicia, que hable la justicia”. A partir de esta decisión judicial, el expediente será remitido a un tribunal colegiado, el cual se encargará de fijar la fecha definitiva para el inicio de las audiencias del juicio de fondo, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los encartados.
El exfuncionario Hugo Beras ofreció unas breves declaraciones a la prensa tras conocerse la decisión de enviarlo a juicio de fondo. "Que hable la justicia", afirmó, mostrando confianza en el proceso judicial relacionado con el caso Camaleón.
Para entender la gravedad del escándalo, es necesario precisar qué es el Intrant. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es el órgano rector y regulador del transporte terrestre, el tránsito, la movilidad y la seguridad vial en la República Dominicana.
Cuando una red criminal logra capturar los sistemas tecnológicos del Intrant, no solo se comprometen fondos públicos, sino la seguridad nacional. Al controlar los semáforos de la capital, una entidad privada tiene la capacidad de paralizar la ciudad, retrasar los servicios de emergencia o, como ocurrió en este caso, usar el control vial como un mecanismo de presión y chantaje contra el propio Estado dominicano.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que las maniobras delictivas se planificaron y ejecutaron en varias fases consecutivas entre 2023 y 2024:
- Febrero de 2023 (La Convocatoria): El Intrant publicó las bases para la licitación de la modernización de la red semafórica. Según el expediente acusatorio, el pliego de condiciones técnicas no fue redactado por técnicos del Estado, sino confeccionado en secreto por la propia empresa que resultaría ganadora, Transcore Latam, asegurando un traje a la medida.
- Abril de 2023 (La Adjudicación): Bajo la gestión de Beras, se formalizó el contrato por más de 1,300 millones de pesos a favor de la compañía, a pesar de que la empresa carecía de la experiencia robusta requerida para un proyecto de tal envergadura.
- Octubre y Noviembre de 2023 (Primeras Alertas): La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) intervino tras detectar graves indicios de falsificación de documentos, simulación corporativa y una composición accionaria difusa y sospechosa, ordenando la suspensión provisional inmediata de los efectos del contrato.
- Agosto de 2024 (El Sabotaje Vial): En un desafío directo a las autoridades tras las suspensiones del contrato, la empresa apagó de forma unilateral e intencional 55 intersecciones semafóricas críticas en el Gran Santo Domingo. Este evento provocó un colapso masivo del tránsito, un caos vial sin precedentes y obligó a una intervención de emergencia por parte de los organismos de seguridad del Estado.
