La agresiva política antimigrante que abandera la administración de Donald Trump en EE. UU. suma récords de detenciones mes a mes, y Colombia está entre las diez nacionalidades con mayores registros. En total, 7.157 colombianos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los primeros siete meses de 2026, lo que equivale a un promedio de 34 cada día y uno cada 43 minutos.
La cifra representa, además, un aumento significativo frente a todo el 2024, último año de gestión del demócrata Joe Biden, y en el que un total de 4.108 connacionales fueron aprehendidos. Es decir, en apenas siete meses del año en curso ya se ha registrado un 74 % más de arrestos que en todo 2024, según datos analizados por este diario y basados en los registros del Deportation Data Project, iniciativa que recopila cifras proporcionadas por ICE.
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Si se comparan las cifras con el primer año de mandato de Trump tras su regreso a la Casa Blanca, los detenidos colombianos están próximos a superar los 9.716 registrados en todo 2025.
Expertos advierten que la tendencia de arrestos masivos, redadas y detenciones en centros migratorios puede lograr un récord tras otro. Julio se convirtió en el mes con más detenciones de connacionales (1.400) y el cuarto máximo consecutivo tras las aprehensiones de abril (820), mayo (882) y junio (1.135), por lo que es probable que el número continúe subiendo con el pasar de los meses.
“No creo que vaya a parar, creo que se va a poner mucho más fuerte”, dice al respecto el abogado John Sánchez, experto en migración y defensor de derechos humanos.
La situación no es un caso exclusivo de colombianos. De hecho, el país fue la séptima nacionalidad con más personas arrestadas en julio, último mes del que se tienen registros completos, superada por Nicaragua (1.447), El Salvador (1.830), Venezuela (3.196), Honduras (5.210), Guatemala (7.259) y, en primer lugar, México (20.433).
Protestan contra ICE tras un tiroteo en el que falleció el colombiano Joan Sebastián Guerrero Foto:AFP
Severidad en redadas de ICE alerta sobre detenciones arbitrarias
Con una ambiciosa meta de 2.000 detenciones diarias, los operativos ya no se concentran únicamente en personas condenadas por delitos graves. Más de la mitad de los colombianos arrestados este año no tenía antecedentes o condenas penales registradas.
La tendencia coincide con el comportamiento nacional. Un informe del Deportation Data Project concluyó que durante el repunte de detenciones de junio y julio “el porcentaje de arrestos de ICE que involucró a personas con condenas penales alcanzó el nivel más bajo de todos los datos disponibles”.
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Las nuevas directrices permiten, además, actuaciones en tribunales y retiran protecciones generales que antes cobijaban determinados lugares sensibles.
ICE prepara guantes eléctricos. Foto:
Aaron Reichlin-Melnick, investigador sénior del American Immigration Council, sostiene que “el mayor aumento individual en el uso de la detención de ICE se registra entre personas que no han tenido ninguna interacción con el sistema de justicia penal”. Según el experto, ese crecimiento está impulsado por “patrullas móviles, redadas en lugares de trabajo y arrestos en tribunales y durante citas de control migratorio”.
Quizá uno de los casos más dramáticos fue el de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años baleado dentro de su vehículo durante un operativo en Maine. Durán tenía un permiso de trabajo válido y un trámite de asilo pendiente, y posteriormente se conoció que no era la persona buscada por los agentes. ICE sostuvo que disparó porque consideró que el carro representaba un peligro, pero testigos cuestionaron esa versión y el caso continúa bajo investigación.
Su muerte ocurrió durante una campaña marcada por denuncias de detenciones equivocadas, persecuciones vehiculares y un aumento de fallecimientos bajo custodia migratoria.
El American Immigration Council sostiene que los agentes migratorios están yendo rutinariamente mucho más allá de lo que la ley les permite hacer y advierte que la actuación federal durante controles vehiculares ha provocado “persecuciones a alta velocidad, accidentes y muertes”. El Council on Foreign Relations señala, por su parte, que la expansión de ICE y varios incidentes letales han provocado protestas y cuestionamientos en ciudades intervenidas.
Las denuncias sobre el uso de la fuerza ocurren, además, en medio de un deterioro de las condiciones de detención. Human Rights Watch (HRW) documentó 52 muertes bajo custodia de ICE durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump.
Sin embargo, pese a que la administración de Trump se encamina a superar los arrestos de 2025, con cerca de 1.300 detenciones mensuales, se mantiene lejos de su ambicioso objetivo, por lo que la severidad podría agudizarse sin distinguir “criminales” de “irregulares”.
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En todo caso, el Gobierno rechaza que sus operaciones carezcan de prioridades. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que ICE trabaja “las 24 horas, todos los días” para ejecutar la agenda de arrestos y deportaciones de Trump. La agencia advierte, además, que la categoría “sin condenas o cargos pendientes” puede incluir a personas con órdenes finales de expulsión, reingresos posteriores a una deportación o alertas internacionales.
Cabe destacar que la permanencia irregular en Estados Unidos, por sí sola, es una violación de las leyes migratorias y no implica necesariamente la existencia de un delito penal.
Joan Sebastián Guerrero murió a manos del ICE en EE. UU. Foto:Suministradas a EL TIEMPO / AFP
Según la base de datos analizada por EL TIEMPO, de los cerca de 17.000 colombianos detenidos desde que Trump asumió, apenas el 15 por ciento (2.550) tiene una condena penal. El resto corresponde a personas que tienen cargos pendientes de imputación (5.197, correspondientes al 30 por ciento) o, en su gran mayoría, colombianos que no tienen ningún tipo de antecedente penal, grupo del que hacen parte 9.014 personas (53 por ciento).
Por su parte, en algunos despachos, como el que lidera Sánchez, alrededor de 8 de cada 10 clientes de distintas nacionalidades no tienen antecedentes.
“Los delitos más graves llegan a ser conducir bajo los efectos del alcohol, una pequeña riña o a veces conducir sin licencia, porque el mismo sistema ya no les facilita a las personas obtener fácilmente el permiso de trabajo para que puedan tener sus licencias. Eso es lo que está sucediendo”, enfatiza.
Asimismo, las deportaciones han aumentado en igual proporción. Según un análisis de EL TIEMPO con base en datos de la organización Centro de Acceso a Registros Transaccionales (Trac), proyecto asociado con la Universidad de Syracuse, en agosto se emitieron 77.234 órdenes de deportación, un máximo jamás visto desde 1998, cuando comenzaron los registros.
Para el caso de los colombianos, un total de 34.786 personas ha recibido órdenes de deportación entre enero y agosto de este año, cifra que ya supera el total de 2025 (33.456) y es un 56 por ciento más alta que en 2024 (22.286).
Protesta en Los Ángeles por la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos de ICE Foto:EFE
Los migrantes detenidos ‘desaparecidos’ por el sistema de EE. UU.
Lejos de recular ante las múltiples demandas que le han provocado reveses judiciales hasta en la Corte Suprema, el Gobierno de Trump continúa expandiendo su política.
Esta misma semana se conoció que los migrantes con órdenes de deportación dejaron de aparecer en el sistema de localización, lo que dificulta a sus defensores y familiares presentar recursos para evitar su expulsión, así como conocer su estado físico y mental.
“No se puede interponer ni un hábeas corpus ni una fianza sin conocer la jurisdicción”, dice al respecto John Sánchez, quien denuncia que esto “es un ataque directo a los derechos humanos, a la legítima defensa y al debido proceso” y adelanta que “ya se están preparando demandas colectivas”.
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Sin embargo, muy seguramente serán objeto de apelación por la Administración o esta implementará nuevos mecanismos de arresto y detención.
Agentes de ICE frente al centro de detención Delaney Hall durante una protesta. Foto:EFE
Es el caso, por ejemplo, de la suspensión en enero de los trámites de visas de inmigrante a 75 países —incluida Colombia—, la cual fue revocada por una jueza federal en agosto, solo para volver a ser impuesta semanas después mediante un nuevo mecanismo: parar hasta nuevo aviso las entrevistas en todas las embajadas y consulados.
Lo preocupante es que la política antimigrante podría agravarse con las elecciones de mitad de periodo de noviembre, en las cuales las encuestas vaticinan que el Partido Republicano perdería las mayorías del Congreso.
“(De perder el control en el Congreso), veremos muchas más órdenes ejecutivas para poder seguir cumpliendo exactamente lo que Trump quiere, que es un número récord de deportaciones y arrestos nunca antes visto”, sentencia Sánchez.
