Un vuelo con 111 haitianos deportados desde Estados Unidos aterrizó el jueves en Haití, donde las autoridades se preparan para un posible aumento de las deportaciones cuando unos 350.000 ciudadanos del país caribeño pierdan en los próximos días el Estatus de Protección Temporal (TPS). El vuelo es el séptimo enviado a Haití en lo que va de año, lo que equivale a un promedio de uno mensual. Pero las autoridades de EE UU han advertido al Gobierno haitiano que podrían empezar a recibir al menos dos vuelos semanales con unas 250 personas en total, o unos ocho vuelos al mes, tras el fin del TPS el próximo 24 de julio, según informó el diario Miami Herald citando a funcionarios estadounidenses.
Hace menos de un mes que el Tribunal Supremo de EE UU permitió al Gobierno de Donald Trump poner fin al TPS para unos 350.000 haitianos, que quedarán expuestos a ser deportados si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
La Oficina Nacional de Migración (ONM) de Haití ha comenzado a prepararse para el posible repunte de las deportaciones, según medios haitianos. El coordinador general de esa dependencia, Jean Négot Bonheur Delva, confirmó la llegada del vuelo del jueves y señaló que esperan más en las próximas semanas, según los reportes.
Los deportados llegaron en un avión fletado por las autoridades estadounidenses que partió de Luisiana, hizo escala en Miami y aterrizó a la 1.30 de la tarde en el aeropuerto internacional de Cap-Haïtien, en la costa norte del país, según medios locales que publicaron imágenes que muestran a personas vestidas de blanco bajando de la aeronave bajo supervisión de la Policía haitiana.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a preguntas de EL PAÍS para este reporte. La ONM haitiana tampoco había contestado al cierre de esta edición. Según el Herald, las autoridades haitianas han dicho que EE UU había informado que los pasajeros del vuelo del jueves eran beneficiarios del TPS. EL PAÍS no pudo verificar de manera independiente esa información.
Haití atraviesa una severa crisis social, económica y humanitaria, marcada por una escalada de violencia y el colapso de las instituciones, que se intensificó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Pandillas y grupos armados que controlan gran parte de Puerto Príncipe, la capital, han atacado hospitales, escuelas, estaciones de Policía y han provocado el desplazamiento de más de 1,4 millones de personas. Más de la mitad de la población sufre de hambre e inseguridad alimentaria, según organismos internacionales.
La situación ha obligado a desviar los vuelos procedentes de EE UU, incluyendo los de deportación, a Cap-Haïtien. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha impedido a las aerolíneas estadounidenses aterrizar en el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe por el riesgo de ataques de las bandas armadas.
Los vuelos previstos desde EE UU representan una cifra relativamente baja en comparación con las decenas de miles de haitianos que son deportados cada mes desde República Dominicana, que organizaciones de derechos civiles estiman en más de 20.000, pero añadirían presión sobre las instituciones y organizaciones humanitarias que ayudan a estas personas, muchas de las cuales llegan sin dinero ni pertenencias y no tienen un hogar a donde regresar.
Los haitianos recibieron por primera vez el TPS después del devastador terremoto de 2010. La protección, que les permite vivir y trabajar legalmente en EE UU, había sido prorrogada sucesivamente por todos los presidentes. El Gobierno de Joe Biden lo había extendido por 18 meses hasta febrero de 2026, pero poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló esa extensión y adelantó el vencimiento para agosto de 2025. Esto como parte de una agenda de deportaciones masivas que ha revocado protecciones y programas humanitarios de millones de personas.
La decisión fue pausada por dos jueces federales y el Gobierno escaló entonces el asunto a la Corte Suprema, que le permitió el pasado 25 de junio seguir adelante con la misma.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aclaró la semana pasada que los haitianos amparados por el TPS mantendrían su estatus y permisos de trabajo hasta el 24 de julio, en cumplimiento de una orden de febrero de un tribunal federal que había suspendido terminar el programa, mientras los tribunales inferiores aplicaban el fallo del Supremo. La actualización, no obstante, no garantiza una extensión después de esa fecha límite.
En el sur de Florida, donde se concentra la mayor diáspora haitiana de Estados Unidos, muchos que llevan décadas en EE UU y han comprado casas, fundado negocios y tienen hijos ciudadanos estadounidenses, señalan que en Haití no tienen vivienda ni familiares. Algunos han dicho que la deportación equivale a “una sentencia de muerte” que los expondría a la extorsión y el secuestro.
Líderes comunitarios y activistas han advertido sobre las consecuencias económicas para la región y que las familias deberán decidir entre separarse o llevarse a sus hijos estadounidenses a un país al que el propio Departamento de Estado recomienda no viajar.
