El Ministerio Público de República Dominicana pidió un año de prisión preventiva para diez detenidos por la Operación XL526, acusados de integrar una red que, según el medio dominicano Diario Libre, extorsionaba, chantajeaba y estafaba desde territorio dominicano a residentes en Estados Unidos. La solicitud incluye que el tribunal declare el expediente como de tramitación compleja, porque la investigación abarca múltiples imputados, al menos 18 víctimas identificadas y presuntas maniobras de lavado de activos, según el Ministerio Público.
La operación fue ejecutada el pasado martes con la participación de 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, según el medio dominicano. En total fueron arrestadas 20 personas con fines de investigación, aunque la coerción fue solicitada solo contra diez de los detenidos.
De acuerdo con el Ministerio Público, las diez personas contra las que se pidió prisión preventiva se dedicaban de forma sistemática y organizada a cometer estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas, según el órgano acusador.
La solicitud fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto con las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular interina de Santiago, Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago, según Diario Libre.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron la prisión preventiva para los señalados como cabecillas de la red: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte, según Diario Libre. La misma medida fue requerida para los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Según el Ministerio Público, el caso debe ser declarado complejo por la pluralidad de imputados y víctimas, y porque se trata de una red de crimen organizado que también se dedicaba al lavado de activos. El órgano acusador sostiene que necesita tiempo adicional para profundizar la investigación, conforme al Código Procesal Penal dominicano.
El Ministerio Público afirma que la estructura recaudaba fondos por medio de acciones fraudulentas y luego los transfería, ocultaba y blanqueaba para darles apariencia de legalidad, según el diario dominicano. También sostiene que existen pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a los imputados con crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización criminal de carácter internacional tenía su base operativa en el municipio Jacagua, en la provincia de Santiago. Según la acusación citada por Diario Libre, sus integrantes dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para ejecutar las actividades ilícitas.
El modo de operación consistía en captar víctimas mediante anuncios publicitarios y luego someterlas a extorsión y chantaje con un guión previamente estructurado por los cabecillas, según el Ministerio Público. La investigación sostiene que los imputados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, para asustar e intimidar a las víctimas.
Según el medio dominicano, a las personas afectadas les exigían dinero y les enviaban imágenes de crímenes como forma de amenaza. Los fondos obtenidos eran canalizados después por distintos mecanismos de movilización, entre ellos criptomonedas como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
Las acciones de la Operación XL526 contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado, según Diario Libre.
