El Juzgado de lo Criminal de La Unión condenó a prisión perpetua a Cristian Alexander Díaz Argueta por violar de forma continuada a una niña de seis años, según informó el 10 de noviembre la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR). La causa se suma a las primeras sentencias dictadas bajo la reforma penal que incorporó esta pena para delitos de extrema gravedad.
De acuerdo con la FGR, los abusos ocurrieron entre 2025 y 2026. Díaz Argueta se quedaba al cuidado de la víctima y aprovechó la confianza de la familia para cometer las agresiones.
La acusación fue calificada como violación en menor o incapaz en modalidad de delito continuado, una figura que contempla hechos reiterados contra una víctima menor de edad o que no puede prestar consentimiento válido. La sentencia fue emitida por el tribunal con sede en La Unión, en el oriente salvadoreño.
La FGR también señaló que la madre de la niña enfrenta un proceso por los delitos de abandono y desamparo. Según el Ministerio Público, habría intentado obstaculizar la investigación. La institución no brindó más detalles sobre las acciones que se le atribuyen ni sobre el estado procesal del expediente.
El fallo contra Cristian Alexander Díaz Argueta se produjo pocos días después de otra resolución que marcó un antecedente judicial en el país. El 29 de octubre, el Juzgado de lo Criminal de La Unión impuso prisión perpetua a Wilmer Isaac González Hernández, declarado culpable de violación en menor o incapaz continuada contra una adolescente de 13 años.
Ese expediente fue presentado por la Fiscalía como la primera condena a perpetuidad por un delito sexual desde la entrada en vigor de las reformas. La investigación estableció que González Hernández, de 22 años, contactó a la adolescente por redes sociales y construyó con ella una relación que presentaba como un noviazgo.
Según la acusación, el condenado utilizó la diferencia de edad y la relación de confianza para manipular a la víctima. Los abusos ocurrieron entre febrero y junio de 2026 en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara, distrito de San Simón, en Morazán Sur.
La familia denunció el caso el 7 de junio, luego de advertir lesiones en el cuello de la adolescente. A partir de esa denuncia, la Fiscalía ordenó pericias médicas y psicológicas. El juez también fijó una reparación civil de USD 3.000, dispuso medidas de no repetición y ordenó la incorporación de la víctima y su familia a programas de asistencia.
Las dos sentencias por violación forman parte de un cambio reciente en el sistema penal de El Salvador. Las reformas entraron en vigencia el 26 de abril de 2026 y modificaron el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normas.
Desde entonces, los tribunales pueden imponer prisión perpetua por homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas. La normativa también habilitó la aplicación de penas de este tipo para personas procesadas desde los 12 años.
La coincidencia de los dos fallos en el Juzgado de lo Criminal de La Unión coloca a ese tribunal en el centro de las primeras resoluciones por violación con penas perpetuas. En el caso conocido el 10 de noviembre, la información divulgada por la Fiscalía identifica como víctima a una niña de seis años y sitúa las agresiones durante un período de dos años.
El Ministerio Público difundió la identidad y la imagen del condenado junto con el anuncio de la sentencia. En cambio, preservó los datos que permitirían identificar a la víctima, una práctica necesaria en procesos por delitos sexuales contra menores de edad.
La causa contra la madre de la niña seguirá una vía judicial separada. Por ahora, la Fiscalía no informó una fecha de audiencia ni precisó qué elementos incorporó al expediente para sostener la acusación por abandono, desamparo y presunta obstaculización de las diligencias.
