Mientras unos 2.500 policías, soldados y francotiradores fuertemente armados ingresaban por un laberinto de calles estrechas, se escuchaban intensos tiroteos por todos lados. La escena tuvo su punto álgido cuando se vio caer desde el cielo una bomba que tenía como objetivo a las fuerzas de seguridad. La imagen podría ser parte de una guerra, pero ocurrió en Rio de Janeiro, una ciudad famosa por sus playas que son destino favorito de millones de turistas de todo el mundo.
El llamado “Operativo Contención” en las laderas de las favelas Complexo da Penha y Complexo do Alemão de Rio, que se llevó a cabo el 28 de octubre pasado contra las redes del temido Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, dejó decenas de muertos. Pero el detalle de la bomba que “cayó” del cielo puso de relieve un fenómeno: el uso de drones por parte del crimen organizado. No es nuevo, pero crece rápidamente.
Un informe de la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) destaca que la tecnología de drones se está expandiendo rápidamente tanto dentro como fuera de las fronteras en América Latina. El reporte registró “alrededor de 670 eventos con drones armados desde 2018, pero más del 72% de estos eventos han ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 21 de agosto de 2026”.
En México, una reciente ola de atentados con drones equipados con explosivos puso en alerta a las autoridades. Tanto la Marina como la Secretaría de Defensa de México confirmaron a CNN el incremento en el decomiso de drones en el último año. En Colombia, el flamante presidente enfrenta el creciente desafío de los grupos armados, que también usan drones en sus ataques. La evolución y el avance se aceleran, mientras las fuerzas de seguridad intentan ponerse al día.
Los primeros usos de drones con fines delictivos en América Latina se registraron en las prisiones, principalmente en Brasil. “Los drones reemplazaron a las palomas que antes se usaban para entregar mensajes y pequeños paquetes, ofreciendo más ventajas y una fácil disponibilidad de bienes en el mercado negro, incluidas armas, paquetes de droga, alimentos, licor, teléfonos celulares y todo tipo de contrabando que encontró una vía aérea para ingresar a las prisiones”, dice el sitio especializado Insight Crime. Básicamente desde 2014 se han registrado drones intentando contrabandear productos prohibidos en las cárceles.
Pero en la última década se fueron convirtiendo en una herramienta estándar del mundo criminal. Paddy Ginn, experto senior de la Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), destaca que el uso actual se divide en cinco categorías: vigilancia, logística, ataque, señalización y coordinación.
Video muestra dron de un grupo criminal arrojando una bomba a la Policía de Río de Janeiro
“Estamos viendo una clara transición del uso experimental de drones por parte de grupos criminales hacia un uso operativo estructurado y repetible”, dice Ginn. Al igual que otros especialistas consultados por CNN, señala que esta evolución se ve más clara, y con mayor preocupación, en México, Colombia y Brasil, mientras que en Guatemala se ve “un uso emergente vinculado a conflictos de carteles transfronterizos y Venezuela presenta indicadores tempranos a través de incautaciones y casos de posesión”.
“En México, los carteles han estado utilizando drones para ataques desde hace al menos cinco o seis años”, señala Ginn. “Ahora los grupos criminales usan drones para vigilancia de patrullas policiales, para lanzar artefactos explosivos improvisados sobre rivales o fuerzas de seguridad y para apoyar operaciones de tráfico de migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos”.
Ginn destaca que el uso de drones con estos fines ha crecido no solo en frecuencia sino también en sofisticación. “Pocas innovaciones se han difundido a través de conflictos y el crimen organizado tan rápidamente como los drones”.
David Mora, analista especializado en México para la ONG Crisis Group, coincide con esta perspectiva. “Ciertamente hay un incremento en México. Desde drones pequeños para vigilancia, lo que se hace muy eficiente para los grupos criminales, hasta drones más grandes y sofisticados, con más capacidad de carga, en los que se añaden explosivos”.
Lo que más preocupa a los especialistas es la facilidad con la que se pueden adquirir estos aparatos: básicamente se consiguen en línea. “Adaptan drones comerciales, como los que reparten paquetes, para que lleven explosivos. Algunos tienen capacidades de carga altísima. Y aunque no tengan demasiada autonomía, eso también está cambiando”, explica Mora.
Otra usabilidad de estos drones es para traficar, presuntamente a través de la frontera de México con EE.UU. De hecho, la administración Trump ha estado invirtiendo en tecnología para combatir este problema, aunque desde México le han bajado el tono. La muestra más reciente de la apuesta estadounidense contra los drones es el anuncio de que sus fuerzas utilizaron por primera vez a finales de agosto un sistema láser para derribar tres drones presuntamente relacionados con carteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.
Pero Mora destaca que la mayor cantidad de reportes de drones se ven al interior de México, sobre todo en Sinaloa, en medio de las luchas internas del poderoso cartel que opera allí. “También se ven muchos reportes en Michoacán, que, al igual que en Sinaloa, se usan más para control territorial y enfrentamientos entre agrupaciones”. En Tamaulipas, donde también hay cierta concentración de actividad con drones, se explicaría más por la vigilancia, por ser un estado de frontera, dice Mora.
Insight crime, un sitio especializado en investigaciones sobre crimen organizado, también ubica a Chihuahua y Guanajuato como zonas donde ha crecido la operación de drones. También destaca que los grupos criminales mexicanos “han buscado la pericia de exmilitares colombianos para mejorar y profesionalizar la adaptación de explosivos a drones”.
Además de compartir esa expertise con los carteles de México, en Colombia el uso de drones también se ha convertido en costumbre entre los grupos disidentes de las FARC. “En departamentos como Cauca y Nariño, en el occidente de Colombia, los ataques con drones dirigidos contra personal e infraestructura del Ejército se han vuelto más frecuentes”, dice un reporte de Insight Crime.
También destaca que, en la región del Catatumbo en Colombia, unidades guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) “están equipando drones con tecnología de sensores de imagen térmica para mejorar las capacidades de vigilancia las 24 horas del día”. “Ataques coordinados en ‘enjambre’ y drones que sobrevuelan comunidades sirven como armas de intimidación psicológica para controlar el territorio y socavar la confianza pública en las fuerzas de seguridad estatales”, dice el informe.
ACLED señala que Colombia se ha convertido en el epicentro de la guerra con drones. “Aquí, el uso de drones armados se está propagando con mayor rapidez: 97 de los 182 municipios donde ACLED registra eventos que involucran drones armados en toda la región de América Latina están en Colombia, concentrados principalmente en Cauca, pero con una marcada difusión en Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Nariño y Bolívar”. La ONG detalla que la mayoría de estos eventos ocurren en pueblos rurales “ubicados cerca de enclaves de cultivos de coca o corredores de tráfico de drogas”.
Cadáveres sin identificar, protestas y una ley: Río de Janeiro intenta sobreponerse al letal megaoperativo en las favelas
Como ya se mencionó, Brasil tuvo a los pioneros en el uso de drones para contrabandear entre prisiones, pero también en tiempos más recientes las agrupaciones se han volcado a utilizarlos como instrumentos para lanzar explosivos y monitorear movimientos policiales.
Los especialistas consultados por CNN coinciden en que, hasta el momento, no hay reportes en la región de uso de drones kamikaze por parte del crimen organizado, que son aparatos que sí se han reportado, por ejemplo, en el frente de batalla entre Ucrania y Rusia.
Como suele pasar, las organizaciones criminales parecen estar siempre un paso más adelante que las fuerzas de seguridad. Pero en la mayoría de los países de la región que ya han visto suficientes usos de drones por parte de grupos delictivos los gobiernos están invirtiendo en contrarrestarlo.
En Brasil, por ejemplo, la Policía Civil de Rio lanzó la Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (Coordinación de Operaciones con Vehículos Aéreos No Tripulados-COANT), “incorporando drones en la inteligencia y operaciones policiales para el mapeo y el monitoreo operativo en tiempo real”, reporta Insight Crime.
En México, antes del reciente uso de láser para derribar drones, el embajador de EE.UU., Ronald Johnson, había anunciado un acuerdo entre ambos países para fortalecer “capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías”.
Johnson dijo que esto le permitiría a México “acceder al mercado digital del Ejército de los Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos”, para fortalecer la capacidad “para combatir a los carteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”.
Este viernes, en la conferencia matutina que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, hizo referencia a la tecnología antidrones con la que trabajan las fuerzas de seguridad. “Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con esto estamos obteniendo buenos resultados”, aseguró.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella acordó con Estados Unidos el préstamo de tres drones MQ-9A Reaper para la vigilancia sobre corredores del narcotráfico y posibles ataques de precisión contra objetivos de alto valor estratégico con las autorizaciones correspondientes, según confirmó a CNN una fuente del Ministerio de Defensa colombiano.
Paddy Ginn, de GI TOC, destaca que algunas agencias se están adaptando rápidamente, “particularmente donde el uso de drones ya se ha vuelto operacionalmente significativo”. “Las fuerzas del orden brasileñas han demostrado éxito en el desmantelamiento de redes de drones en prisiones, y las fuerzas de seguridad colombianas reconocen cada vez más a los drones como parte del entorno de amenazas en regiones en conflicto”, dice el especialista.
También dice que México ha incrementado “las incautaciones y los informes públicos sobre dispositivos explosivos improvisados entregados por drones, lo que indica una creciente conciencia del problema”.
“Sin embargo, la preparación general sigue siendo desigual. La innovación criminal a menudo avanza más rápido que la adaptación regulatoria, especialmente cuando las tecnologías son económicas y ampliamente disponibles”, sostiene Ginn.
El experto enfatiza que el principal problema es que “los drones reducen la brecha entre los métodos criminales y militares”. “El conflicto en Ucrania ha demostrado cuán efectivos pueden ser los sistemas de drones relativamente simples cuando se combinan con una rápida adaptación y redes de aprendizaje distribuidas. Los grupos criminales están prestando atención a esto. No necesariamente están importando hardware militar, pero sí están aprendiendo de las tácticas y técnicas que se están demostrando en Ucrania”, detalla Ginn.
En ese sentido, el experto de GI TOC comparó en un artículo el dron con lo que en su momento fue el fusil Kalashnikov (AK), considerando cómo se han convertido en “armas” de uso común, de bajo costo y alta potencia letal. “Sin embargo, si el sistema internacional de control de armas ha tenido dificultades para frenar la proliferación de armas tipo AK, parece aún menos apto para abordar el auge de la tecnología de drones”, dice Ginn.
“Los drones desafían los supuestos sobre los que se construyeron los marcos existentes de control de armas”, dice el artículo. Estos supuestos consideran que “las armas son objetos identificables y duraderos que se mueven a través de cadenas de suministro militares y que, por lo tanto, pueden ser regulados mediante controles sobre su fabricación, transferencia, marcaje y rastreo”.
Pero no sucede así con los drones. Por empezar, son aparatos comerciales que en su gran mayoría se consiguen en línea. Además, dice Ginn, “los drones no suelen transferirse como sistemas de armas completos. Motores, baterías, procesadores, controladores de vuelo y módulos de comunicación pueden adquirirse legalmente de diferentes proveedores antes de ser ensamblados en una capacidad militar”.
A la dificultad de controlar la adquisición de drones por parte de grupos del crimen organizado se suma el hecho de que algunas fuerzas de seguridad la han incorporado como arma. En ambos casos, los civiles tienen mucho que perder.
El ejemplo más claro es Haití, donde, según un reporte de Human Rights Watch (HRW), “al menos 1.243 personas murieron por ataques con drones en 141 operaciones (de las fuerzas de seguridad) entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, incluidas al menos 43 personas adultas que, según se informó, no eran miembros de grupos criminales, y 17 niños”.
El país, fuertemente golpeado por las pandillas y una grave crisis humanitaria, lleva años intentando contener el crimen sin demasiado éxito. Y, a diferencia de otros países de la región, aquí las pandillas viven infiltradas entre la población civil, incluso en Puerto Príncipe, la capital.
“Haití demuestra tanto el potencial como los riesgos del despliegue de drones policiales en entornos altamente disputados”, dice Ginn, de GI TOC, que considera que es un enorme desafío para las fuerzas que los grupos criminales pueden “adaptarse incrustándose más profundamente dentro de áreas civiles, aumentando la complejidad de las decisiones de ataque”.
Los testimonios recabados por HRW son escalofriantes. Uno es el de una mujer cuya hija de seis años murió en uno de los ataques de las fuerzas de seguridad contra las pandillas. Ella cuenta que salió brevemente a comprar comida mientras su hija jugaba cerca: “Cuando llegué cerca del vendedor, escuché una explosión. Fue un caos, la gente estaba mutilada, había ruidos por todas partes… Estaba lleno de niños. Mucha gente estaba muerta”.
Un informe publicado en 2025 por el Center for Strategic and International Studies (CSIS) dice que los ataques con drones “recaen de manera desproporcionada sobre los civiles”. “El resultado es un clima de miedo y confusión entre las comunidades locales y probablemente ha desempeñado un papel nada insignificante en el desplazamiento de más de 54.000 personas de sus hogares en Catatumbo”, en Colombia, ejemplifica el CSIS.
Mora, de Crisis Group, también señala que los drones funcionan como arma de intimidación para la población. “Hay zonas de México en que cualquier zumbido altera los ánimos”, dice el experto.
La propagación del uso de drones por la región es una amenaza real. “Los grupos criminales en América Latina están experimentando cada vez más, inspirándose en los avances tecnológicos observados en conflictos como el de Ucrania”, dice un reporte de Insight Crime. “Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han perfeccionado el uso de drones kamikaze y drones explosivos guiados por IA, sentando un precedente para la innovación criminal en la región”.
Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos?
“No existe una solución única”, dice Ginn, de GI TOC. “Las respuestas efectivas requieren una combinación de regulación, detección, interdicción, inteligencia y cooperación en todo el sistema”.
“El punto clave es que los drones no deben tratarse como un problema puramente técnico. Forman parte de un proceso más amplio de innovación delictiva, y las respuestas deben reflejar ese contexto más amplio”, remarca Ginn.
