En medio de su alocución presidencial de este domingo, el presidente Abelardo De la Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Gustavo Petro al referirse a la decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Senado Iván Name.
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El mandatario sostuvo que la decisión judicial no puede pasar desapercibida y la utilizó para cuestionar el manejo de los recursos públicos durante el cuatrienio anterior.
“El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, afirmó.
El Consejo de Estado decretó el 25 de septiembre la pérdida de investidura de Name, al considerar acreditada la causal de tráfico de influencias prevista en la Constitución, dentro del proceso relacionado con el caso de corrupción de la UNGRD.
A partir de esa decisión, el presidente sostuvo que los hechos conocidos alrededor del caso deben conducir a nuevas investigaciones y procesos contra quienes hayan participado en posibles hechos de corrupción.
“Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar, el latrocinio que perpetraron no puede quedar en la impunidad”, manifestó.
De la Espriella también pidió a la justicia evaluar la posibilidad de establecer mecanismos de negociación con personas que actualmente son investigadas y que, según su planteamiento, podrían aportar información sobre otros involucrados.
“Les pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del Código Penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios”, dijo.
El mandatario condicionó esos eventuales beneficios a que los investigados entreguen pruebas que permitan establecer responsabilidades de otras personas.
En medio de su intervención, De la Espriella dirigió además un mensaje a las personas que, según dijo, ya están en prisión, son objeto de investigaciones o podrían ser procesadas por hechos relacionados con corrupción.
“A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo, arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad”, afirmó.
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El jefe de Estado agregó que quienes colaboren con la justicia podrían recibir, según su planteamiento, un tratamiento penal favorable.
“Tendrán si lo hacen un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”, sostuvo.
La propuesta del mandatario contempla que los investigados que hayan hecho parte de lo que calificó como la “cadena de corrupción del anterior gobierno” entreguen pruebas que permitan establecer la responsabilidad de otros involucrados.
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De la Espriella había planteado previamente que la justicia evalúe la posibilidad de establecer negociaciones con estos investigados, “a cambio de beneficios”, siempre que aporten información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.
El presidente no especificó durante su intervención qué tipo de beneficios recibirían quienes colaboren ni anunció la creación de un mecanismo nuevo para estos casos. Su planteamiento fue que sean las autoridades judiciales las que evalúen esas posibles negociaciones conforme a las normas del Código Penal.
