La Embajada china rechaza las declaraciones de Washington sobre el cierre de una fábrica y defiende la cooperación económica con República Dominicana.
Santo Domingo.- elperiodico.com.do La Embajada de China en República Dominicana acusó este lunes a Estados Unidos de intentar introducir divisiones en las relaciones entre Santo Domingo y Beijing. Este señalamiento ocurrió tras el respaldo de Washington al cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra.
La representación diplomática cuestionó que un funcionario estadounidense utilizara una intervención de las autoridades dominicanas. Según ellos, esto se hizo para formular señalamientos contra las empresas chinas establecidas en el país.
El portavoz de la embajada, Chen Luning, consideró que las declaraciones estadounidenses tienen motivaciones políticas. Buscan, además, perjudicar la cooperación económica y comercial entre ambas naciones.
La controversia surgió después de que Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, felicitara públicamente a las autoridades dominicanas por clausurar una fábrica que, según los organismos oficiales, operaba sin los permisos correspondientes.
China rechaza los señalamientos de Washington
Chen Luning sostuvo que el Gobierno chino exige a sus ciudadanos y empresas establecidos en el extranjero cumplir estrictamente las leyes y regulaciones de los países donde desarrollan sus actividades.
Asimismo, aseguró que Beijing respeta las actuaciones de las autoridades dominicanas cuando estas aplican las disposiciones legales de manera justa y conforme a sus competencias.
Sin embargo, rechazó que un caso particular se utilice para desacreditar a toda la comunidad empresarial china. También rechazó que se cuestione sus inversiones en República Dominicana.
El diplomático defendió que la mayoría de las empresas y ciudadanos chinos residentes en territorio dominicano cumplen las normativas. Según él, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico y social.
También recordó que República Dominicana es un Estado soberano e independiente, por lo que corresponde exclusivamente a sus instituciones aplicar las leyes y adoptar las medidas administrativas pertinentes.
La embajada insistió en que la cooperación económica entre China y República Dominicana se desarrolla bajo principios de apertura, transparencia y beneficio mutuo.
En ese sentido, exhortó a los funcionarios estadounidenses a evitar declaraciones que, a juicio de Beijing, introduzcan consideraciones políticas. Esto aplica especialmente en asuntos relacionados con las inversiones extranjeras.
Estados Unidos respalda el cierre de la fábrica
La reacción china responde a un pronunciamiento de Juan Pablo Segura, difundido en la red social X y reproducido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
El funcionario estadounidense reconoció la actuación de las autoridades dominicanas contra la fábrica de cartón ubicada en la comunidad de Pata de Palma, municipio San Antonio de Guerra.
Segura sostuvo que las empresas extranjeras deben operar con los permisos requeridos, respetar las leyes laborales y cumplir las regulaciones sobre almacenamiento de combustibles.
“Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho”, expresó el funcionario estadounidense.
Washington también cuestionó la contratación irregular de trabajadores extranjeros y las condiciones en que funcionaba el establecimiento industrial.
La difusión del mensaje por parte de la embajada estadounidense dio mayor dimensión diplomática al asunto. Originalmente, la actuación correspondía a las instituciones dominicanas encargadas de supervisar las actividades industriales.
Las irregularidades detectadas en San Antonio de Guerra
La empresa intervenida fue identificada como Fábrica Cartesa, localizada en Pata de Palma, donde las autoridades realizaron un operativo el pasado 29 de octubre.
La intervención estuvo encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Lo hizo mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
También participaron la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, organismos que verificaron distintos aspectos del funcionamiento de la instalación.
Durante la inspección, las autoridades determinaron que la empresa carecía del certificado de uso de suelo y de otras autorizaciones necesarias para desarrollar sus operaciones.
Además, identificaron un depósito de combustible que funcionaba sin cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 112-00 de Hidrocarburos.
En las instalaciones encontraron un tanque con capacidad para almacenar 5,000 litros de combustible y retuvieron aproximadamente 1,000 galones de gasoil.
El valor conjunto de los bienes retenidos fue estimado por las autoridades en RD$2.25 millones.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda dispuso la paralización de las obras por incumplimientos de las normas técnicas de construcción. Mientras tanto, Migración verificó la situación del personal extranjero.
Una controversia que trasciende el ámbito comercial
El intercambio de declaraciones entre China y Estados Unidos coloca el caso de la fábrica en un escenario diplomático más amplio. En ese sentido, está relacionado con la presencia económica de ambas potencias en República Dominicana.
Mientras Washington destaca la necesidad de garantizar condiciones de competencia justa, Beijing rechaza ciertas afirmaciones. Además, rechaza que las irregularidades atribuidas a una empresa se conviertan en cuestionamientos generales contra sus inversionistas.
Las posiciones también reflejan diferencias sobre el papel que deben desempeñar terceros países ante las decisiones administrativas adoptadas por las autoridades dominicanas.
La representación china considera que el cumplimiento de las leyes nacionales debe abordarse sin interferencias políticas externas. Por lo tanto, debe hacerse mediante los procedimientos establecidos por el Estado dominicano.
Estados Unidos, en cambio, ha presentado su respaldo a la clausura como una defensa de la legalidad, la transparencia comercial y el respeto a las normas laborales.
Ambas posiciones coinciden formalmente en la obligación de cumplir las leyes dominicanas. No obstante, difieren sobre la interpretación política del caso y sus implicaciones para la inversión extranjera.
República Dominicana mantiene su política de fiscalización
El Gobierno dominicano ha reiterado que las inversiones extranjeras son bienvenidas, siempre que las empresas respeten las disposiciones legales, fiscales, laborales y de seguridad.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, ha defendido la necesidad de garantizar que las actividades comerciales e industriales se desarrollen dentro del marco regulatorio nacional.
Las autoridades también han realizado inspecciones en establecimientos comerciales de capital chino, como parte de las acciones de supervisión de las condiciones laborales y operativas.
Estas fiscalizaciones responden a las competencias de las instituciones dominicanas y no constituyen, por sí mismas, una medida general contra las inversiones procedentes de China.
La controversia diplomática abre un nuevo capítulo en el debate sobre las relaciones económicas de República Dominicana con las dos potencias. Esto ocurre en un contexto de creciente competencia comercial internacional.
Por ahora, el cierre de Cartesa ha provocado posiciones públicas enfrentadas entre Washington y Beijing. Entretanto, las autoridades dominicanas mantienen la responsabilidad de determinar las consecuencias administrativas y legales de las irregularidades detectadas.
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