La Asamblea Nacional aprobó este viernes una nueva Ley de Arrendamientos con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a viviendas, en medio del proceso de recuperación que enfrenta el país tras los terremotos del 24 de junio, desastre que dejó cerca de 18.000 personas sin hogar, de acuerdo con cifras oficiales.
La normativa, respaldada por unanimidad en el Parlamento, establece un nuevo marco para los contratos de alquiler de inmuebles destinados a vivienda y fija criterios orientados a fortalecer la oferta habitacional durante la etapa de reconstrucción.
De acuerdo con el texto legal, las viviendas que se ofrezcan en arrendamiento deberán reunir condiciones adecuadas de habitabilidad. Además, queda prohibido alquilar inmuebles ubicados en sectores que hayan sido declarados de alto riesgo por las autoridades competentes.
La ley también dispone que el monto del canon de arrendamiento será definido de común acuerdo entre arrendador e inquilino dentro del contrato, siempre que se respeten las disposiciones previstas en la legislación vigente. Asimismo, las partes podrán establecer de manera consensuada la modalidad de pago.
El primer artículo de la normativa señala que su finalidad es “contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población”, así como “promover y proteger el mercado inmobiliario”.
Legislación sobre alquileres pretende restaurar confianza en el sector inmobiliaria
Durante el debate parlamentario, la diputada opositora Alejandra Rodríguez sostuvo que la nueva legislación busca corregir algunas de las distorsiones que actualmente enfrenta el sector del alquiler residencial.
“Representa un paso para recuperar la confianza en el mercado inmobiliario de arrendamiento”.
La parlamentaria hizo referencia a prácticas que, según explicó, se han extendido en los últimos años, como la exigencia de pagos por adelantado de hasta doce meses, la presentación de fiadores y otros requisitos que dificultan el acceso a una vivienda en alquiler.
La aprobación de esta ley forma parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para atender a las familias afectadas por la emergencia sísmica. Entre ellas figuran subsidios para la adquisición de viviendas y la búsqueda de apoyo técnico de organismos multilaterales para ejecutar los proyectos de reconstrucción.
En ese contexto, Rodríguez informó que el gobierno ya inició la construcción de 1.875 viviendas destinadas a los damnificados. Además, la mandataria encargada se comprometió a entregar otras 4.000 unidades habitacionales antes de finalizar el año.
El balance oficial más reciente, divulgado el 24 de julio, indica que los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron más de 5.500 personas fallecidas, 856 edificios colapsados y otras 190 edificaciones con distintos niveles de afectación.
