Un grupo de ancianos se baja de un autobús y entra a una quinta en una urbanización lujosa en el noreste de Caracas. Se asoman por los balcones rodeados de árboles y recorren sonrientes las habitaciones que el Gobierno ha convertido en un centro social para adultos mayores. Hay servicios médicos, área de ejercicios, salones de formación y peluquería. Están en la casa donde vivió el dirigente opositor Leopoldo López y su familia, hoy exiliados. Pasean por la misma terraza desde donde el político saludó a la prensa y ondeó una bandera nacional, cuando logró obtener una medida de arresto domiciliario —con la mediación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero—, después de cumplir casi cuatro años preso en una cárcel militar.
Sin un juicio o un procedimiento administrativo, el chavismo se ha hecho con la vivienda del opositor hoy residente en Madrid. Desde esta vivienda escapó en 2019 de la vigilancia de los agentes de inteligencia que a diario estaban en su puerta. Su fuga se produjo durante un intento por derrocar a Nicolás Maduro que se desmoronó en horas. López se refugió en la residencia de la embajada de España por poco más de un año y terminó finalmente en el exilio.
Semanas atrás, el coordinador del partido Voluntad Popular, y su esposa, Lilian Tintori, habían denunciado que su casa en Caracas había sido tomada, que sacaron todos sus objetos personales y habían empezado a demolerla. Esto ocurrió después de que López declarara en una entrevista que apoyaba la intervención militar que hizo Estados Unidos en la que fueron capturados Maduro y su esposa Cilia Flores. Allí funciona ahora la Casa de Abuelos y Abuelas Indio Chacao, parte de la Misión Amor Mayor que atiende a la población de tercera edad.
Las obras se hicieron en tiempo récord, “gracias a la presidenta encargada Delcy Rodríguez”, señala en una publicación en sus redes sociales el diputado chavista Freddy Gutiérrez. El legislador estuvo el viernes en la inauguración del espacio junto como el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, y el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a quien la mandataria le ha encargado la reforma del Estado.
“Esta es la casa a la que yo aspiraba a regresar, porque uno no regresa a un mapa, uno regresa a su casa, a su memoria, a su gente”, dijó López en un video en el que muestra fotos de su álbum familiar en los espacios tomados por el Gobierno. “El mensaje es claro: Delcy Rodríguez expropia y roba. En cada rincón y pueblo de Venezuela hay alguien a quien le han quitado su casa, su terreno, su fábrica, su industria, sus papeles. Todo lo robado por la dictadura va a tener que ser reencauzado a sus legítimos dueños”, reclamó el dirigente que recordó que cuando fue alcalde del municipio Chacao, entre los años 2000 y 2008, inauguró espacios similares para los adultos mayores —o la juventud prolongada, como se llamaba el programa político—. “Esas casas siguen funcionando todavía y las hicimos sin robárselas a nadie”.
En Venezuela, a la par de la cuenta de presos y perseguidos políticos hay un número de bienes muebles e inmuebles que el Gobierno ha confiscado arbitrariamente sin que medie un proceso judicial. La casa de López es un ejemplo. También ha ocurrido con las de personas del equipo de María Corina Machado. Esta semana, se denunció el caso de José Breijo, un preso político venezolano-uruguayo, que fue excarcelado por tener más 70 años y una delicada condición de salud. Cuando llegó a su apartamento, tres años después de haber ingresado en prisión, lo ocupaba uno de los policías que lo había aprehendido. El anciano estuvo unos días durmiendo en el pasillo del edificio. El escándalo hizo que el Gobierno gestionara el desalojo del invasor. La Defensoría del Pueblo actuó para atender su salud.
Otros opositores y disidentes del chavismo también han denunciado la ocupación de viviendas y casas de playa por parte de funcionarios policiales, en particular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El ex diputado Williams Dávila, integrante de la Plataforma Unitaria Democrática, denunció hace poco que cuando fue detenido en 2024, los policías se llevaron su vehículo. El dirigente fue excarcelado hace un año, pero no fue sino hasta este mes que le devolvieron el auto. “Cuando a mí me capturaron en agosto de 2024, este vehículo estaba en plenas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa, totalmente desvalijado”. Esto ocurrió luego de que reclamara junto con otros presos políticos la devolución de propiedades incautadas de forma ilegal e indemnizaciones por lo perdido.
Por las calles, se ve el crecimiento de la flota de patrullas policiales de los servicios de inteligencia. Son camionetas y vehículos de todo tipo a los que les ponen la inscripción: “Este vehículo fue incautado por el Estado venezolano a un traidor”. En estos se incluyen los incautados a organizaciones criminales, pero también a presos políticos. En 2024, el Parlamento chavista aprobó la Ley Simón Bolívar que castiga a quienes consideran “traidores de la patria” con la extinción de dominio sobre sus bienes, penas de hasta 30 años de prisión y la inhabilitación política hasta por 60 años para quienes promuevan o hayan apoyado sanciones contra el Gobierno venezolano. “No puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda y bienes a su disposición o su titularidad, ni empresas”, dijo entonces la diputada Iris Varela. Esta es una de las normas que los defensores de derechos humanos han pedido derogar sin tener éxito.
