Una tragedia familiar se registró tras el terremoto de Caracas al colapsar una edificación en el conjunto residencial Bosque Valle, ubicado en la avenida Intercomunal de Turmero, donde fallecieron Yexika Gimón de De Gouveia, esposa del preso político Adrián De Gouveia de Sousa; su suegra, María del Rosario Pérez; y su sobrina, María José Salas Prato.
En el mismo hecho, una de las hijas de De Gouveia fue rescatada con vida de entre los escombros por los equipos de salvamento y trasladada a un centro hospitalario, donde permanece bajo atención médica.
La información fue difundida por la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla. A raíz del suceso y la pérdida de sus familiares, se activó una petición de carácter humanitario dirigida a las autoridades competentes para exigir la liberación inmediata de Adrián De Gouveia de Sousa, con el objeto de que se le permita reunirse con sus hijas sobrevivientes y afrontar el proceso de duelo en el seno familiar.
El caso de De Gouveia presenta antecedentes de complejidad jurídica en el marco de los procesos de detenciones en el país. El ciudadano ya había cumplido la totalidad de la pena que le había sido impuesta originalmente por los tribunales y había recibido la boleta de excarcelación formal; sin embargo, tras recuperar su libertad, fue objeto de una nueva detención por parte de los cuerpos de seguridad, situación que lo mantiene privado de libertad hasta la fecha, según Suju.
Debido a estas condiciones de reclusión y a las denuncias de irregularidades en su proceso judicial, De Gouveia fue incorporado formalmente como ahijado dentro de la campaña internacional «Apadrina a un preso político del mundo». Esta iniciativa global, respaldada por diversas organizaciones no gubernamentales, tiene como propósito visibilizar los casos de ciudadanos privados de libertad por motivos políticos y denunciar las condiciones de los procesos judiciales bajo los cuales se mantienen bajo custodia del Estado.
