Las inspecciones a 101 establecimientos detectaron incumplimientos laborales, falta de descanso semanal y prácticas que afectarían las prestaciones de los trabajadores.
Santo Domingo.- elperiodico.com.do El Ministerio de Trabajo ordenó paralizar las operaciones de 24 empresas de propietarios chinos en República Dominicana, tras detectar condiciones que representan un “peligro inminente” para la seguridad y la integridad de sus trabajadores.
La medida fue anunciada este martes por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien informó que durante los últimos ocho días fueron inspeccionados 101 establecimientos comerciales cuyos propietarios son ciudadanos chinos.
Las inspecciones se realizaron en la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey, en la provincia La Altagracia, y el Distrito Nacional, como parte de las acciones de fiscalización dirigidas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
El funcionario ofreció los resultados mediante la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Trabajo, aunque no identificó los establecimientos cuyas operaciones fueron suspendidas.
Detectan despidos antes de cumplir tres meses
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la práctica de desvincular trabajadores antes de que cumplan tres meses de labores.
Según Olivares, 91 de las 101 empresas inspeccionadas recurrían a este procedimiento, que, de acuerdo con el Ministerio, buscaba impedir que los empleados acumularan determinados derechos laborales.
El ministro explicó que estas desvinculaciones afectaban el acceso a beneficios relacionados con las vacaciones y las prestaciones laborales.
La cantidad de establecimientos señalados representa aproximadamente el 90.1 % de los negocios inspeccionados, lo que evidencia la amplitud de esta práctica dentro del grupo fiscalizado.
Sin embargo, las autoridades no precisaron cuántos trabajadores fueron afectados ni el número de desvinculaciones registradas en cada establecimiento.
El Código de Trabajo dominicano establece obligaciones específicas para los empleadores y reconoce derechos a los trabajadores de acuerdo con la naturaleza y duración de sus relaciones laborales.
En ese sentido, la fiscalización busca determinar si las prácticas detectadas constituyen mecanismos para eludir obligaciones establecidas en la legislación.
Más de la mitad no concedía descanso semanal
Las inspecciones también identificaron incumplimientos relacionados con el tiempo de trabajo y los períodos de descanso establecidos por la ley.
De acuerdo con el informe presentado por el ministro, 53 empresas no otorgaban el descanso semanal a sus empleados, una obligación contemplada en el Código de Trabajo.
Esta situación fue detectada en más de la mitad de los establecimientos visitados por los inspectores.
El descanso semanal constituye una garantía laboral destinada a proteger la salud, la recuperación física y el bienestar de los trabajadores.
Su incumplimiento puede generar responsabilidades para los empleadores, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Las autoridades no detallaron la duración de las jornadas laborales encontradas ni si los trabajadores afectados recibían alguna compensación por los días de descanso no concedidos.
Incumplimientos en horas extras y bonificaciones
Otro de los aspectos detectados durante las inspecciones fue la falta de pago de compensaciones económicas contempladas en la legislación laboral.
El ministro informó que 37 empresas no pagaban las horas extraordinarias realizadas por sus empleados.
Asimismo, los inspectores determinaron que 52 establecimientos incumplían el pago de la bonificación a sus trabajadores.
Estos hallazgos forman parte de las irregularidades identificadas durante las visitas realizadas por el personal del Ministerio de Trabajo.
La legislación dominicana contempla reglas sobre la jornada ordinaria, la remuneración del trabajo extraordinario y la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, cuando corresponde conforme a la ley.
El incumplimiento de estas disposiciones puede dar lugar a actuaciones administrativas y a las responsabilidades previstas en el marco jurídico laboral.
No obstante, el Ministerio no especificó los montos adeudados por las empresas ni la cantidad de empleados que podrían reclamar pagos pendientes.
Treinta y tres empresas incumplían normas sobre contratación de extranjeros
Las inspecciones también permitieron identificar violaciones a las disposiciones relativas a la nacionalización del trabajo.
Según las informaciones ofrecidas por Olivares, 33 establecimientos incumplían las reglas establecidas en el Código de Trabajo sobre la proporción de empleados dominicanos y extranjeros.
La normativa laboral establece, como regla general, que al menos el 80 % del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación.
El Ministerio no precisó cuántos trabajadores extranjeros fueron identificados ni la composición de las plantillas laborales de las empresas inspeccionadas.
Tampoco informó si las irregularidades detectadas en este apartado estaban relacionadas con permisos de trabajo, documentación migratoria o exclusivamente con la proporción de empleados contratados.
Paralización por riesgos para la seguridad
La decisión de suspender las operaciones de 24 establecimientos responde específicamente a la identificación de condiciones consideradas de peligro inminente para la seguridad y la integridad de los trabajadores.
La medida constituye una intervención preventiva de las autoridades laborales frente a situaciones que, según los resultados de las inspecciones, podrían comprometer la seguridad de quienes desempeñan sus funciones en esos centros.
El Ministerio de Trabajo no ofreció detalles sobre las condiciones materiales encontradas en cada una de las empresas paralizadas ni identificó los riesgos específicos que motivaron las suspensiones.
Asimismo, no se informó cuándo podrían reanudar sus actividades los establecimientos afectados o cuáles medidas correctivas deberán implementar para obtener autorización de funcionamiento.
La paralización de operaciones se diferencia de las demás irregularidades laborales detectadas, debido a que responde a una valoración de riesgo inmediato para los trabajadores.
Inspecciones abarcaron cuatro demarcaciones
El operativo se desarrolló durante ocho días y comprendió establecimientos ubicados en diferentes puntos del territorio nacional.
Las intervenciones abarcaron el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey, en La Altagracia.
Los resultados presentados por el Ministerio incluyen irregularidades en materia de seguridad y salud ocupacional, descansos, jornadas laborales, remuneraciones y composición de las plantillas de trabajadores.
Las cifras corresponden a distintos tipos de incumplimientos que pueden coincidir en un mismo establecimiento, por lo que no deben interpretarse como cantidades de empresas diferentes para cada infracción.
El informe tampoco establece que los resultados sean representativos de todos los establecimientos de propietarios chinos que operan en República Dominicana, sino de los 101 negocios incluidos en este operativo.
Hasta el momento, las autoridades no han comunicado la imposición de multas específicas ni han ofrecido una relación de las empresas involucradas.
La información difundida por el ministro pone de relieve la importancia de la fiscalización de las condiciones de trabajo y del cumplimiento de las garantías reconocidas por la legislación dominicana.
Con la suspensión de los 24 establecimientos, el Ministerio de Trabajo busca impedir la continuidad de operaciones en centros donde sus inspectores identificaron riesgos inmediatos para el personal.
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