Santo Domingo.- El Colectivo Migratorio y Derechos Humanos (CMDH) entregó el lunes más de 1.000 firmas al Palacio Nacional, pidiendo la derogación del protocolo migratorio aplicado en los hospitales públicos de la República Dominicana, que permite verificar el estatus migratorio de los pacientes extranjeros en ciertos casos.
La organización, a la que se han sumado varios grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, argumenta que la medida disuade a los migrantes indocumentados de buscar atención médica por temor a las medidas de control migratorio, lo que podría retrasar la atención y poner en riesgo la salud pública. Insisten en que los hospitales deben seguir siendo espacios de acceso universal, donde se brinde atención médica independientemente del estatus migratorio.
Durante la presentación de la petición, los representantes destacaron que la política afecta particularmente a los grupos vulnerables, incluyendo a mujeres embarazadas, niños y personas en situaciones de emergencia. La comisión que presentó el documento estuvo integrada por Pablo Mella del Centro Montalvo, Abraham Apolinario de la Arquidiócesis de Cáritas, Yildalina Tatem, Lía Concepción del CMDH y la periodista Ana Mitila Lora.
La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones, entre ellas Cáritas Arquidiocesana , Participación Ciudadana , Casa Abierta , CIPAF , CONAMUCA , CE-MUJER , Foro Ciudadano , así como otros grupos nacionales e internacionales.
Representantes del CMDH afirmaron que la presencia de agentes de inmigración en los hospitales genera temor entre los pacientes extranjeros, especialmente entre los de ascendencia haitiana, lo que puede llevarlos a evitar buscar atención médica oportuna. «Una sala de partos no es el lugar para implementar políticas migratorias», señalaron, advirtiendo que tales prácticas pueden poner en peligro tanto la vida de las personas como la salud pública.
Si bien reconoció la autoridad del Estado para regular la migración, el grupo instó al gobierno a retirar el protocolo, eliminar la aplicación de las leyes de inmigración en los hospitales públicos y entablar un diálogo con los profesionales de la salud y las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar alternativas que equilibren el control migratorio con la protección de los derechos fundamentales.
