Como en la primera vuelta del pasado 31 de mayo, el balotaje entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda transcurrió en completa normalidad, con algunos hechos aislados reportados por organismos electorales como la MOE, en unas votaciones que tuvieron el mayor despliegue de veedores nacionales e internacionales de la historia democrática del país.
Esta organización desplegó un robusto equipo, con más de 2.600 observadores en 1.868 mesas de votación ubicadas en 1.401 puestos, de los cuales el 12 % se encuentra en zonas rurales y en territorios con fuertes alertas sobre posibles irregularidades y eventuales casos de constreñimiento.
Sin embargo, el parte es de un desarrollo tranquilo y legítimo de los comicios. La entidad atribuye esta ‘fiesta en paz’ a “la articulación y disposición del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la oportuna instalación y despliegue de los puestos de votación en todo el país”.
El presidente Gustavo Petro tras las elecciones de 2026 Foto:CEET
El despliegue de la MOE se hizo a través de 34 coordinaciones regionales y, entre las anotaciones, se identificaron casos de jurados y testigos electorales que portaban distintivos de campañas políticas dentro de los puestos de votación, una práctica que está prohibida. Sin embargo, hubo una reducción frente a la primera vuelta y al ‘round’ definitivo.
A través de la plataforma Pilas con el Voto, la MOE recibió, con corte a las 3:00 de la tarde, 309 reportes sobre posibles irregularidades electorales provenientes de 89 municipios de 25 departamentos, Bogotá e incluso de colombianos en Francia, Estados Unidos, Canadá e Italia.
La principal preocupación tiene que ver con posibles afectaciones a la libertad del voto. El 32,4 % de las denuncias ciudadanas apunta a situaciones que podrían comprometer la autonomía de los electores para sufragar libremente.
Otro 31 % de los reportes está relacionado con la actuación de jurados de votación y autoridades públicas. Las denuncias incluyen el uso de prendas o símbolos asociados a campañas políticas, manifestaciones de apoyo o rechazo a candidaturas, indicaciones directas o indirectas sobre por quién votar, uso indebido de celulares, abandono de las mesas y posibles inconsistencias en el manejo del material electoral, entre ellas tarjetones sin firma, con marcas previas o sin número de mesa.
En cuanto a las autoridades públicas, las alertas apuntan a posibles casos de participación indebida en política, a través de pronunciamientos públicos en favor de candidaturas, presiones atribuidas a funcionarios y respuestas institucionales insuficientes frente a denuncias ciudadanas.
A pesar de la prohibición de hacer proselitismo durante la jornada electoral, el 22,6 % de los reportes está relacionado con publicidad y propaganda política.
La MOE recibió denuncias por la presencia de afiches, carpas y material electoral cerca de los puestos de votación, así como por concentraciones de simpatizantes, uso de prendas distintivas, consignas y difusión de mensajes políticos a través de redes sociales y otros canales digitales en plena restricción electoral.
Alejandra Barrios, directora de la MOE. Foto:Cortesía MOE
Por otro lado, el 10 % de los reportes hace referencia a problemas en el funcionamiento de los puestos de votación. Los ciudadanos alertaron sobre largas filas, dificultades de acceso, restricciones a la movilidad, fallas logísticas en las mesas y situaciones que podrían afectar el secreto del voto, incluido el uso indebido de teléfonos celulares.
No obstante, estos escenarios corresponden a apenas 300 casos reportados en todo el territorio nacional. Por lo que, en términos generales, se destaca la solidez institucional, la transparencia y las garantías del proceso.
Finalmente, la MOE advirtió que durante las primeras horas de la tarde se agudizó la polarización en la conversación digital. Entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde se registró un aumento de mensajes hostiles, insultos y contenidos que, según la organización, llegaron incluso a plantear escenarios de violencia ante eventuales resultados adversos.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
