En hoteles y restaurantes de alta gama en Caracas, cada vez es más visible la presencia de extranjeros, muchos de ellos interesados en invertir en Venezuela. Conversaciones en otros idiomas, distintos acentos y rondas de negocios, algunas en espacios oficiales y otras en privado, ponen el foco en diversos sectores económicos del país, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insiste en que Venezuela ofrece garantías para el retorno de inversiones internacionales. Sin embargo, expertos advierten que la persistente opacidad estadística sigue limitando la confianza y precisión necesarias para avanzar en ese camino.
La imagen del momento político, económico y social que atraviesa Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada el 5 de enero sigue sin lucir nítida, según especialistas. Esto ocurre pese a que instituciones oficiales como el Banco Central de Venezuela (BCV) han retomado recientemente la publicación de algunas cifras clave.
El 15 de enero, en su discurso de memoria y cuenta, Delcy Rodríguez ubicó el abastecimiento de alimentos en 99 %, el crecimiento económico en 8,5 % en 2025 y la producción petrolera en 1.200.000 barriles diarios, insistiendo en que no se estaba importando gasolina. En marzo, el Gobierno encargado lanzó el portal Transparencia Soberana, en el que, aseguraron, detallarían los ingresos por venta de petróleo, gas y minería, al tiempo que mostrarían los gastos dirigidos al fondo de protección social y al fondo de infraestructura nacional. Esta publicación ha sido criticada por diversos sectores que alegan que faltan detalles en la información. También en los últimos meses, el BCV ha difundido algunas cifras que desde hace años no se hacían públicas, como la inflación.
La opacidad o falta de cifras va mucho más allá de un debate técnico o estadístico y no solo afecta a los inversionistas, sino también a la población local. El silencio de las cifras sube el volumen a la improvisación en una población que desde hace más de dos décadas vive en un entorno económico de alta incertidumbre y volatilidad, incluido un período de hiperinflación. Cada ciudadano y cada comerciante se ve obligado por las circunstancias a convertirse en su propio analista de calle.
Luego de años de andar a ciegas en torno a los datos económicos, en las transacciones del día a día, imperan la desconfianza ante el futuro económico, la necesidad de los compradores de rendir sus ingresos y de los vendedores de proteger su negocio, incluida la capacidad de reposición en medio de la inestabilidad. Todos, calculadora en mano, intentan remontar la ola inflacionaria, conozcan o no los dígitos en la que se calcula.
Aunque ya se difundieron algunos números como una tasa de inflación en mayo del 6,3 %, que por primera vez en años se ubica en un solo dígito, conocer esta cifra no cambia la dinámica de la mayoría de las personas, que basan sus transacciones cotidianas con visión cortoplacista y con preocupación ante el entorno económico. Lo que la gente ve claro en su rutina es que la jornada comienza con un dólar oficial que aumenta cada día y lo mismo ocurre con un dólar cuyo precio define el libre mercado conocido, como tasa paralela o negra. Entre la fluctuación de estos dos referentes, los ingresos pierden valor y eso es algo tangible directamente en su bolsillo, más allá de las estadísticas.
Los inversionistas requieren reglas claras y certidumbre. En este sentido, el economista y exdiputado opositor José Guerra dijo a CNN que existe un déficit estadístico que representa una restricción importante para atraer capitales. A su juicio, los empresarios requieren información confiable para evaluar riesgos, capacidad de pago y perspectivas económicas. Sin datos fiscales claros ni información completa sobre exportaciones e ingresos efectivos, resulta difícil proyectar el desempeño económico del país.
Guerra destaca como avances parciales recientes que el BCV comenzó a publicar datos como la inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desagregado en sus 13 rubros y algunos componentes del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros. Aunque en el caso de este último solo se divulgan valores porcentuales y no absolutos, una insuficiencia que no permite calcular indicadores clave como el PIB per cápita o el crecimiento acumulado de la economía, explica.
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Guerra resalta que este retorno parcial de la información contrasta con años de opacidad durante la gestión de Maduro. Desde 2019 no se publicaban con regularidad cifras como la inflación o la actividad económica, aunque siguen ausentes indicadores clave como los datos fiscales detallados o información sobre ingresos petroleros y no petroleros, cifras que corresponden a Petróleos de Venezuela y al Ministerio de Petróleo. CNN se comunicó con ambas instancias para consultar sobre esos datos y está a la espera de respuesta. Guerra señala también que siguen sin conocerse el gasto público y la deuda externa, que no se difunden desde aproximadamente 2012.
Ante los vacíos, Guerra explica que surgieron iniciativas como el Observatorio Venezolano de Finanzas, que fundó con otros economistas y que funcionó hasta mediados de 2025 para hacer cálculos y proyecciones utilizando como referencia fuentes externas como las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que recibe información directa del Gobierno venezolano sobre producción petrolera. Sin embargo, aclara que esos datos no sustituyen la transparencia necesaria de estadísticas oficiales completas y sistemáticas.
Por su parte, Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, asegura que muchos actores económicos han acudido a información de estudios privados para llenar los vacíos informativos y a algunas instituciones académicas que realizaron distintas mediciones. El especialista añade que, para los inversionistas y planes de recuperación, se requieren datos sólidos para entender la situación del país y seguir su evolución.
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Seijas advierte que esta falta de datos actualizados tiene consecuencias prácticas como, por ejemplo, en la organización electoral y la distribución de escaños de la Asamblea Nacional, que dependen de información poblacional que hoy está desfasada.
Ante la consulta de CNN, Eugenio Martínez, experto electoral y periodista, agrega que no realizar un censo desde 2011 afecta la definición de los circuitos de votación ante eventuales elecciones parlamentarias. También enfatiza que en 2024 y 2025 no fueron publicados los resultados de las elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales realizadas en ese período. CNN intentó verificar esta información en la página web del organismo electoral, pero el portal no aparece disponible. CNN se comunicó con el Consejo Nacional Electoral para conocer su versión, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.
En materia poblacional, Seijas destaca que el último censo oficial data de 2011, lo que implica que Venezuela lleva más de 15 años sin una medición actualizada de su población. Señala que intentos recientes, como el autoempadronamiento impulsado en 2020, no ofrecen claridad suficiente sobre su metodología ni resultados. El autoempadronamiento fue un proceso convocado por el Gobierno como un mecanismo digital de censo virtual para que los propios ciudadanos rellenaran el cuestionario a través de la página del Instituto Nacional de la Vivienda y de la plataforma Patria, un sistema digital perteneciente al Estado venezolano del cual trabajadores del sector público, jubilados, pensionados y otros tienen acceso a bonos, subsidios y pagos de nómina. Muchos lo señalan como un método de coacción y control político. En consecuencia, las cifras que se manejan hoy, a juicio de Seijas, son proyecciones que no reflejan la realidad del país.
Considera que se trata de estimaciones que no incorporan adecuadamente fenómenos determinantes como la migración masiva hacia el exterior ni los desplazamientos internos hacia zonas centrales, especialmente hacia Caracas, motivados fundamentalmente por denuncias de fallas constantes en el acceso a servicios básicos como agua y electricidad. En este sentido, Seijas señala que no hay claridad sobre el tamaño de la población ni sobre su distribución territorial.
También apunta que la estructura demográfica del país ha cambiado de forma significativa desde 2011. La pirámide poblacional, que entonces comenzaba a transformarse, ya no corresponde a la actual, lo que impacta en análisis clave como la planificación de políticas públicas, la asignación de recursos y la representación política.
Seijas subraya que la producción de estadísticas de gran escala, como un censo nacional, es responsabilidad del Estado, por su alto costo y complejidad. Considera que lo deseable es que Venezuela tenga cifras oficiales confiables y actualizadas, que reduzcan la dependencia de mediciones privadas y permitan una mejor comprensión de la realidad nacional.
La falta de información también afecta otros ámbitos. No se publican cifras oficiales sobre pobreza desde hace años (las últimas disponibles datan de 2017) y tampoco hay indicadores actualizados de desarrollo humano o de la situación del sistema educativo.
Una de las mediciones más recientes es la de Encovi, una iniciativa académica desarrollada por tres de las universidades más importantes del país que, entre otras variables, estudia la pobreza y la desigualdad al evaluar 11.352 hogares. Según esta medición, 68,5 % de los hogares del país se encuentra en pobreza de ingresos, definida como insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades básicas, mientras 31,7 % se ubicaría en pobreza extrema, sin recursos suficientes para cubrir una alimentación básica.
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Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, capítulo regional de Transparencia Internacional, considera que, en materia de deuda pública, las cifras oficiales son inconsistentes y desactualizadas y que, mientras el Banco Central reporta montos cercanos a US$ 1.000 millones en deuda por bonos, estimaciones independientes sitúan la deuda en más de US$ 50.000 millones. CNN no ha obtenido respuesta del BCV sobre este tema.
“No es ni de lejos suficiente”, argumenta De Freitas al referirse a la reciente publicación de data oficial, puntualizando que existen vacíos como la información sobre el déficit fiscal consolidado, la ejecución presupuestaria o el déficit monetario.
Además, afirma que no existe un desglose claro por acreedores, conceptos o compromisos derivados de instancias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o por decisiones de tribunales, lo que dificulta cualquier proceso de reestructuración de la deuda. La especialista también destaca la ausencia de información macroeconómica integrada que permita analizar la relación entre déficit, gasto, emisión monetaria, inflación y financiamiento estatal.
Para De Freitas, esto “significa que no estamos en democracia y que no estamos dando pasos concretos para la democracia”. En su opinión, se trata de “intentos de maquillaje” que no abordan problemas estructurales, al tiempo que sostiene que, sin transparencia, institucionalidad y cambios políticos que incluyan la restitución de derechos civiles y elecciones legítimas, no es posible avanzar hacia una estabilización económica sostenible.
En abril, el Ministerio de Salud publicó un boletín epidemiológico, algo que no se hacía desde hace una década. El documento, que por ley debía publicarse de forma semanal, no se difundía desde 2016 y en este caso solo incluyó cinco de las 30 enfermedades que debía incluir, sin referencias de los años anteriores. Por ello, se desconocen las causas de muerte por razones de salud más comunes en Venezuela, un vacío que impide, entre otras cosas, responder con políticas públicas en la materia.
Aunque los recientes pasos hacia la publicación de algunas cifras son valorados como positivos, para muchos se trata de una política que debería no solo sostenerse sino ampliarse. Para los expertos consultados por CNN, la transparencia estadística es un paso necesario para restablecer la confianza de actores económicos e instituciones internacionales, algo que sigue siendo una tarea pendiente en Venezuela.
