Jorge Arreaza, diputado de la Asamblea Nacional, sostuvo que cada decisión relacionada con excarcelaciones de presos políticos debe analizarse de manera individual.
“No podemos darle libertad a alguien para que salga a volver a atentar contra el Estado”, dijo el domingo durante una entrevista en Venevisión.
Arreaza señaló que más de 1.000 personas han sido beneficiadas entre la aplicación de la Ley de Amnistía y las liberaciones efectuadas. Según afirmó, entre ellas figuran personas vinculadas con acciones contra el Estado.
También se refirió a la más reciente excarcelación de 131 personas y señaló que entre las beneficiadas estuvo Emirlendris Benítez, a quien relacionó con la Operación Gedeón. Indicó que su situación habría sido considerada por sus problemas de movilidad.
Benítez recuperó la libertad –de manera condicional– después de permanecer ocho años encarcelada por el caso relacionado con el atentado con drones contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.
Durante su reclusión organizaciones de derechos humanos documentaron que fue torturada mientras estaba embarazada y que perdió su bebé. Las secuelas físicas que dejó su paso por prisión afectaron gravemente su movilidad y actualmente utiliza silla de ruedas.
Sobre la Ley de Amnistía, Arreaza aseguró que se han procesado 15.037 solicitudes y que 8.743 obtuvieron una respuesta favorable. Añadió que 314 beneficiarios estaban privados de libertad y otros 1.429 mantenían procesos judiciales prolongados y medidas de presentación.
Los presos políticos quedaron fuera de la agenda de negociación
Jorge Arreaza afirmó que la situación de los presos políticos no fue incluida en las conversaciones sostenidas entre la Asamblea Nacional de 2015 y el actual Parlamento durante el primer ciclo de negociaciones.
Agregó que tampoco sabe si el tema podría incorporarse en una fase posterior del proceso.
“Este tema no se planteó en la mesa de diálogo, no se planteó en ningún momento el tema de los detenidos, de las personas privadas de libertad. Yo no lo escuché. No está en agenda. No sé si se presentará más adelante, pero en este primer ciclo en ningún momento se habló de ese tema”, expresó.
Las declaraciones se producen después de que el gobierno nacional informara sobre la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas.
Tras el anuncio, organizaciones de derechos humanos exigieron transparencia sobre el proceso de excarcelaciones.
