El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una alianza con el FBI y Europol para reforzar la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, con controles sobre las trochas de Norte de Santander, La Guajira y Arauca frente al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y los secuestros.
La estrategia sumará a Ameripol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en labores de inteligencia para localizar redes transnacionales, perseguir el lavado de activos y el financiamiento del narcotráfico. También prevé hacer efectivas las circulares rojas y azules de Interpol contra personas vinculadas con esas estructuras.
Norte de Santander fue priorizado por los problemas de orden público asociados a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y otras bandas criminales. El despliegue inicial se retrasó por la emergencia de los terremotos en el Eje Cafetero.
La zona rural de Cúcuta y los municipios de la subregión del Catatumbo serán el foco de la reactivación de la Campaña Militar Esparta. Las autoridades atribuyen el aumento de las acciones violentas de los grupos armados a la disminución de la inteligencia militar y a recortes presupuestarios heredados de la administración anterior.
El coronel retirado del Ejército Carlos Soler explicó a La FM que el plan busca recuperar la capacidad de interceptar y verificar las comunicaciones de radio de dos metros utilizadas por organizaciones ilegales. El Ejército contaba con tecnología para geolocalizar el origen de esas transmisiones, pero la falta de herramientas y personal había limitado su alcance.
La intervención urbana se apoyará en el Bloque Operacional de Seguridad Urbana, conocido como Bosul, una estructura diseñada para coordinar a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación.
El bloque deberá atender el flujo de miles de migrantes venezolanos, prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad y acelerar los procesos judiciales contra las personas capturadas.
La ciudad ocupa una posición estratégica ante la coyuntura política y económica venezolana: cinco empresas de ese país trabajan en la organización de oleoductos y gasoductos, mientras la embajada permanece abierta y avanzan planes de reconstrucción tras un terremoto reciente.
Las autoridades concentrarán la vigilancia en los pasos irregulares que conectan ambos países. Por esos corredores circulan vehículos traficados, mercancías de contrabando y víctimas de trata, además de registrarse secuestros y otras actividades delictivas transnacionales.
La cooperación extranjera también incluye apoyo para detectar drones de fabricación iraní que, según la información expuesta por las autoridades, ingresaron a través de Venezuela y son empleados en actos de terrorismo dentro de Colombia.
El Gobierno proyecta complementar la ofensiva militar y policial con obras viales, mejoras educativas y el fortalecimiento del comercio binacional, con respaldo del gobierno de Estados Unidos.
La militarización inmediata y temporal de Cúcuta despertó pedidos de coordinación con las autoridades venezolanas para impedir que los grupos ilegales se trasladen al estado Táchira. El analista fronterizo William Gómez sostuvo que Venezuela debe participar en los consejos de seguridad realizados del lado colombiano.
“Las autoridades venezolanas deben tener una complementariedad en estas mesas de trabajo de seguridad, en estos consejos de seguridad que se están realizando del lado colombiano”, manifestó Gómez.
El analista consideró que los operativos en Cúcuta y su área metropolitana podrían llevar a las estructuras criminales a reorganizarse en territorio venezolano. “De nada servirían entonces estos operativos del lado colombiano si no se complementan del lado venezolano con las autoridades”, sostuvo.
