La confesión pública realizada el pasado 6 de octubre por la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, reveló un secreto a voces: la coacción de funcionarios para perseguir a opositores en Venezuela.
César admitió las presiones extremas y la coacción sistemática a la que fue sometida para validar judicialmente las inhabilitaciones políticas de líderes opositores, entre ellos el de María Corina Machado.
AFP Foto:AFP
“Lo vivido por mi familia y por mí demuestra de forma contundente cómo el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos contra mis hermanos y mi cuñada como una ruin herramienta de coacción y chantaje político”, sostuvo la exmagristrada en varios videos difundidos en redes sociales.
Su testimonio expone los engranajes de un mecanismo de persecución estatal que operó utilizando a los familiares de los propios funcionarios judiciales como rehenes para doblegar su voluntad.
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La exmagistrada César Siero —quien formara parte de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia— reveló que su firma y la de otros colegas no respondieron a un ejercicio autónomo de impartir justicia, sino a un esquema de chantaje directo.
La red de detenciones arbitrarias contra familiares de funcionarios judiciales
De acuerdo con los datos y las denuncias públicas, a finales de 2023 se registraron detenciones arbitrarias contra allegados y familiares de la abogada (incluyendo hermanos y allegados) con el fin evidente de coaccionarla para avalar decisiones jurídicas prefabricadas desde la cúpula del poder.
Este patrón de actuación, calificado por sectores democráticos como una práctica de carácter mafioso y gansteril, evidencia cómo el aparato del Estado instrumentalizó no solo a los tribunales, sino también los cuerpos de seguridad para doblegar cualquier atisbo de independencia dentro de los máximos órganos de justicia del país.
La inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, ratificada en enero de 2024 por la misma Sala Político-Administrativa, justo cuando se definían las candidaturas presidenciales, quedó así expuesta como un acto viciado de nulidad absoluta desde su origen, al haberse obtenido bajo la extorsión y el uso de rehenes familiares.
El fraude anticipado y el incumplimiento de pactos internacionales
El historial de las inhabilitaciones contra Machado no constituye un hecho aislado, sino una estrategia sostenida en el tiempo para bloquear la vía electoral.
El proceso se remonta a 2015, cuando la Contraloría General de la República impuso una sanción inicial de un año basada en supuestas omisiones administrativas con tickets de alimentación para sacarla de la contienda parlamentaria de ese año.
Posteriormente, en 2023, tras su contundente victoria en las elecciones primarias de la oposición, la Contraloría emitió una nueva inhabilitación por 15 años desprovista de las garantías mínimas del debido proceso, la cual jamás fue notificada formalmente.
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Todo este camino fraudulento se consumó a pesar de haberse suscrito el "Acuerdo de Barbados" el 17 de octubre de 2023 entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, un pacto cuyo fin principal era fijar reglas transparentes para las elecciones presidenciales de 2024 a cambio del alivio progresivo de sanciones internacionales.
Para organizaciones políticas como Vente Venezuela, la revelación de la exmagistrada César Siero confirma que el oficialismo utilizó las inhabilitaciones como una forma de "fraude electoral anticipado", eliminando de la papeleta a la candidata con mayor favoritismo popular para evitar que la soberanía ciudadana se expresara libremente.
Hacia la reconstrucción institucional
La confesión de la exmagistrada marca un hito en la documentación de las violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos en Venezuela. Ante este panorama, los sectores democráticos exigen que la inhabilitación de María Corina Machado sea anulada de inmediato y que se le otorguen plenas garantías de seguridad para su retorno al país y el libre ejercicio de su liderazgo político.
A más de dos décadas y media de control chavista sobre las instituciones, el caso de Bárbara César Siero demuestra que la reinstitucionalización del país exige un cambio de gobierno profundo, la recuperación absoluta de la separación de poderes, justicia real para las víctimas y garantías de no repetición, comenzando por la convocatoria a un proceso electoral verdaderamente libre y competitivo.
