El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el sábado el estado de emergencia en todo el territortio nacional, luego de semanas de protestas masivas contra el Gobierno por el aumento del costo de vida y la presión económica, que desde entonces se han convertido en una creciente crisis política .
Las protestas, respaldadas por sindicatos de trabajadores y agricultores, exigen la renuncia de Paz. Los bloqueos de carreteras han provocado escasez de alimentos, combustible y suministros médicos en algunas partes del país y han paralizado la economía durante los últimos 50 días, con al menos 14 personas muertas entre el 1 de mayo y el 15 de junio, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
“He dispuesto la implementación del estado de excepción para liberar las carreteras del país”, dijo Paz en un discurso a la nación. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que les impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”.
El presidente de Bolivia afirmó que la medida allana el camino para que las fuerzas armadas y la policía restablezcan el orden.
Paz señaló que el estado de emergencia busca “restablecer” la normalidad en Bolivia, donde, según él, “grupos organizados siguen recurriendo a la violencia para paralizar el país”.
El mes pasado, Paz firmó una ley que permite a las fuerzas militares intervenir en conflictos internos, aunque anteriormente había dicho que declarar el estado de emergencia sería la última opción si fracasaba el diálogo.
“Después de agotar todas las vías de diálogo, de llegar a acuerdos con quienes tenían demandas legítimas y de identificar claramente a quienes utilizaron la violencia para intentar desestabilizar a Bolivia, hemos tomado la decisión de decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, dijo Paz en su discurso del sábado.
Paz, de tendencia centrista, asumió el cargo hace siete meses, heredando la peor crisis económica que ha vivido el país en una generación, la cual contribuyó a impulsar el fin de casi dos décadas de gobierno de izquierda. Su elección marcó un cambio histórico para este país sudamericano, gobernado casi de manera ininterrumpida desde 2006 por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.
Paz ha buscado fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington —tensas desde 2009— y, en septiembre, dio a conocer planes para un acuerdo de cooperación económica de US$ 1.500 millones con funcionarios estadounidenses con el fin de garantizar el suministro de combustible.
El 4 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un resumen de una llamada entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente Paz, destacando el “compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia de Bolivia y a la administración de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”.
“El secretario señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo a las operaciones logísticas en Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y suministros médicos debido a los bloqueos ilegales destinados a desestabilizar a la sociedad boliviana”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
David Pacheco, residente de La Paz, Bolivia, declaró a Reuters que apoya la declaración del estado de emergencia.
“Para mí, es una buena medida, porque muchos de nosotros en la ciudad de La Paz hemos sufrido hambre, falta de alimentos y los elevados precios de los productos de primera necesidad. El gobierno ha actuado bien. El presidente Rodrigo Paz hizo bien al declarar el estado de emergencia”, dijo Pacheco.
Los disturbios actuales estallaron por primera vez en mayo, después de que Paz recortara los subsidios al combustible, vigentes desde hacía mucho tiempo, para reducir el déficit. La economía boliviana, afectada por la crisis, carece de divisas; sus exportaciones de gas natural, que antes eran abundantes, se han desplomado; la inflación está en su nivel más alto en 40 años y el combustible escasea.
Además de la renuncia del presidente, los sindicatos exigen aumentos salariales y que se ponga fin a la escasez de combustible y de dólares.
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