Tras la ola de expropiaciones de plantas industriales y activos productivos, el Estado venezolano asumió la administración de un patrimonio manufacturero que en su mayoría cesó operaciones, mientras gobernaciones, alcaldías y ministerios perdían capacidad financiera y técnica para sostener sus funciones básicas.
El acceso de actores privados a esos bienes no opera mediante licitaciones abiertas. Para obtener el manejo de una instalación expropiada se requiere transitar una cadena de intermediación articulada en cuatro niveles de decisión institucional y operativa.
El primer nivel corresponde al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva y facultado para otorgar concesiones mediante asociaciones público-privadas y alianzas estratégicas. La Ley Antibloqueo brinda el marco legal para suscribir contratos a nombre de la República por plazos de entre 15 y 20 años, con cláusulas de estricta reserva que impiden el escrutinio público de las operaciones.
La presidencia del CIIP registró tres relevos en 2026. Alex Saab dejó el despacho, sucedido por Calixto Ortega Sánchez, hasta que en julio asumió Alejandro Puglia. Puglia se desempeñó previamente como asesor del ente; cuenta con estudios en Finanzas por la Universidad Internacional de Florida y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Yale. Su experiencia empresarial previa estuvo ligada al negocio familiar de importaciones, un perfil que analistas contrastan con las exigencias de captación masiva de capital que demanda la institución.
El CIIP gestiona un universo empresarial que la organización Transparencia Venezuela cifró en 920 compañías con participación estatal mayoritaria en abril de 2026. La organización no gubernamental ha documentado que más de 48 empresas públicas, varias de ellas objeto de expropiación en el pasado, han sido asignadas en concesión a entidades privadas a través de alianzas estratégicas, empresas mixtas y figuras de comodato.
Custodia militar y control territorial
El segundo nivel de articulación corresponde al estamento militar. Las asignaciones sobre activos públicos dependen de las estructuras castrenses encargadas de custodiar las instalaciones, supervisar sus accesos y autorizar el traslado de maquinaria y materiales. Corporaciones estatales como Bolipuertos y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) permanecen bajo la dirección de oficiales con rango de almirante o mayor general.
Los vínculos entre los niveles decisorios alcanzan también al entorno familiar de los despachos involucrados. Daniel Puglia Costas, hermano del presidente del CIIP, Alejandro Puglia, contrajo matrimonio en septiembre de 2025 con Yarazetd Padrino Betancourt, hija del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Los comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) conforman el siguiente escalafón de control territorial. Cualquier transportista que requiera movilizar material ferroso o insumos industriales desde las zonas manufactureras de Carabobo hacia Puerto Cabello debe transitar los puntos de control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y contar con autorizaciones expresas para completar la ruta.
En el ámbito regional, las gobernaciones coordinan los presupuestos públicos y la administración de las zonas económicas especiales. Esta posición permite intervenir en la reorganización de parques fabriles y puertos, así como articular acuerdos con inversionistas interesados en ocupar predios desocupados.
En Carabobo, la gobernación encabezada por Rafael Lacava ha impulsado alianzas con capitales privados turcos, asiáticos y locales en sectores de la zona industrial y del puerto marítimo. Dichos acuerdos han servido para dinamizar recursos locales y abrir canales de interlocución con el Ejecutivo central, mientras las autoridades regionales intervienen para contener protestas sindicales y tramitan ante el CIIP el respaldo a firmas interesadas en incorporarse a los proyectos.
El cuarto nivel de control involucra a dependencias de los cuerpos de seguridad e inteligencia, particularmente la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sus unidades custodian corredores viales, resguardan instalaciones portuarias e intervienen en recintos aduaneros. En ocasiones, disputas entre grupos por el control de los cargamentos en los patios de Puerto Cabello han derivado en roces armados entre funcionarios.
Los parques industriales de Valencia, Los Guayos y San Diego experimentaron una progresiva desarticulación. El gobierno regional formalizó esquemas de acopio y exportación de chatarra ferrosa en coordinación con entidades públicas como la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez). La maquinaria proveniente de instalaciones desincorporadas solo puede ingresar a las zonas primarias de los muelles mediante salvoconductos y resguardo policial.
El desmantelamiento de las industrias básicas
La estatización generalizada devino en un progresivo deterioro del parque industrial. La politización en la conducción gerencial, el régimen de control de cambios, las regulaciones de precios y los desvíos administrativos terminaron por paralizar la capacidad productiva. Extensos complejos fabriles devinieron en galpones abandonados, cuyos inventarios y bienes fueron desincorporados y catalogados como chatarra.
La zona fabril de Valencia, consolidada durante el siglo XX como el núcleo de la manufactura nacional gracias al asentamiento de ensambladoras automotrices, plantas metalmecánicas, factorías de plásticos, autopartes y empresas de alimentos, redujo drásticamente su actividad operativa.
Pese a las consignas de soberanía productiva, corporaciones que compitieron en mercados foráneos —entre ellas la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Venezolana de Aluminio (Venalum), Aluminios del Caroní (Alcasa) y las cementeras transnacionales nacionalizadas— enfrentaron descapitalización operativa. La paralización de paradas de mantenimiento mayor y la falta de inversión deterioraron infraestructuras de alto costo tecnológico.
Un caso de referencia administrativa fue la gestión de Natacha Castillo, esposa de Elías Jaua Milano, al frente de la junta directiva de la expropiada Cemex. Durante su ejercicio, los volúmenes de producción disminuyeron sustancialmente, lo que obligó al país a recurrir a importaciones de cemento para abastecer obras públicas.
Ante la insolvencia financiera y la paralización técnica de los hornos, el Ejecutivo implementó esquemas de rescate mediante convenios operativos con grupos comerciales que carecían de trayectoria industrial previa. En lugar de reactivar las líneas de producción, estos consorcios comercializaron remanentes de materia prima y productos elaborados en el exterior, mientras el Estado asumía los pasivos laborales acumulados de nóminas que percibían salarios mínimos.
El sector automotriz, asentado en el eje central Aragua-Carabobo, colapsó progresivamente. Fabricantes como General Motors, Ford, Chrysler, Mitsubishi, Toyota, Iveco y Mack quedaron condicionados por la escasez de divisas para importar material CKD (completely knocked down), la contracción del consumo interno y litigios judiciales. En abril de 2017, la planta de General Motors en Valencia fue embargada a raíz de una disputa judicial comercial, lo que motivó el cese de operaciones de la corporación estadounidense y la desincorporación de 2.700 trabajadores.
Desaparición de las cadenas de montaje
Plantas como Ford Motor de Venezuela, Chrysler, Mitsubishi e Iveco mantuvieron a sus plantillas bajo esquemas de suspensión laboral mientras sus instalaciones cesaban actividades. Equipos de alta tecnología —tales como robots de soldadura, prensas de estampado y líneas de cataforesis— quedaron fuera de servicio y sufrieron mermas por falta de mantenimiento preventivo.
A partir de 2021, los registros de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Autopartes (Favenpa) reflejaron una paralización casi total del ensamblaje nacional de vehículos. Instalaciones destinadas a la producción automotriz terminaron utilizadas como áreas de estacionamiento de contenedores o depósitos de automóviles importados desde China.
La contracción manufacturera arrastró a cientos de talleres metalmecánicos, tornerías, matricerías e inyectoras de polímeros que abastecían piezas de reposición al parque automotor. Numerosos establecimientos cerraron definitivamente. En diversas áreas fabriles se reportó el ingreso no autorizado de cuadrillas que sustraían bobinados de cobre de transformadores eléctricos y desarmaban vigas metálicas estructurales.
El desguace de maquinaria industrial no provino de la recolección doméstica de desechos, sino del desmontaje formal de instalaciones. En ocasiones, equipos con desgaste menor o en condiciones de operatividad fueron clasificados como material obsoleto por juntas administradoras internas.
En empresas básicas de Guayana y campos petroleros de Pdvsa, trabajadores y voceros gremiales denunciaron el corte con equipos de oxicorte de celdas electrolíticas, líneas de transporte ferroviario, torres de tendido eléctrico y tramos de tuberías de acero para ser clasificados como chatarra ferrosa y aluminio secundario.
Los embarques zarpan en buques graneleros con destino a mercados internacionales. Acerías de Turquía figuran entre las receptoras de cargamentos de material ferroso procedente de Venezuela, con despachos secundarios que alcanzan terminales en Países Bajos, España y destinos asiáticos, en maniobras que en ocasiones recurren a intermediarios en terceros países para evitar trabas regulatorias.
La exportación masiva requiere infraestructura portuaria centralizada. Los puertos de Puerto Cabello y La Guaira operan como los principales nodos de salida. Camiones de carga pesada trasladan material recolectado en instalaciones de Guayana, los Llanos y las zonas industriales centrales hacia los centros de acopio costeros.
Centralización del material estratégico
El Estado estructuró un marco administrativo para regular el comercio y despacho de materiales calificados como estratégicos. En ese esquema, Corpoez asumió funciones para otorgar licencias de comercialización y exportación de materiales ferrosos y no ferrosos.
El despacho de cargamentos al exterior es administrado por redes vinculadas con sectores militares e institucionales mediante empresas navieras autorizadas. Las faenas de pesaje, atraque y carga en los muelles se desarrollan bajo cordones de seguridad militar.
Mientras los cuerpos policiales procesan penalmente a recolectores informales por sustracción de cables de telecomunicaciones o piezas de alumbrado público, convoyes con piezas de gran tonelaje transitan por las autopistas nacionales amparados por salvoconductos y disposiciones administrativas oficiales.
Entre los directivos señalados en el sector figura el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, director de la División de Asuntos Especiales de la Dgcim. Granko Arteaga, quien enfrenta sanciones internacionales por señalamientos en causas de derechos humanos, amplió su radio de acción hacia la supervisión de operaciones logísticas de almacenamiento y transporte de metales.
En los registros mercantiles de Puerto Cabello, personas vinculadas a su círculo familiar —entre ellas su cónyuge, Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira, junto a María de los Ángeles Escalante Ferreira y Yurima Ferreira de Escalante— figuran como accionistas y administradoras de empresas dedicadas al procesamiento y recuperación de metales, como Fundición y Procesadora Atlántica C.A., Inversiones Funproca C.A. y Recuperadora de Metales Escalante.
El repliegue fabril impactó también a empresas estatizadas en la década de 2000, tales como Venepal (rebautizada Invepal) y Rualca, cuyas instalaciones en Carabobo terminaron desvalijadas por falta de reposición de componentes e insolvencia económica.
Inventario del desmantelamiento industrial
El proceso de paralización y desincorporación de activos afectó a compañías de los sectores neurálgicos de la economía nacional. En el conglomerado de Guayana, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) experimentó el desmantelamiento de líneas auxiliares, rieles internos y componentes de puentes-grúa, piezas que alimentaron despachos de material ferroso hacia mercados internacionales. En paralelo, las reductoras CVG Alcasa y CVG Venalum sufrieron la desincorporación de líneas de celdas electrolíticas con alto contenido de aluminio y cobre, comercializadas como metal de desecho, mientras que las filiales Carbonorca y Bauxilum registraron la baja técnica y el desarme de hornos de calcinación, tolvas y sistemas mecánicos para el transporte de mineral.
En el eje central del país, la papelera Invepal (antigua Venepal) vio reducidas sus calderas y equipos de procesamiento a estructuras metálicas sin utilidad productiva. Similar destino enfrentó Ruedas de Aluminio (Rualca), intervenida en Valencia para la fabricación de rines y componentes automotrices, cuyas prensas hidráulicas y hornos de colada fueron dados de baja por la vía administrativa. A este colapso se sumó el entramado de medianas y pequeñas empresas metalmecánicas en las zonas industriales de Valencia y San Diego, donde el cierre definitivo de talleres derivó en el desvalijamiento de tornos, fresadoras e instalaciones eléctricas completas.
La industria de los hidrocarburos no escapó a la misma dinámica. En áreas de extracción de la faja petrolífera del Orinoco y del estado Zulia, taladros de perforación estacionados, kilómetros de tubería de acero (line pipe) y tanques en desuso fueron catalogados formalmente como chatarra por comisiones técnicas de Pdvsa para autorizar su corte con soplete y posterior venta. Asimismo, en los campos petroleros se reportó la extracción sistemática de transformadores de gran potencia en subestaciones eléctricas para comercializar sus bobinados de cobre y aceites aislantes.
La desincorporación de infraestructura pesada alcanzó también al sector de la construcción y al agropecuario. Las cementeras estatizadas Cemex, planta Pertigalete y San Sebastián registraron el desguace de flotas enteras de camiones mezcladores y piezas de hornos rotatorios para subastas ferrosas. Por su parte, los centros de acopio de Agropatria (antigua Agroisleña) en los Llanos se transformaron en depósitos de maquinaria agrícola desvalijada, comprometiendo tractores y sistemas de regadío. El declive lo completaron proveedores automotrices e industriales como Venezolanos Extra C.A. (Vivex), cuyos equipos de templado térmico y corte fueron desmantelados tras la paralización del suministro de insumos, y Oci-Metalmecánica C.A., fábrica de perfiles pesados para el tendido eléctrico que quedó reducida a una mínima expresión operativa mientras sus patios acumulan material a la espera de destino comercial.
El colapso en la administración de activos públicos impactó de igual modo la cadena de frío y el almacenamiento de alimentos perecederos.
En mayo de 2010, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) dictó la ocupación temporal de Frigoríficos Ordaz (Friosa) y su filial Alimentos Frisa en Puerto Ordaz, medida ejecutada con resguardo militar. Meses después, el Ejecutivo oficializó la expropiación del complejo comercial García Hermanos.
La posterior gestión estatal enfrentó fallas eléctricas y desabastecimiento de gas amoníaco, lo que provocó la descomposición de lotes de alimentos en las cámaras frigoríficas y la paralización de la flota de transporte refrigerado por falta de repuestos. La intervención dio origen a demandas de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Similar deterioro experimentaron las instalaciones de refrigeración de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y Abastos Bicentenario. En los depósitos de Puerto Cabello y Tinaquillo convergieron cargamentos de alimentos importados que sufrieron descomposición, caso conocido como Pudreval.
En el Distrito Capital, el Centro de Acopio Catia II, en La Yaguara, y almacenes regionales en Barquisimeto, Maracaibo, Maturín y Puerto Ordaz redujeron su capacidad instalada bajo administraciones que no lograron sostener el mantenimiento de compresores ni de plantas de autogeneración eléctrica, derivando en la desincorporación física de sus equipos industriales.
