El Gobierno cubano presentó un paquete de medidas agrarias que incluye la posibilidad de que micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) o mixtas cubanas reciban tierras estatales en usufructo para producir alimentos. La medida forma parte de un conjunto más amplio de transformaciones económicas anunciadas ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista (PCC) el 17 de junio de 2026 y, al día siguiente, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
El gobernante Miguel Díaz-Canel, en su discurso ante el pleno del PCC calificó la necesidad de producir alimentos como «un asunto de seguridad nacional».
«Vamos a ampliar la entrega de tierras en usufructo a quienes estén dispuestos y en condiciones de producir: productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas, sin renunciar jamás a la soberanía nacional ni retroceder hacia el país dependiente que dejamos atrás con la Revolución», prometió el presidente designado por el general Raúl Castro.
Cuba importa alrededor del 80 % de los alimentos que consume, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La producción agrícola en la isla se desplomó entre 2014 y 2023 hasta dejar al país en el penúltimo puesto de América Latina y el Caribe, por detrás de Haití y por delante solo de Surinam, según un informe reciente de cuatro organismos.
Para intentar revertir ese escenario, el régimen se propuso ampliar el usufructo por tiempo indeterminado de la tierra a personas naturales y jurídicas privadas o mixtas. En lo relativo a los productos agropecuarios, a partir de ahora se prevé dejar más espacio al mercado en la conformación de precios.
La apertura a las empresas privadas quedó plasmada tanto en las medidas presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 18 de junio ante la ANPP, como en el borrador de la ley de tierra agropecuaria y forestal, el texto legal que el Parlamento debería votar próximamente.
Marrero Cruz presentó la medida dentro del denominado Eje 7 de transformaciones para la recuperación agrícola. Entre los cambios anunciados figuran el otorgamiento del derecho real de usufructo por tiempo indeterminado a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales que lo soliciten, la eliminación del requisito de trabajo directo y estable en la tierra por parte de los usufructuarios, y la autorización a las cooperativas para realizar comercio exterior de forma directa, abrir cuentas bancarias en el exterior y gestionar financiamientos externos.
También se propone descentralizar la formación de precios de los productos agropecuarios y crear mercados de insumos en divisas.
En diálogo con la nueva política anunciada, el artículo 39.4 del proyecto de ley establece que el delegado provincial de la Agricultura podrá autorizar la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas cubanas, siempre que tengan aprobado en su objeto social la producción de bienes y servicios agropecuarios o forestales, y que sus producciones se destinen principalmente al balance alimentario municipal, el turismo y la exportación.
Hasta ahora, el usufructo de tierras estatales estaba reservado a personas naturales y cooperativas. La ampliación a personas jurídicas privadas implica reconocer que el capital organizado en forma de empresa puede ser interlocutor del Estado en el uso de la tierra sin que eso comprometa, al menos formalmente, la propiedad estatal sobre ella. El proyecto de ley es explícito en ese punto: la tierra seguirá siendo «propiedad socialista de todo el pueblo» —léase, el Estado controlado por el PCC— y estará sujeta a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
Sin embargo, el texto legal revela los límites de la apertura. La autorización no es automática ni depende de una ventanilla única: pasa por la aprobación previa de la Comisión Provincial de Asuntos Agrarios, exige que la empresa tenga el rubro agropecuario aprobado en su objeto social, y condiciona el destino de la producción al balance alimentario municipal, el turismo o la exportación. El usufructo, además, es intransmisible y no puede gravarse, lo que restringe su utilidad como garantía para obtener financiamiento externo.
El economista Daniel Torralbas señaló que existe un cuello de botella originario que puede lastrar cualquier intento de multiplicar la cantidad de esos negocios: «mientras la autorización de mipymes continúe siendo burocrática y discrecional, habrá menos mipymes agrícolas o de cualquier otra actividad».
El borrador de ley deroga el Decreto Ley 358 de 2018 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo y el Decreto Ley 125 de 1991 sobre posesión, propiedad y herencia de la tierra, con el objetivo de unificar en un solo cuerpo normativo el régimen agrario cubano. El texto también introduce la figura del pacto sucesorio para la transmisión de tierras entre campesinos propietarios y establece la creación de un Banco para el Fomento Agrícola.
En materia de productividad laboral —cuánto valor genera cada trabajador del campo—, Cuba también figura entre los peores indicadores de la región, en igual rango que Haití, Honduras y Ecuador.
El régimen de La Habana responsabiliza a Estados Unidos y su sistema de sanciones por la crisis en el sector agropecuario. Sin embargo, en 2024 el régimen de La Habana invirtió aproximadamente 14 veces más en turismo —incluida la construcción de hoteles— que en agricultura: un 37.4 % frente al 2.7 % del total del presupuesto del Estado.
En su discurso ante el pleno del PCC, Díaz-Canel reconoció que parte de los obstáculos son de origen interno: «Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado». Además, admitió que «al campesino cubano no se le puede seguir pidiendo más comida con menos herramientas y con precios por debajo de sus costos».
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