El bombardeo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en territorio venezolano, ocurrido el pasado 30 de octubre, habría tenido como uno de sus objetivos provocar el desplazamiento de integrantes de esa guerrilla que permanecen asentados en el estado Apure, en una zona fronteriza con el departamento colombiano de Vichada.
EL TIEMPO conoció que, después de la operación, se han registrado movimientos de integrantes de esa organización armada hacia otros sectores de Venezuela. Sin embargo, hasta el momento no se ha detectado su ingreso a territorio colombiano, pese a la cercanía del lugar del ataque con la frontera entre ambos países.
La operación se habría desarrollado en el municipio Pedro Camejo, específicamente en una zona rural donde el Eln mantiene presencia y que, de acuerdo con organizaciones que monitorean la actividad de grupos armados en Venezuela, ha sido utilizada para el almacenamiento y tránsito de cargamentos de droga.
Dos de las pistas clandestinas del Eln en Venezuela. Foto:Cortesía
Según la organización no gubernamental FundaRedes y fuentes de la región, el campamento que fue objeto del ataque funcionaba como un centro de acopio de estupefacientes de esa guerrilla. Los primeros reportes señalan que la ofensiva habría sido ejecutada mediante drones militares, aunque las autoridades venezolanas no han entregado una versión oficial sobre las circunstancias de la operación.
De hecho, fuentes en territorio venezolano señalan que la operación militar habría contado con la participación de inteligencia de Estados Unidos y algunos equipos como drones, similar a la operación de junio pasado contra el ‘Tren de Aragua’ en la que murió su máximo líder, alias Niño Guerrero.
“La operación se realizó y se busca precisar los movimientos de alias Silvana Guerrero. Se sabe que ella se mueve entre Apure y Amazonas (Venezuela). El bombardeo también cumplió con el objetivo que era lograr los desplazamientos de estas personas”, dijo una fuente a este diario.
Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero. Foto:Cortesía
Mientras se conocen detalles de lo ocurrido, medios venezolanos informaron que al menos ocho cuerpos fueron trasladados a la morgue del cementerio municipal Luis Herrera, en San Fernando de Apure, capital del estado donde se produjo el bombardeo.
Periodistas de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) también acudieron a las inmediaciones de ese cementerio y del Hospital Pablo Acosta Ortiz para verificar las versiones que circulaban en redes sociales sobre el ingreso de cadáveres procedentes de la zona del ataque.
De acuerdo con los testimonios recogidos, los cuerpos habrían llegado entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Los trabajadores consultados aseguraron desconocer la identidad y nacionalidad de los fallecidos, debido a las restricciones impuestas sobre el manejo de la información.
Por su parte, FundaRedes ha señalado que el número de víctimas podría ser superior. La organización reportó inicialmente hasta 19 fallecidos, aunque esa cifra no cuenta con confirmación oficial y tampoco se ha establecido cuántas personas permanecían en el campamento cuando ocurrió el bombardeo.
Alias Niño Guerrero, máximo jefe del Tren de Aragua, abatido en Venezuela. Foto:Cortesía
A las versiones conocidas en Venezuela se sumó la información publicada por el periódico mexicano La Jornada, que aseguró haber consultado a un oficial militar presente en la zona. El uniformado confirmó al medio que la operación efectivamente se había registrado, aunque las autoridades venezolanas no habían reconocido públicamente el ataque.
Esta circunstancia adquiere relevancia por la ubicación del campamento, en un corredor fronterizo que permite la comunicación entre zonas rurales venezolanas y territorios colombianos donde históricamente han operado estructuras del Eln. A ello se suma el interés sobre los recursos minerales presentes en esa región.
El área fronteriza con Vichada forma parte de una zona donde existen recursos considerados estratégicos, entre ellos minerales cuyo aprovechamiento tiene importancia para sectores industriales y tecnológicos.
Redacción Justicia
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