Arturo Marín Acevedo fue asesinado a las 6 de la tarde del sábado 17 de octubre. Conducía su camioneta en las calles del centro de Cuajinicuilapa, Guerrero, el municipio en el que buscaba ser candidato a alcalde. Dos sujetos armados, a bordo de un auto, se le emparejaron, dispararon a corta distancia, lo mataron a él e hirieron gravemente a su esposa y huyeron sin dejar rastro. La Fiscalía del Estado dice estar investigando los hechos. Arturo Marín era aspirante a la coordinación municipal de defensa de la transformación, el proceso interno que abrió Morena para elegir a sus candidatos. Es la primera víctima mortal del proceso electoral de 2027.
La violencia política proyecta su sombra sobre las elecciones en las que se renovarán 17 gubernaturas, 2.230 ayuntamientos y 1.098 diputaciones locales. La oposición ya alertó que el país se encamina a otro proceso marcado por la violencia, y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente una estrategia para tratar de contenerla; algo que anteriores administraciones han intentado sin éxito. La amenaza a aspirantes, precandidatos, candidatos y funcionarios electos ha sido una constante en las últimas dos décadas.
Políticos asesinados en años electorales
Por Estado. En 2021 se registraron 30 víctimas, mientras que en 2024 alcanzaron las 36
La violencia se concentra en el nivel municipal, donde el crimen organizado despliega diversas formas de acoso: la cooptación de partidos y candidatos, el patrocinio de sus campañas, la extorsión y la amenaza, el secuestro, las lesiones y, finalmente, el asesinato. Hace un año, la violencia de la que son objeto los ayuntamientos ocupó la agenda nacional, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, que había denunciado extorsiones y amenazas de grupos vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Pero ese crimen, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado, en plenas celebraciones del Día de Muertos, no fue un hecho aislado; antes de él, 9 ediles fueron asesinados durante el primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y después de Manzo, otros tres han caído. Los 13 homicidios de alcaldes en lo que va de la presente Administración continúan una tendencia marcada en México desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, iniciada por el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Según datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), 47 presidentes municipales fueron asesinados en el sexenio de Calderón (2006-2012) y 42 en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La organización Data Cívica, que tiene un programa especial de monitoreo de la violencia política llamado Votar entre Balas, documentó el asesinato de 23 alcaldes en funciones y tres alcaldes electos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En total, 128 ediles fueron víctimas de asesinato en 20 años.
De cara a las elecciones de 2027, organizaciones y especialistas han vuelto a prender la alerta, pues los ataques a políticos en campaña se han venido incrementando. En 2018, la Secretaría de Gobernación reportó el asesinato de 34 aspirantes a cargos de elección popular, en un proceso que, por primera vez, registró una alta concurrencia de comicios locales con la elección federal (Presidencia, Senado y Cámara de Diputados). El Instituto Nacional Electoral, por su parte, registró 132 actos violentos ente septiembre de 2017 (inicio formal del proceso) y el 28 de junio de 2018 (el cierre de las campañas). Sin cifras exactas, las autoridades electorales informaron sobre el asesinato de más de 40 aspirantes a cargos de elección popular; en su gran mayoría, en el ámbito municipal.
En las elecciones de 2021, el INE documentó 30 asesinatos de aspirantes (8), precandidatos (11) y candidatos (11); de los cuales, 28 buscaban el cargo de regidor o presidente municipal. En esa elección, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó una estrategia de protección a candidaturas, luego de admitir que en México opera un “partido de la delincuencia organizada” que impone, coopta, amedrenta o elimina candidaturas para mantener el control territorial. La funcionaria expuso, en una conferencia mañanera en marzo de 2021, el modus operandi de los grupos criminales que, cuando no logran negociar acuerdos, recurren a “la intimidación de candidatos y familiares, la quema de domicilios, la extorsión, el secuestro y el asesinato”. Según dijo Rodríguez, quien pasó a la Secretaría de Gobernación en 2024, luego de comprar o amenazar a los candidatos a alcaldes, la delincuencia les impone a sus directores de la Policía Municipal, Finanzas y Obras Públicas. Pese a la violencia, al final de las elecciones de 2021, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que “los del crimen organizado se portaron bien”.
En 2024 se repitió la historia: durante los nueve meses del proceso electoral fueron asesinadas 36 personas, de las cuales 25 buscaban una presidencia municipal, 5 una regiduría y 2 una sindicatura. Nuevamente, la violencia política fue uno de los temas de la campaña, con casos de alto impacto como el de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, quien fue atacada a balazos en un recorrido a las afueras de un mercado, en plena luz del día y en el primer día de campaña. En ese año, la violencia se extendió más allá de la jornada de votación. El 1 de junio, después del cierre de casillas, fue asesinado Israel Delgado, candidato del PT a síndico municipal en Cuitzeo, Michoacán. El 3 de junio, en Santo Domingo Armenta, Oaxaca, mataron al candidato ganador a la presidencia municipal, el priista Atenógenes Baños. Y el 16 de junio, en Copala, Guerrero, asesinaron al alcalde electo Salvador Villalba, del partido local México Avanza.
Las especialistas temen que la violencia política vuelva a ser un sello distintivo del 2027, debido al gran número de cargos locales que estarán en juego: 2.230 alcaldías y 17.170 regidores, síndicos y concejales. Mónica Meltis, directora de Data Cívica, señala que el Estado mexicano no ha tomado medidas reales para evitar que 2027 vuelva a ser considerado el proceso electoral más violento de la historia, como se dijo de las elecciones de 2021 y 2024. Pero también advierte sobre un incremento de los ataques a funcionarios municipales después de las elecciones. “Hay un ejercicio de la violencia que no solo se mueve durante las campañas, sino que busca ejercer un control permanente de esos territorios”, señala . El último reporte de Votar entre Balas alerta de la violencia focalizada contra funcionarios municipales de las áreas de seguridad.
La consultoría Integralia, dirigida por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, alertó en su reporte de octubre que la intervención del crimen organizado, la violencia política y el financiamiento ilegal de campañas destacan entre los riesgos de las elecciones 2027. En un informe previo, emitido después del asesinato de Carlos Manzo, Integralia coincidió en que la violencia política no se presenta exclusivamente en años electorales, pero sí se intensifica en la antesala de los comicios. También señala que la violencia contra candidatos y funcionarios permite que el crimen organizado mantenga el control territorial, principalmente en las regiones donde operan los cárteles, como el corredor del Pacífico, donde en 2027 se elegirán ocho gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero. En sus reportes, Integralia también coincide en que no hay rutas oficiales para resolver el problema. La reforma político-electoral que propuso Sheinbaum en enero de este año, que finalmente no se aprobó por la resistencia de los aliados de Morena (Verde y PT), no contemplaba medidas contra la violencia política. Aunque el Congreso aprobó recientemente una reforma para crear una Comisión de Integridad del INE que permitirá que el gabinete de seguridad evalúe los antecedentes de los candidatos, esta medida es considerada insuficiente para detener la violencia que se recrudece cuando se eligen ayuntamientos, y tampoco garantiza que se vaya a frenar la injerencia del crimen organizado en las elecciones.
