Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha emitido el Decreto N° 714-26, que establece la normativa para coordinar la infraestructura digital estratégica y las inversiones en toda la Administración Pública como parte de los esfuerzos de modernización y reforma de la gestión pública del gobierno.
La normativa busca mejorar la eficiencia del gasto en tecnología, reducir la duplicación, fortalecer la interoperabilidad, proteger los datos estatales y garantizar la seguridad, la sostenibilidad y la continuidad de los servicios públicos digitales.
El Ministerio de Administración Pública (MAP) supervisará la implementación del reglamento, coordinando la identificación, evaluación, priorización y seguimiento de los contratos e inversiones digitales estratégicos, incluidos sistemas, plataformas, servicios en la nube y tecnologías emergentes.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la medida supone un hito en la gobernanza tecnológica nacional al abordar el gasto fragmentado y las inversiones aisladas entre las instituciones gubernamentales.
Según el artículo 6, el decreto declara que la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano son de interés estratégico nacional. Las inversiones estratégicas pueden requerir una evaluación técnica previa, coordinación interinstitucional o gestión conjunta.
La normativa también exige que las instituciones del Poder Ejecutivo obtengan una evaluación técnica de MAP antes de adquirir plataformas y soluciones digitales complejas. Esto permite la contratación coordinada entre múltiples entidades gubernamentales para lograr economías de escala y ahorros para el Estado.
El decreto crea una Comisión Técnica Interinstitucional para la Contratación e Inversiones Digitales Estratégicas, integrada por el MAP, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Finanzas y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contratación Pública y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Las normas también promueven la soberanía digital al exigir soluciones tecnológicas que garanticen la portabilidad, la interoperabilidad y la reversibilidad técnica de los datos. Se prohíben los contratos y los diseños de sistemas que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control del gobierno sobre sus datos.
Además, los contratos que impliquen inteligencia artificial y automatización avanzada deben incluir salvaguardias como la supervisión humana, la trazabilidad y la transparencia.
El reglamento no exime a las instituciones públicas de los requisitos vigentes en materia de contratación pública, presupuestos, transparencia, ciberseguridad, protección de datos personales y demás leyes aplicables.
