La presentación del informe rendido por la Comisión de Veeduría sobre la inversión de los RD$2,000 millones destinados al Ministerio de Deportes y Recreación, provenientes de recursos recuperados de casos de corrupción de administraciones anteriores, representa un acontecimiento que merece ser analizado más allá de las cifras y los anuncios oficiales. Estamos ante una oportunidad para convertir una de las prácticas más perjudiciales para la sociedad, como es el saqueo de los recursos públicos, en una herramienta de desarrollo, inclusión social y esperanza para miles de dominicanos.
El informe presentado el 8 de octubre de 2026, en una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, puso de relieve el destino de estos fondos en la construcción, reconstrucción y rehabilitación de instalaciones deportivas en diferentes comunidades del país. De acuerdo con las informaciones oficiales, el programa comprende 40 intervenciones en 15 provincias, con una inversión que supera los RD$2,000 millones. La Comisión de Veeduría también informó sobre ahorros de RD$125 millones obtenidos durante los procesos de licitación. Estos datos constituyen elementos importantes para evaluar la gestión de los recursos recuperados. (Presidencia de la República y Noticias SIN, 8 de octubre de 2026).
El dinero robado debe regresar al pueblo
La corrupción no es solamente un delito económico. Es también una agresión contra los derechos de la ciudadanía, porque cada peso sustraído del patrimonio público representa una oportunidad perdida para construir una escuela, reparar un hospital, mejorar una carretera o levantar una instalación deportiva.
Cuando los recursos del Estado terminan en manos particulares mediante prácticas ilícitas, las consecuencias las paga la población, especialmente los sectores más vulnerables. Por eso, recuperar ese dinero y destinarlo a obras de beneficio colectivo constituye una decisión que merece reconocimiento, siempre que se realice dentro de la legalidad y con absoluta transparencia.
En ese sentido, la asignación de los RD$2,000 millones al Ministerio de Deportes tiene un significado que trasciende la construcción de infraestructuras. Envía un mensaje importante: los recursos que fueron sustraídos o desviados del interés público deben volver a cumplir una función social.
Sin embargo, la recuperación del dinero no puede considerarse el final del proceso. Es apenas una parte de la responsabilidad del Estado. La verdadera reparación se produce cuando esos recursos se convierten en obras terminadas, servicios de calidad y oportunidades concretas para la población.
La importancia de invertir en el deporte
Durante décadas, numerosas comunidades dominicanas han reclamado instalaciones deportivas adecuadas. En muchos municipios, los jóvenes practican baloncesto, voleibol, béisbol y otras disciplinas en espacios deteriorados, sin condiciones apropiadas para entrenar y competir.
Esta realidad demuestra que invertir en el deporte no constituye un gasto superfluo, sino una inversión social de gran alcance.
Una cancha techada, un estadio rehabilitado o un complejo deportivo moderno pueden convertirse en espacios de formación, disciplina y convivencia. Allí los niños aprenden a respetar reglas, los adolescentes desarrollan sus capacidades y los jóvenes encuentran oportunidades para descubrir sus talentos.
El deporte también contribuye a fortalecer la salud física y mental, promover la integración comunitaria y ofrecer alternativas positivas frente a los riesgos de la delincuencia, las adicciones y la exclusión social.
Por eso, resulta significativo que los recursos recuperados se destinen a atender necesidades históricas de infraestructura deportiva. Según los datos divulgados por el Gobierno, el programa contempla instalaciones en provincias como La Vega, San Pedro de Macorís y San Juan, además de obras en otras localidades.
La prioridad debe ser que estas inversiones lleguen efectivamente a las comunidades que más las necesitan y que su distribución responda a criterios técnicos, sociales y territoriales, sin privilegios políticos ni discriminación geográfica.
La Comisión de Veeduría: una responsabilidad que exige resultados
La presentación del informe constituye también una oportunidad para valorar la función de la Comisión de Veeduría, integrada por personalidades de reconocida trayectoria en los ámbitos deportivo, jurídico, religioso y de la comunicación.
Presidida por el periodista Persio Maldonado, la comisión incluye a Milton Ray Guevara, Luisín Mejía, monseñor Héctor Rafael Rodríguez y José Joaquín Puello. Su misión consiste en dar seguimiento a los procesos de contratación y ejecución de las obras, así como contribuir a que los fondos se administren conforme a los principios de transparencia y responsabilidad pública. (Ministerio de Deportes y Recreación, 27 de enero de 2026).
La existencia de este organismo representa un paso positivo, pero su importancia dependerá de la calidad y profundidad de su trabajo. La credibilidad de una veeduría no se construye únicamente con la reputación de sus integrantes, sino con evidencias, verificaciones independientes y resultados que puedan ser examinados por cualquier ciudadano.
Por consiguiente, es fundamental que los informes presentados sean accesibles al público y contengan información verificable sobre los contratos, las empresas adjudicatarias, los presupuestos, los plazos de ejecución, los pagos realizados y el avance físico de cada proyecto.
También es necesario comprobar que el dinero desembolsado guarde correspondencia con los trabajos efectivamente ejecutados, que los materiales cumplan con las especificaciones técnicas y que las obras terminadas sean recibidas en condiciones adecuadas.
El ahorro de RD$125 millones reportado durante las licitaciones es una señal que merece atención favorable. No obstante, ese ahorro debe complementarse con garantías de calidad, durabilidad y cumplimiento contractual. Una obra barata que se deteriora rápidamente puede terminar costándole mucho más al Estado.
Transparencia sin triunfalismo
El Gobierno tiene razones para presentar los avances de esta iniciativa, pero también debe comprender que administrar recursos recuperados de la corrupción exige un nivel especialmente elevado de responsabilidad.
No basta con anunciar millones invertidos ni con presentar fotografías de construcciones. La ciudadanía necesita conocer qué se hizo, cuánto costó, cuándo estará disponible y quién responderá si aparecen irregularidades.
La rendición de cuentas debe mantenerse durante todo el ciclo de los proyectos, desde la licitación hasta la entrega y el mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, deben existir mecanismos para que las comunidades puedan denunciar retrasos, defectos constructivos o cualquier situación que afecte el interés colectivo.
Este proceso tampoco debe utilizarse para declarar culpabilidades generales contra personas o administraciones sin distinguir los hechos establecidos judicialmente de las investigaciones que continúan en curso. La lucha contra la corrupción exige firmeza, pero también respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
El propósito fundamental debe ser fortalecer las instituciones para que el dinero público deje de ser vulnerable a los intereses particulares.
Obras que deben permanecer al servicio de la gente
Otro aspecto que merece atención es el mantenimiento de las instalaciones deportivas. La experiencia demuestra que construir no es suficiente si después faltan recursos para reparar techos, cuidar las canchas, conservar los baños, mantener la iluminación o garantizar condiciones seguras para los usuarios.
Por ello, el Ministerio de Deportes y los gobiernos municipales deben establecer planes de mantenimiento y administración que aseguren la sostenibilidad de las obras. También deben promover programas deportivos permanentes, con entrenadores capacitados y horarios accesibles para niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
De esta manera, las instalaciones no serán simples estructuras de cemento, sino centros activos de desarrollo humano y comunitario.
Una oportunidad para recuperar la confianza
El informe de la Comisión de Veeduría debe interpretarse como un compromiso que todavía requiere seguimiento ciudadano. Recuperar RD$2,000 millones de casos de corrupción y destinarlos al deporte es una iniciativa valiosa, pero su éxito definitivo dependerá de que cada obra se complete con calidad, transparencia y utilidad social.
La sociedad dominicana necesita comprobar que la corrupción no tiene por qué dejar como herencia permanente la frustración y la desconfianza. Los recursos recuperados pueden contribuir a reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado al patrimonio colectivo.
La mejor forma de demostrarlo será entregar instalaciones deportivas funcionales, mantenerlas en buenas condiciones y permitir que las comunidades disfruten de ellas sin exclusiones.
En definitiva, el dinero recuperado de la corrupción debe convertirse en oportunidades para la gente, no en propaganda ni en nuevos espacios para la impunidad. El informe rendido por la Comisión de Veeduría abre una oportunidad para demostrar que la vigilancia ciudadana y la correcta administración pública pueden producir resultados concretos.
Ahora corresponde mantener los ojos abiertos, exigir información y evaluar los resultados. Porque el verdadero triunfo no será anunciar los millones recuperados, sino lograr que cada peso se traduzca en una cancha digna, un atleta con mejores condiciones, un niño con nuevas oportunidades y una comunidad que vuelva a confiar en sus instituciones.
Ese será el legado más importante de esta iniciativa: demostrar que el dinero que una vez perjudicó al pueblo puede regresar a sus manos para construir un futuro mejor.
