Una estructura capaz de mover cargamentos de cocaína hacia Europa, esconder millones de euros detrás de sociedades y promociones inmobiliarias y ofrecer a otras organizaciones criminales un sistema para lavar sus ganancias quedó al descubierto tras una investigación que se extendió durante tres años. El expediente terminó con 27 capturas, 38 registros y el bloqueo de bienes, cuentas bancarias y criptoactivos en varios países.
La operación, coordinada por Europol y desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil de España, permitió reconstruir un entramado que no se limitaba al tráfico de drogas. Con el paso de los años, la organización había creado una estructura empresarial que servía para recibir dinero procedente del narcotráfico, transformarlo en inversiones y esconder la identidad de quienes estaban detrás de los recursos.
En esa reconstrucción aparece Colombia. Las autoridades españolas establecieron que entre 2020 y 2021 la organización montó rutas para importar cocaína procedente de diferentes puertos colombianos y de Panamá mediante contenedores marítimos. Los cargamentos eran enviados hacia Europa y terminaban abasteciendo a organizaciones criminales asentadas en España.
Un cargamento de cocaína estaba escondido en una caleta. Foto:Archivo particular
Para mover la droga fueron utilizadas modalidades conocidas como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, mecanismos empleados para introducir cocaína dentro de contenedores vinculados al comercio marítimo internacional. La información divulgada por las autoridades no precisa desde qué zonas de Colombia salían los cargamentos ni qué puertos fueron utilizados.
El expediente comenzó a tomar forma en septiembre de 2023. El análisis de plataformas de mensajería encriptada permitió identificar una red que coordinaba envíos de droga con destino a Europa y condujo a los investigadores hasta los presuntos responsables de cuatro incautaciones realizadas en Panamá.
Los decomisos superaban, en conjunto, los 1.500 kilos de cocaína. A partir de esas operaciones, los investigadores comenzaron a seguir las comunicaciones, los movimientos patrimoniales y las sociedades relacionadas con quienes aparecían detrás de los cargamentos.
Agentes de la Guardia Civil participaron en la operación. Foto:Cortesía
Las pesquisas determinaron que el grupo hacía parte de la rama española de una estructura vinculada con referentes del narcotráfico internacional. Según las autoridades, tenía capacidad económica y operativa para mantener el ingreso de cocaína y sostener al mismo tiempo una red dedicada a administrar el dinero producido por esas operaciones.
La dimensión de ese entramado quedó expuesta el pasado 2 de octubre. Hubo 38 registros y 27 capturas. Veintiséis personas fueron detenidas en España y otra en República Dominicana. Dos de los investigados estaban catalogados por Europol como “High Value Targets”.
Las detenciones se realizaron en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería y León. En República Dominicana fue localizado uno de los señalados responsables de la organización, quien fue capturado en una villa con participación de agentes españoles y de la Dirección Nacional de Control de Drogas de ese país.
Pero mientras la cocaína procedente de Colombia y Panamá alimentaba una parte del negocio, el dinero que dejaban los cargamentos seguía otro recorrido. La investigación encontró un entramado empresarial utilizado para introducir esos recursos en actividades legales.
Policía de España Foto:Archivo particular
Uno de los principales vehículos fueron las inversiones inmobiliarias. Sociedades mercantiles relacionadas con los investigados participaban en promociones, urbanizaciones y viviendas ubicadas principalmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
A través de esas compañías se canalizaban millones de euros que, según los investigadores, procedían del tráfico de drogas. Las sociedades permitían, además, separar formalmente a los beneficiarios de los inmuebles y dificultar la identificación de quienes controlaban realmente las propiedades.
La operación derivó en medidas sobre decenas de activos. Las autoridades informaron inicialmente de la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo. El balance de la investigación señala, además, actuaciones sobre 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados con los investigados.
El modelo terminó ampliándose. La estructura ya no se ocupaba únicamente de lavar el dinero generado por sus propias operaciones de narcotráfico, sino que comenzó a prestar el mismo servicio a otras organizaciones.
Incautación de Cocaína. Foto:Suministrada.
Las autoridades españolas describen ese esquema como “crime as a service”. El entramado ponía sus sociedades y mecanismos financieros a disposición de terceros para adquirir bienes, ocultar patrimonios y trasladar recursos procedentes de actividades criminales hacia el circuito legal.
De esa manera se crearon dos fuentes de ingresos. Una provenía del tráfico de cocaína y la otra de las comisiones recibidas por prestar servicios de blanqueo a otras organizaciones.
El esquema permite seguir dos recorridos dentro de una misma estructura. Por un lado, estaba la droga enviada desde América Latina hacia Europa. Por otro lado, el dinero obtenido tras su comercialización, que era trasladado hacia sociedades, inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias.
Los registros practicados durante la operación permitieron intervenir 40 vehículos y dos embarcaciones, además de 271.521 euros en efectivo, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares.
También fueron bloqueados más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos y 26 cuentas bancarias, tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo. Las autoridades actuaron, además, sobre más de 100 personas jurídicas relacionadas con el entramado.
Durante los allanamientos fueron encontradas seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador y más de 800 cartuchos. También fueron incautados puños americanos, táseres, defensas eléctricas y extensibles, y puñales.
La conexión colombiana que aparece en el expediente está concentrada, hasta ahora, en el abastecimiento de cocaína utilizado por la organización entre 2020 y 2021. La información revelada por las autoridades españolas no identifica a los proveedores en Colombia, a las estructuras responsables de entregar la droga ni a los puntos desde los cuales fueron enviados los cargamentos.
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La investigación está dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. A los capturados se les atribuyen delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Redacción Justicia
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