El gobierno del presidente Donald Trump amplió las operaciones que empresas estadounidenses pueden realizar con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero mantuvo el control de buena parte del dinero que generan esas transacciones.
La nueva Licencia General 52C, expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, autoriza una amplia gama de negocios con PDVSA y con las empresas en las que la petrolera venezolana tenga, directa o indirectamente, una participación de al menos el 50 por ciento.
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La apertura incluye operaciones relacionadas con la compra, venta, transporte y comercialización de petróleo venezolano, el suministro de bienes y tecnología y nuevos contratos de inversión para actividades de exploración y producción.
Washington, sin embargo, mantuvo una estrecha supervisión de esas operaciones y, especialmente, del movimiento de los recursos que generan.
La apertura incluye operaciones relacionadas con el petróleo venezolano. Foto:Getty Images
De acuerdo con la licencia, los pagos monetarios destinados a personas bloqueadas por las sanciones estadounidenses deberán depositarse en los llamados Foreign Government Deposit Funds o en otras cuentas que determine el Departamento del Tesoro. La norma establece algunas excepciones, entre ellas el pago de impuestos locales, permisos y tasas.
El mecanismo le otorga a Washington un papel central en la gestión de esos recursos. Quienes deban realizar depósitos en los fondos especiales deben entregar previamente información sobre las empresas y personas involucradas, el contrato que origina el pago, el monto, la moneda, la fecha de la operación y las facturas correspondientes.
PDVSA es la empresa estatal encargada del petróleo en Venezuela. Foto:AFP
Una vez recibida esa información, el gobierno estadounidense proporciona los datos de la cuenta en la que debe realizarse el depósito.
En otras palabras, EE. UU. está ampliando las posibilidades de hacer negocios con PDVSA sin permitir que todos los ingresos destinados a personas sancionadas queden automáticamente a su libre disposición. Y, precisamente, el manejo de ese dinero se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos del nuevo esquema petrolero.
La puja demócrata para revisar documentos de los acuerdos petroleros
El representante demócrata Joaquín Castro intentó obligar a la administración Trump a entregar documentos relacionados con sus acuerdos petroleros en Venezuela. El legislador sostiene que, nueve meses después del inicio de la nueva política, el Congreso todavía no cuenta con suficiente información sobre el origen y el destino de miles de millones de dólares que se han movido a través del sistema.
Hay miles y miles de millones de dólares en juego. Ya se han otorgado contratos. No sabemos de dónde viene ni adónde va el dinero
Joaquín castroRepresentante Demócrata
Castro, principal demócrata del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, presentó una moción para citar a agencias federales y compañías privadas y obtener documentos relacionados con el acuerdo alcanzado con North American Blue Energy Partners, NABEP.
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La empresa pertenece al empresario venezolano Alejandro Betancourt y, según la oficina de Castro, recibió un acuerdo para adquirir participaciones y control sobre 17 campos petroleros venezolanos.
La moción no prosperó. Los seis demócratas del subcomité votaron a favor de emitir las citaciones y los seis republicanos lo hicieron en contra, por lo que la votación terminó empatada 6 a 6.
Joaquín Castro, representante demócrata de EE. UU. Foto:CASTRO HOUSE
Durante el debate, Castro centró buena parte de sus cuestionamientos en el dinero. “Hay miles y miles de millones de dólares en juego. Ya se han otorgado contratos. No sabemos de dónde viene ni adónde va el dinero”, afirmó el legislador.
Posteriormente insistió en que miles de millones de dólares han cambiado de manos desde que la administración Trump asumió un papel directo en el sector petrolero venezolano y sostuvo que todavía no existe suficiente claridad sobre quién se está beneficiando.
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Los ingresos petroleros por Venezuela y las críticas en EE. UU.
Los cuestionamientos no comenzaron esta semana.
En abril, Castro, el representante Sean Casten y los senadores Tim Kaine y Chris Van Hollen solicitaron a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) una auditoría sobre el manejo de los ingresos petroleros venezolanos.
En la carta señalaron que inicialmente se habían depositado US$500 millones en una cuenta bancaria en Qatar, propiedad de Venezuela, pero controlada por EE. UU. También mencionaron un pago de 300 millones de dólares que ya había sido enviado al gobierno venezolano para pagar los salarios de los empleados públicos.
Los legisladores señalaron entonces que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había reconocido que no existía un acuerdo formal de auditoría, aunque su departamento planeaba contratar auditores externos para revisar futuros pagos.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, en Washington. Foto:AFP
Posteriormente, según la misma carta, el secretario de Energía, Chris Wright, informó que los ingresos petroleros ya no se canalizaban a través de Qatar y que ahora se depositaban directamente en cuentas administradas por el Tesoro estadounidense y propiedad de PDVSA.
Wright dijo que las ventas habían generado mil millones de dólares y que esperaba otros 5.000 millones de dólares en las semanas siguientes. También sostuvo que Venezuela podría recibir hasta 1.500 millones de dólares mensuales y decidir cómo gastar esos recursos, entre otras cosas, en la compra de suministros médicos estadounidenses y reparaciones de la red eléctrica.
Los cuatro legisladores pidieron a la GAO que examinara tanto el periodo en el que los recursos pasaron por Qatar como el nuevo mecanismo de cuentas controladas por el Tesoro y cualquier sistema que posteriormente lo reemplazara. También solicitaron evaluar los controles existentes para prevenir el fraude, el despilfarro, el abuso y los conflictos de interés.
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La nueva licencia del Tesoro no responde por sí sola a esos interrogantes. Sí permite entender mejor el grado de control que Washington conserva sobre el circuito financiero.
La licencia 52C y las dudas sobre el uso de recursos
La Licencia 52C establece el camino que deben seguir determinados pagos y permite al Tesoro decidir en qué cuentas serán depositados. Conocer ese recorrido inicial, sin embargo, no necesariamente permite determinar cómo se utilizan posteriormente todos los recursos, qué empresas reciben contratos vinculados a la explotación petrolera o quiénes son los beneficiarios finales del sistema.
Esa diferencia está en el centro de los cuestionamientos de Castro.
Alejandro Betancourt, empresario venezolano. Foto:Alejandro Betancourt web
El legislador ha concentrado parte de sus críticas en Betancourt y NABEP. Su oficina ha descrito al empresario como alguien que construyó su fortuna mediante negocios corruptos con el gobierno venezolano anterior. Esa es la caracterización de Castro y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre Betancourt.
La Licencia 52C también impone otras condiciones a las operaciones con PDVSA. Los contratos cubiertos por la autorización deberán establecer que cualquier procedimiento para resolver disputas se lleve a cabo en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.
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Ese requisito merece una precisión. Las reglas actuales ya no obligan a que esos contratos se rijan por las leyes estadounidenses, una condición que OFAC eliminó a finales de agosto. Pero sí mantienen la exigencia de que los procedimientos para resolver disputas se lleven a cabo en alguna de esas cuatro jurisdicciones.
La licencia también mantiene importantes restricciones relacionadas con Citgo.
Las nuevas autorizaciones no pueden utilizarse para modificar la estructura de gobierno de PDV Holding, Citgo Holding o CITGO Petroleum. Eso incluye operaciones destinadas a nombrar, remover o sustituir directores, funcionarios u otras personas responsables del gobierno de esas compañías.
Las autorizaciones no pueden utilizarse para modificar estructura de Citgo Holding o CITGO Petroleum Foto:Archivo particular
El manejo del dinero, entretanto, podría recibir un escrutinio distinto tras las elecciones legislativas de noviembre.
El resultado determinará quién controla la Cámara de Representantes y, con ello, quién preside sus comités y decide buena parte de su agenda de supervisión. Un eventual cambio de mayoría podría dar a los demócratas una mayor capacidad para impulsar investigaciones, convocar audiencias y ejercer el poder de citación. Si los republicanos mantuvieran el control, conservarían esas facultades.
Por ahora, Castro y otros legisladores han tenido que recurrir a solicitudes de información, a pedidos de auditorías y a mociones como la presentada esta semana. A partir de enero, la capacidad del Congreso para profundizar esas investigaciones dependerá también de quién tenga en sus manos los comités.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
