En una corte federal de Miami, el contratista petrolero venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín admitió haber pagado un soborno de un millón de dólares a una funcionaria del Ministerio Público para que enterrara la investigación sobre los contratos que su grupo familiar había obtenido de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Años después de aquella admisión, una red empresarial vinculada al mismo apellido reapareció operando un campo de 81.000 barriles diarios en el lago de Maracaibo, mediante una sociedad registrada en Suiza.
De las ruinas productivas de Pdvsa emergió una red heterogénea de beneficiarios que se repartió la renta petrolera. Entre los años 2023 y 2025, la captura del ingreso nacional dio forma a perfiles muy específicos: figuras de paja para encubrir a los verdaderos dueños, operadores con influencia política o control del territorio, y facilitadores que aportaban banderas internacionales y entramados empresariales. Si bien las líneas que dividen a estos actores se solapan con frecuencia, distinguir sus roles resulta fundamental para entender quiénes se quedaron con el dinero que no percibió el Estado venezolano.
En el modelo de los Contratos de Participación Productiva (CPP) que se adjudicaron entre 2024 y finales de 2025, el testaferro corporativo es la empresa que figura como titular de un contrato para ocultar al verdadero adjudicado. Presta un nombre, una firma y una nacionalidad, y cobra por ello. Su forma típica es la firma sin trayectoria petrolera, sin página web y sin historial, que aparece como operadora de un campo con reservas por centenares de miles de barriles.
La ausencia de pasado no es un descuido: es la función. Una empresa sin huella es una firma cuyo dueño real no se puede rastrear, lo que constituye una herramienta para que la renta de un campo termine en manos que nunca aparecen en el contrato.
Accumes: la fachada suiza y el operador venezolano
Accumes Holdings AG se constituyó en Suiza el 1° de diciembre de 2021, con el capital mínimo legal de 100.000 francos suizos, en el cantón de Zug —conocido por sus ventajas fiscales—, y después trasladó su sede a Ginebra. A finales de 2022 obtuvo un CPP en Urdaneta Lago, un conjunto de campos para los que se proyectó una producción de 81.000 barriles diarios, una porción significativa de la producción occidental de Pdvsa.
La empresa figura formalmente como titular del contrato, pero su consejo de administración suizo —en el registro mercantil aparecen los nombres de Glenn Andrew Mellor y Herbert Wilhelm Lanz— solo cumple la función que la ley de ese país exige: proveer directores residentes que dan personería jurídica al negocio. No son los dueños del vehículo; son la carrocería legal.
Los operadores reales sobre el terreno eran Juan Carlos Mora y Carlos Urbano, quienes coordinaban los taladros y gabarras en el lago de Maracaibo, gestionaban la relación con Pdvsa y controlaban la logística. La estructura es el modelo puro del testaferro corporativo: una sociedad helvética que protege la identidad de los beneficiarios económicos bajo el velo del secreto societario suizo, mientras quienes ejecutan operan en Caracas.
Un dato refuerza el patrón: la dirección registrada por la sucursal de Accumes en Caracas coincide, según esa documentación, con la de otra adjudicataria de CPP, China Concord Resources, señal de que un mismo operador manejaba varias marcas corporativas a la vez.
Hay además una conexión que enlaza con la incursión empresarial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el sector petrolero. La infraestructura portuaria que sirve a Urdaneta Lago —las terminales lacustres Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, en el municipio Lagunillas del estado Zulia— fue acondicionada en 2017 por la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), tras la firma de un comodato. Los muelles servirían al campo Urdaneta Lago y a toda la División Occidente de Pdvsa.
El campo en manos de una fachada suiza dependía de muelles habilitados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En Urdaneta Lago, el testaferro corporativo y el militar-empresario no compiten: se complementan como eslabones sucesivos de la misma cadena de captura de un activo.
Urbano Fermín: el nivel probado
Carlos Esteban Urbano Fermín pertenece al grupo Cuferca (Constructora Urbano Fermín C.A.), una de las mayores contratistas de la Faja Petrolífera del Orinoco durante el auge de Pdvsa. Llegó a controlar una flota de cientos de vehículos industriales y se adjudicó 14 contratos de envergadura con la estatal y con la empresa mixta Petrocedeño, además de constituir con Pdvsa en 2014 la empresa mixta Servicios Logísticos Petroleros Orinoco. En 2017, la Fiscalía venezolana imputó a los hermanos Urbano Fermín por delitos de peculado, asociación para delinquir y lavado de dinero; Carlos Esteban fue detenido en septiembre de ese año.
La admisión de culpa en la corte de Miami de Carlos Enrique Urbano Fermín —el pago de un millón de dólares para frenar las pesquisas sobre los contratos de Cuferca— quedó establecida por confesión del propio implicado.
El patrón de los nombres genéricos
El testaferro corporativo, más allá de cada caso, se reconoce porque sigue un patrón de forma. Cuando se ordenan las empresas que recibieron CPP, salta a la vista una regularidad en la denominación: "Resources", "Energy Partners", "Holdings", "Investing", "Limited" y "Corp". Ejemplos de ello son Proven Reserves Limited, North American Blue Energy Partners, Orinoco Oil, Conbest Group, Production Logging Specialist y Colven Business & Corp.
No son marcas industriales consolidadas con historia operativa; son nombres construidos, genéricos e intercambiables. Una empresa que recibe para su extracción reservas por miles de millones de barriles debería tener una trayectoria proporcional a ese activo. Si no la tiene y el nombre es lo único sustancial que se le conoce, la denominación deja de ser un dato neutro y se convierte en un indicio.
Existen variantes aún más llamativas: Rafmor Obras Civiles & Materiales, una empresa de construcción, aparece como adjudicataria del campo Franquera; así, una contratista de obra civil se convierte en vehículo petrolero. Por su parte, Territorio Holding Group figura como holding y no como petrolera, pues su propia denominación no describe ninguna actividad de hidrocarburos.
Cada una de estas anomalías evidentes plantea una interrogante: ¿quién evaluó la capacidad financiera y técnica de estas empresas antes de entregarles un campo? Quienes finalmente suscribieron los contratos fueron los directivos de Pdvsa y son los responsables. No hubo un procedimiento público: la Ley Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos permitió adjudicar a dedo y bajo reserva campos petroleros que valen miles de millones de dólares.
La ausencia de concurso o licitación conecta al testaferro con una genealogía más larga y articulada. La figura del privado que opera un campo por cuenta de Pdvsa existe desde los Convenios Operativos de los años noventa, los cuales fueron eliminados en 2006 por Hugo Chávez en nombre de la soberanía, mediante la reforma por decreto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Desaparecieron los convenios con Shell, BP, ConocoPhillips y ExxonMobil, pero no las necesidades de capital, tecnología y equipos que Pdvsa requería. Sin que la prohibición gubernamental desapareciera, se reanudaron los acuerdos de servicio (Erepla, 2018), que luego fueron amparados en la Ley Constitucional Antibloqueo (2020) y se formalizaron como Acuerdos de Servicios Productivos y, finalmente, como Contratos de Participación Productiva.
La diferencia decisiva con los Convenios Operativos de los años noventa no radica en el modelo económico, que es semejante, sino en la transparencia: aquellos eran visibles en gacetas, con contratos conocidos, socios identificables y debate parlamentario; estos son reservados, secretos y confidenciales. El testaferro prospera, precisamente, en esa diferencia, aunque no necesariamente ocurre lo mismo con el país.
El intermediario comercial
El segundo beneficiario no opera campos: mueve el crudo. El intermediario comercial compra la producción a Pdvsa —o se la lleva como pago de una deuda— y la coloca en el mercado, normalmente con un descuento que él captura, a través de rutas, navieras y compradores que la estatal no controla ni divulga.
En una industria bajo sanciones, donde vender petróleo se volvió tan difícil como producirlo, el intermediario que sabe colocar un cargamento sin activar los controles internacionales representa una pieza tan valiosa como el operador que lo extrae. Por lo tanto, cobra en consecuencia.
El caso Pdvsa-Cripto dejó documentada la mecánica del cobro. Bajo la gestión de Tareck El Aissami y un equipo de oficiales de la FANB, se asignaban buques cargados de fuel oil y coque a un grupo de empresarios que pagaban comisiones de entre 15% y 30% para mantener sus contratos con Pdvsa. Ese peaje del intermediario es la forma más directa de captura de renta: un porcentaje por cada cargamento que no responde a ningún servicio productivo, solo al acceso. El desfalco total de la trama se cifró oficialmente en más de 5.550 millones de dólares.
El intermediario por excelencia del gobierno de Nicolás Maduro fue Alex Saab, y su caso muestra que la función no se limita al crudo: el mismo operador que colocaba petróleo podía abastecer los combos de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Alex Saab y Álvaro Pulido construyeron, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una red que importaba alimentos para el programa estatal con sobreprecios documentados. La misma estructura de intermediación que inflaba el precio de una caja de comida servía para colocar crudo y mover divisas: el intermediario no es un especialista en un producto, sino en el acceso al contrato.
Las deudas que quedaron escritas
Pdvsa entregó crudo a intermediarios que nunca pagaron y las cifras están documentadas:
Empresas Comercializadoras de Alimentos Eveba, propiedad de los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, registrada inicialmente en Belice con una subsidiaria en Serbia, adeuda a Pdvsa poco más de 310,49 millones de dólares por crudo transportado en 2021.
Maroil Trading, la empresa con sede en Ginebra del venezolano Wilmer Ruperti, responsable de la mayor parte de las exportaciones de coque de petróleo del país, adeuda 423,7 millones de dólares; a cambio, Maroil prometió invertir 138 millones de dólares en reparar infraestructura.
Una empresa registrada en Irlanda, homónima de la caraqueña Supraquimic y operada por José Alfredo Llamozas, selló en diciembre de 2020 un contrato de alimentos por crudo por 260 millones de dólares, realizó nueve embarques por más de 221 millones de dólares y aún los adeuda.
Esos montos provienen de la investigación oficial que reconoció los impagos. Su existencia prueba el mecanismo —el Estado entregó crudo y no cobró— aunque la calificación penal de cada caso siga su curso. Ese patrón de recibir el producto fue utilizado por decenas de intermediarios constituidos semanas antes en jurisdicciones opacas que desaparecieron cuando llegó el cobro, debido a que se otorgaba crédito a todo el que lo pidiera.
La familia del poder
El tercer beneficiario es el que más se acerca al núcleo: personas vinculadas —por parentesco, matrimonio o confianza política— a las cabezas del Estado, quienes aparecen como beneficiarios últimos de contratos y comercializaciones. Así se asocia a Álvaro Pulido —colaborador estrecho de Alex Saab— con Nicolás Maduro, como presunto testaferro; a los hermanos Khalil Majzoub con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, con Delcy Rodríguez; a Ramón Carretero Napolitano con Cilia Flores y con Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Flores; y a Wilmer Ruperti con Nicolás Maduro. Son las familias en el poder dentro del negocio petrolero. A Alejandro Betancourt se le vincula actualmente a Trump.
De los grupos señalados, los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub son los que cuentan con un rastro documental más amplio. Conforman uno de los sectores más beneficiados con contrataciones opacas, vinculados a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados, con intereses en alimentos, energía y tecnología, además de haber sido beneficiarios de dólares preferenciales cuando regía el control de cambio.
Jorge Giménez, Ramón Carretero Napolitano y Alejandro Betancourt (identificado con las iniciales "AB") aparecen anotados en una libreta incautada a Julio Martínez, mano derecha del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación judicial en España por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
A quiénes no tocó la justicia
Cuando el gobierno de Maduro destapó el caso Pdvsa-Cripto y encarceló a decenas de operadores, varias de las figuras señaladas como intermediarios clave no fueron citadas ni imputadas: Jorge Giménez (vinculado a Delcy Rodríguez), Carlos Erik Malpica Flores (sobrino de Cilia Flores), Ramón Carretero Napolitano (ligado a Malpica Flores y a la pareja presidencial) y los hermanos Khalil Majzoub.
Si la justicia persigue a unos intermediarios y no a otros que las investigaciones señalan por los mismos hechos, la persecución no obedece a la gravedad de la conducta, sino a la posición política del implicado. La purga no fue un acto de justicia ciega: constituyó un instrumento de poder que distinguió entre los beneficiarios prescindibles y los protegidos.
El cuarto beneficiario presta algo más específico que un nombre: presta una nacionalidad. El extranjero de fachada es la empresa que se presenta como inversión internacional —china, suiza o emiratí— para revestir de respetabilidad o de cobertura geopolítica una operación cuyo control efectivo o beneficiario se encuentra en otra parte.
En la Venezuela sancionada, la bandera extranjera cumplía dos funciones: sugería que un aliado poderoso respaldaba el negocio y dificultaba que las autoridades occidentales rastrearan al beneficiario real. El caso emblemático es el de China Concord Petroleum Co. (CCPC), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 por transportar petróleo iraní. Su empresa hermana, China Concord Resources (CCRC), firmó con Pdvsa un CPP a 20 años sobre los campos Lago Cinco y Lagunillas Lago, comprometió más de 1.000 millones de dólares para reactivar cerca de 500 pozos y llevó al lago de Maracaibo la plataforma de perforación Alula, la primera infraestructura petrolera de envergadura que llegó a esa cuenca en años.
Sobre el papel es una inversión china, pero CCPC operaba en Venezuela como vehículo del entorno de Alex Saab. La coincidencia de domicilio caraqueño entre China Concord Resources y la suiza Accumes sugiere que detrás de las distintas banderas opera una red local.
El patrón se repite con otros nombres que aparecen en las tablas de adjudicación de CPP: Hainan Breey Energy sobre el campo Dobokubi —presentada como empresa de Hainan, pero cuyo rastro conduce a Panamá y a un allegado de la familia presidencial—; Conbest Group y Anhui Guangda sobre bloques del campo Ayacucho en la Faja Petrolífera del Orinoco; y Accumes con su estructura suiza.
Una regularidad llamativa es que las empresas con nombre extranjero y sin trayectoria conocida reciben bloques con reservas de miles de millones de barriles.
La red de la renta petrolera en Pdvsa
Estructura de captura, intermediación y fuga de la riqueza energética (2018–2026)
Módulo 1: Diagrama de flujo de la captura financiera
Seleccione el modelo comercial para observar la transición del control público a la intermediación opaca.
El operador histórico reconvertido
El quinto beneficiario lleva décadas en el negocio. Es el empresario o la red que se formó en un ciclo anterior de la industria —la apertura de los noventa, el auge de la Faja o el paro de 2002— y que, lejos de desaparecer con cada crisis, se adapta y reaparece con un vehículo corporativo nuevo, pero con las mismas capacidades y contactos.
Ningún caso ilustra mejor esta continuidad que el de Wilmer Ruperti. Marino mercante formado en filiales de Pdvsa, saltó a la primera línea entre 2002 y 2003, cuando puso su flota de tanqueros —incluidos buques fletados de origen ruso— al servicio de Hugo Chávez para romper el paro petrolero.
Desde entonces, maneja una porción dominante del mercado de transporte de crudo venezolano a través de sus empresas Maroil Trading y Global Ship Management. Dos décadas después, bajo sanciones internacionales, Maroil controlaba la mayor parte de las exportaciones de coque de petróleo desde el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui.
Ruperti financió la defensa legal de los sobrinos de Cilia Flores. En una economía hipercentralizada, pagar la defensa de los allegados del poder no constituye un gasto, sino una inversión en el activo más valioso: el acceso.
Erepla: el puente que precede a las sanciones
El perfil del operador histórico estructural lo aporta Erepla Services LLC. Registrada en Delaware en noviembre de 2018 —dos meses antes de firmar acuerdos con Pdvsa—, Erepla, vinculada al magnate estadounidense Harry Sargeant III, se comprometió a invertir 500 millones de dólares para reactivar los campos Tía Juana Lago, Rosa Mediano y el bloque Ayacucho 5, a cambio de una parte del crudo producido.
Erepla financiaba la recuperación y cobraba en producción entre 2018 y 2019, antes de la promulgación de la Ley Constitucional Antibloqueo en 2020. La estructura corporativa de Sargeant, Global Oil Management Group, figura en registros offshore de San Cristóbal y Nieves desde diciembre de 2015. El modelo que la Ley Antibloqueo legalizó en 2020 se ensayaba años antes.
El nuevo beneficiario de la transición
El sexto beneficiario es el que gana tras la reestructuración del panorama político. La caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y la intervención de la administración estadounidense reordenaron el reparto, pero no lo abrieron al escrutinio público, sino que lo entregaron a un nuevo conjunto de actores bajo las mismas reglas de discrecionalidad. Existen dos grandes grupos de nuevos beneficiarios que resulta conveniente distinguir.
El primero está integrado por las grandes transnacionales occidentales que regresaron con licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: Chevron a la cabeza —que con sus empresas mixtas produce cerca de una cuarta parte del crudo nacional—, seguida por BP, Eni, Repsol y Shell, con ExxonMobil y ConocoPhillips evaluando su retorno. Son operadores reales y públicos que cobran deudas históricas o invierten bajo contratos que —por presión de Washington— tienden a ser más formales.
Su beneficio es legítimo en su forma, aunque plantee la misma pregunta de fondo que toda la serie: cuánta de la renta del país termina en manos privadas y cuánta llega al Estado.
Sargeant y NABEP: el amigo del presidente
El segundo grupo reproduce con aires nuevos el patrón de siempre. Su caso emblemático es North American Blue Energy Partners (NABEP), filial de Global Oil Management Group, la corporación del magnate estadounidense Harry Sargeant III, expiloto de combate y multimillonario de Florida.
NABEP, registrada en Barbados y con oficinas en Caracas, Maracaibo y Lechería, asumió la operación de Petrozamora, en el lago de Maracaibo, y elevó su producción de unos 25.000 a más de 55.000 barriles diarios; más tarde sumó proyectos en Junín Sur y en Petrocedeño, uno de los mejoradores de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco.
El contrato entre NABEP y Pdvsa remite a un acuerdo confidencial fechado el 17 de abril de 2024, cuyas partes eran Pdvsa, la CVP (Corporación Venezolana del Petróleo), NABEP, Alejandro Betancourt y el propio Sargeant, firmado por el entonces presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea.
El plan original era emparejar a Sargeant con Wilmer Ruperti, lo que cerraría el círculo entre el beneficiario de la transición y el operador histórico; la amenaza de una acción legal de Betancourt —socio de Petrozamora desde 2013— reorientó la alianza.
El nuevo beneficiario de la transición, en su versión más visible, no es un desconocido, sino Sargeant, un empresario con acceso simultáneo al poder venezolano y a la órbita gubernamental estadounidense.
La revisión de 2026: depurar sin transparentar
El reordenamiento tuvo su propia purga. Pdvsa puso en revisión los 26 contratos —13 de ellos CPP— otorgados entre 2024 y 2025, con Estados Unidos presionando para rescindir aquellos cuyos socios fueran entidades no estadounidenses o poco conocidas. Cambió la lista de beneficiarios, pero el procedimiento discrecional, sin licitación ni publicación, permaneció intacto.
La producción venezolana se recuperó —de unos 337.000 barriles diarios en 2020 a más de un millón de barriles diarios en 2026—, pero los ingresos del Estado no crecieron en la misma proporción. El país recuperó barriles más rápido de lo que recuperó renta pública. Esa brecha es la huella agregada de los beneficiarios: cada comisión de intermediario, cada porción de margen del operador privado, cada descuento al comprador de contingencia y cada deuda incobrable es un trozo de renta que no llegó a las cuentas del país.
Los nuevos CPP no son contratos de servicio con tarifa fija, sino acuerdos en los que el operador privado comercializa parte de la producción y recibe directamente los ingresos de la venta. El circuito clásico se fragmentó: ahora el operador puede producir, vender y cobrar, mientras que el Estado recibe una porción posterior y menor.
Otro hecho financiero lo reveló la propia Delcy Rodríguez: los contratos de participación debían aportar 1.400 millones de dólares de inversión privada en 2026, frente a unos 900 millones de dólares el año anterior. Nadie invierte esas sumas sin recuperarlas con rentabilidad, lo que implica que una parte creciente del flujo petrolero futuro está comprometida antes de llegar al presupuesto nacional. Lo que llega al Estado es un residuo de ese reparto.
Cuando cayó Maduro, muchos de estos beneficiarios cayeron con él o fueron desplazados. Sin embargo, el lugar que ocupaban no quedó vacío: lo ocuparon otros. El testaferro fue reemplazado por otro testaferro, el intermediario por otro intermediario y el extranjero de fachada por un nuevo extranjero con mejor pasaporte político. No cambió el sistema; cambió el reparto. Mientras continúen la confidencialidad, los contratos sin licitación y el control sin cuentas, la única certeza es que siempre habrá beneficiados y que el país rara vez lo será. sin cuentas— la única certeza es que siempre habrá beneficiados y que el país rara vez lo será.
