Los afectados aseguran disponer de certificaciones oficiales que contradicen informaciones utilizadas en el proceso de cobro. El caso será sometido ante las autoridades competentes.
LA ALTAGRACIA.– Una denuncia que involucra el presunto uso de documentación irregular para obtener el embargo de cuentas bancarias de ciudadanos argentinos será presentada formalmente ante las autoridades judiciales.
De acuerdo con los denunciantes, un abogado de la provincia La Altagracia, vinculado también a la actividad política y al ejercicio de una función pública, habría utilizado junto a sus clientes una compulsa notarial para sustentar un proceso de cobro.
El documento presentado hacía constar la existencia de un pagaré supuestamente registrado ante el Ayuntamiento correspondiente. Sin embargo, al solicitarse una certificación oficial, se habría comprobado que dicho registro no figura en los archivos de la institución.
Las verificaciones posteriores también habrían arrojado serias dudas sobre el acto notarial utilizado, incluyendo cuestionamientos sobre su existencia y sobre las condiciones en que fue instrumentado y presentado.
Aunque presuntamente se habría señalado que el documento solo buscaba ejercer presión o “asustar” a los afectados, sus consecuencias fueron reales: las cuentas bancarias fueron embargadas.
Esta medida ha provocado dificultades para cubrir compromisos familiares, escolares y comerciales, así como el pago de alquileres y otras obligaciones. Los daños económicos derivados de la situación continúan siendo cuantificados.
Los denunciantes afirman contar con certificaciones oficiales, documentos y actuaciones suficientes para sustentar el caso, los cuales serán depositados ante el Ministerio Público y las demás autoridades competentes para que se investigue la posible falsificación o utilización consciente de documentos irregulares.
Por respeto al debido proceso y a la investigación que se pondrá en marcha, los nombres de las personas involucradas no serán revelados por el momento.
No obstante, los afectados plantean tres preguntas fundamentales:
Si el pagaré existe, ¿dónde está el original?
Si fue registrado, ¿dónde consta oficialmente ese registro?
Y si se utilizó información falsa para obtener un embargo y perjudicar a terceros, ¿quiénes deberán responder por los daños ocasionados?
“Esta no es una acusación improvisada ni un conflicto personal. Estamos hablando de cuentas bancarias embargadas, familias afectadas y daños económicos concretos. Todo será colocado en manos de las autoridades”, expresaron los denunciantes.
Asimismo, advirtieron que ninguna posición política, función pública o nivel de influencia puede utilizarse como escudo frente a una investigación judicial.
Nadie está por encima de la ley. Los documentos hablarán y las autoridades tendrán que establecer las responsabilidades correspondientes.
Este proceso apenas comienza.
