Santo Domingo.- El Código Penal recientemente aprobado introduce una serie de medidas destinadas a fortalecer el sistema de justicia de la República Dominicana, ampliar las herramientas anticorrupción, aumentar la transparencia y reforzar la rendición de cuentas tanto en el sector público como en el privado.
Entre sus disposiciones clave se incluyen penas más severas para los delitos de corrupción, plazos de prescripción más amplios para la investigación de dichos delitos y la prohibición de que los funcionarios públicos condenados por corrupción ocupen cargos públicos.
La legislación también establece responsabilidad penal para las personas jurídicas , permitiendo que las empresas sean penalmente responsables de ciertos delitos cometidos en su beneficio. Esta medida busca fomentar programas de cumplimiento corporativo más sólidos, controles internos y prácticas anticorrupción, al tiempo que alinea al país con los estándares legales internacionales.
Además, el nuevo código penaliza delitos como la obstrucción a la justicia, las acusaciones falsas y la intermediación financiera ilegal, lo que proporciona a las autoridades herramientas más amplias para investigar el crimen organizado y económico.
