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* Advertencia: el siguiente reportaje contiene descripciones de violencia que algunos lectores pueden considerar perturbadoras.
En una fracción de segundo, la ayudante de cocina Milene Vasconcellos, de 38 años, calculó sus posibilidades.
Rafael ya había intentado estrangularla y la había tirado al sofá. Había ignorado sus súplicas para que cesara la violencia, que no hacía más que intensificarse, declaró la mujer ante la policía.
Milene dijo que miró hacia la cocina y vio un cuchillo. "Si vuelves a pegarme una vez más, tomaré cualquier cosa para defenderme", le advirtió a Rafael, según consta en el reporte policial.
Pero él no se detuvo y Milene le asestó un único golpe mortal. La pareja vivía en Santo André, en el estado de São Paulo, cuando ocurrió el crimen en 2024.
A unos 400 kilómetros de allí, en Nova Iguaçu, Úrsula Ricardo Francisco mató de un disparo en la cabeza, también en la cocina, a su entonces marido, un policía militar, en 2008.
Víctima de violencia doméstica, Úrsula, quien hoy tiene 55 años y es trabajadora social, cuenta que tomó la decisión tras oírle decir: "Te voy a matar a ti y a mi hijo y luego me suicidaré".
Milene y Úrsula alegan que reaccionaron en legítima defensa tras años de sufrir agresiones.
El caso de Milene es objeto de una investigación en la Fiscalía de Brasil, que podría dar lugar o no a un proceso judicial, dependiendo de la decisión del organismo.
Por su parte, Úrsula fue absuelta por la justicia tras casi una década a la espera de juicio.
El recurso jurídico de la legítima defensa excluye la ilegalidad del delito y reconoce que, ante un riesgo inminente para la vida, la reacción fue proporcional a la amenaza.
Pero demostrarlo no siempre es sencillo, según afirman expertas consultadas por BBC Brasil, y el reconocimiento de que hubo legítima defensa depende de factores que van desde la calidad de los abogados y de la investigación policial hasta el peso del machismo en el juicio.
"Pensaba que podría salvarlo de alguna manera"
Milene declaró a la policía que ella y Rafael se conocieron por Facebook en 2017, pero la conversación duró poco, ya que él fue detenido semanas después.
Según su versión, retomaron el contacto cuando él la buscó en septiembre de 2023.
Él había salido de prisión recientemente y no tenía dónde vivir. Para Milene, fue una oportunidad de empezar de nuevo.
"Pensaba que podía salvarlo de alguna manera", dice la ayudante de cocina.
Se fueron a vivir juntos a principios de 2024. La primera agresión tuvo lugar una tarde, cuando Milene llegó del trabajo y lo encontró consumiendo drogas.
"Cogió un cuchillo y empezó a agredirme", relata. Añade que Rafael rompió electrodomésticos y muebles.
Ese día, la Policía Militar, alertada por los vecinos, encontró a Milene herida. Rafael fue detenido en flagrante delito por intento de feminicidio.
En la comisaría, Milene solicitó una Medida Protectora de Urgencia (MPU), un instrumento previsto en la Ley María da Penha, pionera en la normativa brasileña contra la violencia de género, que busca alejar al agresor e impedir que la violencia se agrave.
Dos días después, en su declaración ante un comisario, Milene le confió que pensaba volver con Rafael.
Cuenta que el agente de policía le hizo entonces una advertencia casi premonitoria: "Este tipo acabará matándote, o tú acabarás matándolo a él".
A pesar de las advertencias de su madre, sus amigas e incluso del comisario, Milene —ya inmersa en el ciclo de la violencia— solicitó que se suspendiera la MPU.
Un mes después de que Rafael fuera puesto en libertad de nuevo y Milene lo aceptara de vuelta, ella lo mató.
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Legítima defensa
La legítima defensa está prevista en el artículo 25 del Código Penal brasileño y reconoce que una persona no comete un delito al reaccionar ante una agresión injusta, actual o inminente, utilizando "con moderación los medios necesarios".
Una agresión injusta "es todo acto de violencia que no está amparado por la ley", explica Chimelly Marcon, fiscal del Ministerio Público de Santa Catarina e investigadora en Estudios de Género por la Universidad Nova de Lisboa.
"Es cualquier ataque que viole derechos —a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la dignidad— sin respaldo legal".
En los casos de violencia doméstica, la amenaza no suele presentarse como un ataque repentino, sino como un "estado permanente de riesgo", afirma Marcon.
Además, el ciclo de la violencia no suele ser lineal: implica fases de agresión, arrepentimiento, promesas, control emocional y dependencia, lo que puede mantener a una víctima atrapada en una relación abusiva durante años.
Reconocer una situación así no significa "idealizar el delito [del asesinato de parejas violentas], pero tampoco se puede ignorar la realidad de la violencia doméstica como fenómeno complejo y progresivo", argumenta la fiscal.
"Aprendí a disparar bajo presión"
Úrsula cuenta que aprendió a disparar con su propio marido, quien era policía.
"Llegaba del cuartel, ponía el arma sobre la mesa, sacaba todas las balas del cargador y me ordenaba que las volviera a colocar. Cuando fallaba, me daba un golpe en la mano", cuenta.
"Aprendí a disparar bajo presión. Y eso fue mi salvación, porque si no hubiera sabido disparar, estaría muerta".
La primera agresión física, recuerda, tuvo lugar cuando estaban a punto de cumplir diez años de matrimonio, coincidiendo con el período en el que comenzaron los debates sobre la Ley María da Penha.
Úrsula menciona este hito porque recuerda las amenazas de su marido: "Si me denuncias, te mataré, te meteré en una bolsa y te tiraré al río".
Cuenta que nunca lo denunció por miedo, no solo a las amenazas, sino también porque él era policía.
Ana Paula de Oliveira Antunes, abogada especializada en derecho de familia desde hace 25 años y presidenta de la Comisión de Protocolo para el Juicio con Perspectiva de Género del Instituto Brasileño de Derecho de Familia (Ibdfam), afirma que muchas víctimas siguen sin denunciar a sus agresores.
"Las víctimas no buscan ayuda porque se les resta credibilidad. Es muy difícil acudir a una comisaría. Se las expone, se les resta credibilidad y se las revictimiza", explica Antunes.
"Por eso, la mayoría de las mujeres que sufren violencia no buscan ayuda porque no se sienten protegidas por el sistema".
Al principio, Úrsula pensó que la maternidad mejoraría la relación con su marido. Pero, cuando las agresiones se extendieron a su hijo, pidió el divorcio.
Recibió dos respuestas. La primera: "De aquí solo saldrás muerta".
La segunda: "Puedes llevarte la nevera, la cocina, lo que quieras, pero a mi hijo no te lo llevas". Asustada, decidió quedarse.
El día que mató a su marido, en febrero de 2008, recuerda que el policía llegó muy alterado del trabajo, profiriendo "amenazas que no surgieron ese mismo día, sino que venían de antes".
Pero recuerda que esa semana, "empezó a decir que realmente iba a matarme, a matar a mi hijo y luego a suicidarse".
Tras una nueva amenaza, "se fue al dormitorio a buscar su arma".
"Yo ya la había tomado de la cocina y disparé", recuerda Úrsula.
BBC Brasil intentó localizar a familiares del marido de Úrsula para que comentaran el caso, pero no logró dar con ellos.
Investigación y absolución
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Milene cuenta que, cuando llegó la policía y constató la muerte de Rafael, no tuvo miedo de que la detuvieran, porque consideraba que no había hecho nada malo.
En la comisaría, su caso se trató desde el principio como legítima defensa y fue puesta en libertad para responder por los hechos.
Los comisarios en Brasil tienen autonomía para señalar esta interpretación en sus informes de investigación, tal y como ocurrió en el caso de Milene.
Sin embargo, esto no significa que la persona ya esté absuelta: la investigación policial se remite al Ministerio Público estatal, que puede solicitar el archivo del caso, nuevas pruebas o presentar una acusación.
El caso de Milene se encuentra en esta fase, la de análisis por parte de la Fiscalía.
Si se presenta una acusación, el tribunal analizará el caso y decidirá si acepta o no la tesis de la legítima defensa. Es el juez quien dicta el veredicto definitivo.
La comisaria Viviane Costa Rios, quien investigó el caso de Milene, le dice a la BBC que no tuvo ninguna duda de que la mujer actuó en legítima defensa: hubo agresiones previas; Rafael tenía antecedentes penales por robo, hurto e intento de homicidio contra Milene; y los informes demostraron que estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas en el momento de la muerte.
Además, el arma utilizada fue un cuchillo de cocina, algo que Milene tenía a su alcance durante la agresión.
"Fue un solo golpe; ella llamó al servicio de urgencias, intentó socorrerlo, detener la hemorragia y esperó a que llegara la policía", enumera la comisaria.
Sentada en su mesa de la comisaría, Viviane subraya que Milene se vio envuelta en una situación de riesgo inminente de "todo o nada".
"Él ya se había lanzado al ataque. Si ella hubiera salido a buscar ayuda, ¿habría conseguido salir con vida?", pregunta. Y responde a continuación: "Creo que no".
La comisaria afirma que, en sus 16 años en la policía civil, este es el primer caso de legítima defensa con el que se encuentra.
BBC Brasil intentó ponerse en contacto con los familiares de Rafael para hablar sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.
"La absuelvo"
Cuando se dio cuenta de que su marido no se movía, Úrsula pensó en quitarse la vida, pero se detuvo al oír a su hijo llamándola desde la verja.
"Entonces volví en mí: 'Lo tengo a él, voy a tener que huir'", pensó.
Dice que tomó una lata de leche y la videoconsola del niño y huyó.
Primero, fue a casa de su hermano, desde donde llamó a la policía diciendo que su marido estaba muerto. Después, a casa de su padre. A continuación, a casa de una amiga.
Una semana después, ya con un abogado, se presentó en la comisaría y confesó haber matado a su marido.
El comisario le permitió responder en libertad, pero la imputó por homicidio simple; es decir, cuando no hay circunstancias que agraven el delito.
El proceso tardó nueve años en llegar a una resolución en primera instancia, un plazo que ella describe como "terror psicológico".
Según ella, las vistas se cancelaban y se reprogramaban constantemente, por diversos motivos.
Pero el desenlace fue inusual: la Fiscalía solicitó su absolución sumaria; es decir, el juez archivó el proceso desde el principio, sin escuchar a los testigos ni recabar nuevas pruebas.
Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía, el juez de primera instancia absolvió a Úrsula en 2017.
"La absuelvo sumariamente de todos los cargos. Salga de aquí. Ocúpese de su vida y de la de su hijo", le habría dicho el juez el día del juicio.
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La defensora pública Gláucia Fonseca, quien intervino en el caso, fue testigo de las palabras del juez en el tribunal.
Según Fonseca, el relato de Úrsula presentaba elementos habituales en situaciones de violencia doméstica: agresiones diarias, la profesión del marido, el alcohol como agravante y un patrón de violencia.
"Insultos de todo tipo. Un menosprecio que acaba provocando un gran impacto emocional", explica.
Aun así, la investigación policial no abordó ese historial de violencia.
"Se ignora el relato de la mujer. La policía no indaga en ello", afirma Fonseca. "A menudo, a la mujer se la trata como a una persona violenta, celosa o histérica".
"Pagué un alto precio"
Úrsula cuenta que, a lo largo de los nueve años que duró el proceso, su vida quedó en suspenso.
Cuando estaba casada, era ama de casa. Tras matar a su marido, volvió a estudiar para mantenerse a sí misma y a su hijo por su cuenta.
Durante los años que pasó a la espera del juicio, cada vez que se fijaba una audiencia, pensaba: "¿Y si me detienen? ¿Quién cuidará de mi hijo?".
Dice que no podía hacer viajes largos ni mudarse lejos y tenía miedo de aceptar buenos trabajos que exigieran desplazamientos.
"Lloraba, lloraba, lloraba, lloraba… Luego, dejaba de llorar. Fui haciéndome más fuerte. Mi única preocupación era él [su hijo]".
Ahora, recibe llamadas constantes de mujeres que le piden ayuda y da charlas sobre violencia doméstica.
"Cuando doy una charla, siempre digo: 'No hagan lo que yo hice, ¿vale?'. Porque pagué un alto precio".
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