Citando a Jesús, dice Mateo en su Evangelio: “Los últimos serán los primeros”. El apóstol ilustraba así la lógica divina, contraria a la lógica terrenal. Los menos favorecidos, entonces, estarán en las prioridades de la agenda celestial.
Si extrapolamos la parábola bíblica, no hay sospechas de que el paquete de medidas que se pone en marcha con premura para intentar salir del atolladero de la crisis se preocupe lo suficiente para mover a “los últimos” de donde están, según el olfato de académicos cubanos reunidos bajo el alero protector de Último Jueves, de la revista Temas, dedicado esta vez a la pobreza y la desigualdad en Cuba.
Los panelistas coincidieron en que, tal como están formuladas, estas disposiciones difícilmente contribuirán a reducir esos indicadores.
La doctora en Ciencias Psicológicas María del Carmen Zavala cuestionó que muchas de las medidas no tienen un enfoque social claro y que, en su mayoría, están pensadas para dinamizar sectores productivos sin atender de manera específica a los grupos más vulnerables. “Si no se incorporan políticas afirmativas tanto en el orden individual, familiar como también territorial y mecanismos de redistribución, el impacto será mínimo en términos de equidad”, advirtió.
La Dra. Zavala apunta además a la “limitada presencia del tema vivienda-hábitat en las medidas”, en un país con más de 800 mil viviendas de déficit. “Es uno de los problemas más acuciantes y no aparece de manera explícita”, criticó.
El máster en ciencias Yasmani Calviño, jefe del Departamento de Atención, Asistencia y Trabajo Social de la Dirección Provincial de La Habana, desde su experiencia cotidiana en barrios capitalinos, reforzó esa percepción. “Las medidas pueden estimular ciertos espacios de la economía, pero no necesariamente llegan a las familias que hoy están en situación de vulnerabilidad multidimensional”, explicó.
Ponerse los espejuelos
Para este funcionario, el problema radica en que las disposiciones no parten de un diagnóstico integral de las desigualdades territoriales y sociales, lo que limita su capacidad de transformar realidades concretas. “Sin un enfoque que priorice a los hogares más afectados, las brechas seguirán abiertas”, añadió.
No faltaron las advertencias. La doctora en Ciencias Económicas y socióloga Marta Núñez consideró que “estamos casi en la frontera de las desigualdades con la pobreza, y las medidas no parecen diseñadas para revertir esa tendencia”.
Núñez remarcó que, aunque algunas iniciativas pueden tener efectos positivos en sectores específicos, la ausencia de políticas transversales de género, origen étnico y territorio deja intactas las estructuras que reproducen la desigualdad. “No basta con medidas económicas generales; se necesitan acciones que reconozcan las múltiples dimensiones de la pobreza en Cuba”, demandó.
“Todas (las medidas) tienen que ponerse el espejuelo de género, de familia, de grupo etario, de todo a la hora de establecer, definir, controlar y evaluar las políticas sociales. Sería un error ignorar cualquiera de ellas o no hacerlo simultáneamente”, añadió la académica.
La autora del libro Cubanas resilientes, empoderadas y exhaustas. Tribulaciones del empoderamiento femenino en Cuba, (Digital Ruth Casa Editorial, 2024), dijo que la participación ciudadana enunciada en el documento “hasta ahora no se ha logrado” y que el eje 23, dedicado al control, “no se operacionalizó”, es decir, no se tradujo en indicadores ni en acciones concretas como sí ocurrió con los otros 22 ejes.
Sin mecanismos de control efectivos, las medidas corren el riesgo de abrir espacio a una mayor pobreza, a la concentración del poder económico en pocas manos y a la inversión en sectores que no son vitales, como ya sucedió en el pasado con la energía y la agricultura, que se desfinanciaron, por años, en favor del sector hotelero e inmobiliario.
Para Núñez, la ausencia de un diseño que incorpore participación real, control verificable y prioridades sociales explícitas convierte a las 176 medidas en un instrumento insuficiente para enfrentar la desigualdad y la pobreza en Cuba.
Qué entendemos por desigualdad
De acuerdo con Calviño, “la desigualdad no es nada más que la asimetría que está tanto estructuralmente como de recursos y oportunidades… aunque Cuba tiene un estado de derecho, también hay una desigualdad en cómo acceder al derecho, cómo hacer uso del derecho”.
Desde su experiencia en la capital, Calviño explicó que la desigualdad se manifiesta en tres planos: el económico, vinculado a los ingresos familiares; el social, relacionado con bienes y servicios; y el de oportunidades, que incluye educación, salud, ocio y, cada vez más, el acceso a alimentos.
“No todas las familias tienen las mismas oportunidades y su contexto de actuación influye en ese impacto asimétrico”, añadió, recordando que incluso en La Habana existen barrios que quedaron rezagados en la implementación de políticas públicas y que hoy requieren una “segunda mirada” para reducir las brechas.
El moderador Rafael Hernández intervino para ilustrar que la pobreza no puede entenderse únicamente como diferencia de ingresos. “La desigualdad en realidad tiene múltiples facetas que tienen que ver con aspectos diferentes de la condición social”, afirmó.
La psicóloga María del Carmen Zavala coincidió en que la pobreza y la desigualdad son fenómenos multidimensionales. “Aunque recurrentemente el indicador que más se tiene en cuenta son los ingresos, sabemos que no son solo los ingresos. Hay otros elementos muy importantes que tienen que ver con las condiciones de vida de la familia, con el lugar de residencia y con las características de quienes sufren o padecen pobreza o vulnerabilidad”, puntualizó.
Indicadores y mediciones
El debate se tensó cuando Hernández recordó que algunos medios internacionales, entre ellos CNN, han llegado a afirmar que el 85 % de los cubanos vive en pobreza extrema, basándose en un informe del Observatorio de Derechos Humanos en España. “En el resto de América Latina no hay país que tenga una pobreza extrema de ese tamaño”, hizo notar el politólogo y director de la revista Temas.
Calviño respondió con cautela: “Hasta mi conocimiento, no tengo claridad si hoy nosotros evaluamos pobreza extrema y creo que no. Hemos evaluado vulnerabilidad multidimensional como proyección estratégica para no llegar a pobreza extrema.”
Zavala aportó un marco internacional al señalar que el Banco Mundial define la pobreza extrema como aquella en la que, aunque una familia destine todos sus ingresos a alimentos, aun así no logra cubrirlos. “Es una situación que pone en riesgo la supervivencia en términos de momento y futuro”, advirtió.
Dimensiones sociales de la desigualdad
Las intervenciones se centraron luego en las brechas sociales y su geopolítica que marcan la vida de los cubanos.
Calviño ilustró con ejemplos concretos: “No es lo mismo vivir en Plaza de la Revolución que vivir en Arroyo Naranjo… simplemente por mencionar comunidades diferentes, ya estructuralmente nos da una representación de un tipo de familia o de otra.”
Zavala amplió la mirada hacia la interseccionalidad: “Elementos como el género, el color de la piel, la edad, la condición o no de discapacidad, el estatus migratorio, la orientación sexual… hay algunos grupos sociales en los cuales actúan de forma simultánea estas características y sistemas de dominación.”
Para Núñez, el quid radica en la mirada panóptica de la realidad. “Todas las dimensiones tienen que tomarse en cuenta por las políticas… Sería un error ignorar cualquiera de ellas.”
Género y empleo: la desigualdad persistente
Con décadas de investigación en temas de mujer y empleo, la socióloga Núñez presentó cifras que revelan la magnitud de la brecha laboral.
Las mujeres representan el 38% del total de ocupados en Cuba, tanto en sectores estatales como no estatales, pero el 82% de ellas trabaja en actividades con salarios por debajo del promedio mensual, incluyendo educación y salud.
Del total de mujeres ocupadas, el 34 % son profesionales, científicas e intelectuales, frente a solo el 12 % de los hombres. Sin embargo, solo el 41 % de los directivos en el sector estatal son mujeres, pese a que la cifra ha crecido respecto a décadas anteriores.
Núñez añadió que el 64 % de la población fuera de la fuerza laboral son mujeres, muchas de ellas dedicadas a cuidados familiares sin incentivos para incorporarse al mercado.
En el sector privado, la brecha es aún más marcada: solo el 20 % de los socios de mipymes son mujeres, menos de un tercio de los contratados en estas empresas corresponde a mujeres, y apenas el 29 % de las trabajadoras por cuenta propia con contrato son mujeres, mientras una quinta parte de las que trabajan sin contrato carecen de seguridad social. “Las mujeres son mayoría en educación, ciencia y salud… mantenerlas allí es vital para preservar el capital humano altamente calificado de Cuba”, alertó sobre tal prioridad nacional.
Color epidérmico, territorio y pobreza
Zavala puso sobre la mesa un tema menos visibilizado: la pobreza racializada. “La población negra, mulata… está sobrerrepresentada en condiciones de pobreza y desigualdad, tanto desde el punto de vista de los ingresos como por residir en viviendas más precarias y en territorios con mayores dificultades.”
La especialista subrayó que estas comunidades enfrentan barreras adicionales para acceder a educación superior, empleos bien remunerados y espacios de decisión política. Propuso políticas específicas, incluyendo acciones afirmativas, para reducir estas brechas.
El territorio, entretanto, también marca diferencias y cicatrices profundas. Calviño recordó que incluso dentro de La Habana existen contrastes abismales entre barrios beneficiados por políticas públicas y otros que quedaron rezagados. “Hay barrios en transformación que se quedaron retrasados en la implementación de políticas públicas”, señaló.
Pobreza infantil y femenina: el rostro sobrerrepresentado
Zavala destacó dos dimensiones críticas: la pobreza infantil y la pobreza femenina. “La pobreza infantil es una pobreza en la cual se pone en riesgo el desarrollo potencial de esos infantes para convertirse luego en adultos con bienestar propio”, explicó.
Sobre la pobreza femenina, señaló: “Incluso en hogares que pueden ser no pobres, las mujeres padecen pobreza por dependencia económica, por dedicar excesivamente tiempo a los cuidados y no a su desarrollo personal.” Ambas requieren políticas específicas que no solo atiendan a las personas afectadas, sino que transformen las condiciones estructurales de la sociedad.
Costos sociopolíticos del paquete reformista y tres puntos suspensivos por estadística
En el panel de Último Jueves, las especialistas coincidieron en que las 176 medidas del gobierno cubano para enfrentar la crisis no logran responder a las desigualdades estructurales ni a la pobreza creciente.
La psicóloga María del Carmen Zavala recordó que, a diferencia de otros países de la región, Cuba se ha resistido históricamente a usar el término “pobreza” por el costo político que implica.
“En las cifras de CEPAL casi nunca aparece Cuba. Nosotros sí conocemos los datos de América Latina, pero cuando aparece Cuba, le colocan al lado los punticos suspensivos”, observó Zavala, con un toque de ironía.
“En el caso de Cuba, yo creo que la implicación es diferente porque justamente el proyecto país que se ha defendido es un proyecto de equidad y de justicia social. De ahí resulta la resistencia a la utilización del término pobreza y la anuencia al término vulnerabilidad, que tal vez es menos agresivo”, afirmó.
De acuerdo con la especialista, las nuevas oportunidades económicas abiertas por las medidas no ofrecen reales posibilidades a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad, pues requieren recursos y contactos que esas familias no poseen.
Del toque de cazuelas a la huida transfronteriza
La socióloga Núñez, en su descargo sobre el tema, fue aún más enfática al señalar las derivaciones del paquete anticrisis y el avance de la pobreza y las desigualdades.
“El primer costo grande político es que está erosionando la confianza en el proyecto socialista y en el Estado que los dirige. Segundo gran costo: afecta la salud física y mental de la población, muy grande. Tercer costo: están aumentando los choques entre la población y los representantes del Estado, por ejemplo, de cacerolazo a agresiones físicas, y la inmigración que sigue, que va en aumento y que ha causado una disminución fuerte de la población cubana.”
Núñez explicó que los escenarios inmediatos y mediatos afectan tanto a profesionales cercanos a la jubilación, que enfrentan pensiones insuficientes, como a jóvenes recién graduados que dudan si permanecer en el país. Para ella, el resultado es un doble costo: la pérdida de capital humano altamente calificado y el debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
Ambas especialistas coincidieron en que, sin un enfoque social claro y sin mecanismos de control efectivos, las medidas anticrisis corren el riesgo de profundizar las desigualdades en lugar de reducirlas.
Estadísticas secuestradas
La ausencia de estadísticas públicas sobre pobreza y pobreza extrema en Cuba fue uno de los puntos más críticos señalados en el panel. La psicóloga María del Carmen Zavala recordó que, aunque existe una institución gubernamental encargada de captar esos datos, “esos resultados no tienen carácter público. Desde hace más de 20 años no se divulgan cifras oficiales”.
Las últimas mediciones disponibles —manifestó— centradas únicamente en pobreza urbana de ingresos, situaban el índice en torno al 6,7 % antes de la crisis, y que luego se duplicó hasta alcanzar el 13 %. “Si tuviésemos todo eso y teniendo en cuenta los resultados de nuestro último censo de población y viviendas, más del 40 % de las viviendas cubanas estaban en estado regular o malo. Entonces estaríamos hablando de una situación bastante crítica”, advirtió, cuestionando además los bajos índices de pobreza multidimensional reportados para Cuba, que excluyen deliberadamente los ingresos.
El trabajador social Yasmani Calviño coincidió en que la ausencia de transparencia factual hace imposible diseñar políticas efectivas. “Sin datos no se puede trabajar y no se puede enrumbar una política que pueda transformar ninguna situación de vulnerabilidad”, afirmó.
Desde su práctica profesional, explicó que se trabaja con familias que llegan ya en condiciones de vulnerabilidad, pero que la ausencia de estadísticas públicas limita la capacidad de anticipar escenarios y diseñar programas de transformación. A su vez, indicó que las medidas actuales deberían reforzar la corresponsabilidad social de los nuevos actores económicos, especialmente en la atención a adultos mayores y en la red de comedores comunitarios, pero insistió en que, sin cifras claras sobre pobreza y pobreza extrema, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedarse fragmentado y sin impacto real.
Del lado de la audiencia de Último Jueves, la socióloga Mayra Espina puso el dedo en la llaga al cuestionar la falta de transparencia en torno a las cifras de pobreza en Cuba.
“¿Se puede trabajar en políticas de investigación y atención a la pobreza sin saber las cifras de pobreza? ¿Es posible hacer eso?”, preguntó con insistencia, dejando claro que sin datos públicos cualquier estrategia social corre el riesgo de quedarse en el aire.
Para la experta, autora del texto Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana, aunque las autoridades puedan manejar estimaciones internas, ese conocimiento debería ser “patrimonio social” y estar al alcance de todos, porque solo así la ciudadanía puede participar de manera informada en los debates y en la construcción de soluciones.
Espina recordó que ella misma ha elaborado cálculos sobre la magnitud de la pobreza en el país por ingresos (40 % – 45 %) , cifras que han generado polémica: algunos las consideran demasiado bajas, otros excesivamente altas. Esa disparidad, dijo, refleja la urgencia de contar con estadísticas oficiales y verificables. También pidió referencias comparativas, como el caso de Polonia, para entender mejor cómo se mide y se enfrenta la pobreza extrema en distintos contextos.
El caso polaco y final
La especialista polaca Katarzyna Dembicz, profesora de la Universidad de Varsovia y reconocida geógrafa latinoamericanista, sorprendió al auditorio al explicar cómo su país excomunista ha redefinido la manera de medir la pobreza.
“Polonia empezó a medir la pobreza no solamente por los ingresos, sino que empieza a enfocarse en los gastos”, afirmó, subrayando que el consumo real de los hogares —ya sean unipersonales, nucleares o extensos— se ha convertido en un indicador clave para entender la vulnerabilidad social.
El cambio metodológico busca capturar una realidad más compleja que la renta monetaria. Según Dembicz, el índice de pobreza económica sigue existiendo y se aplica a quienes tienen ingresos por debajo del 50 % de la media nacional. Pero la novedad está en la definición de la pobreza extrema, que se mide por la incapacidad de cubrir la canasta básica de alimentos y servicios esenciales. “La extrema pobreza es cuando la persona o la familia está amenazada en su vida y su salud”, puntualizó.
Veamos las cifras: en Polonia, el 5,3 % de la población vive en extrema pobreza, lo que equivale a más de 1,5 millones de personas. La pobreza general alcanza al 13 % de los habitantes, alrededor de cinco millones.
Dembicz detalló que los más afectados son los niños, los adultos mayores, las mujeres —especialmente madres solas— y las comunidades rurales, donde persisten desigualdades históricas. “Las áreas rurales son más vulnerables que las urbanas”, señaló, recordando que las regiones orientales y surorientales arrastran rezagos desde la época del Imperio ruso en los siglos XVIII y XIX.
La especialista, cuyo padre fue profesor en los 60 de la Escuela de Geografía de la Universidad de La Habana, una ciudad que ella conoció desde su niñez, también llamó la atención sobre la informalidad laboral, un fenómeno que se consolidó en los años noventa durante la transformación económica.
“Hasta hoy día en Polonia se indica la informalidad del empleo como una de las determinantes de la pobreza”, advirtió. Este problema afecta especialmente a los jóvenes y a los pensionados que, con ingresos insuficientes, deben reincorporarse al mercado laboral sin garantías de seguridad social.
Otro aspecto clave es el costo de la pobreza y quién lo asume. Dembicz recordó que en los años noventa fueron las familias las que cargaron con el peso de la crisis, lo que provocó una ola migratoria sin precedentes:
“En el año 2000-2004 se estimaba que había 1,5 millones de polacos trabajando en Reino Unido e Irlanda, y otro millón y medio en Alemania”.
Esa fuga de mano de obra obligó al Estado a reaccionar con políticas de retención y retorno de jóvenes, conscientes de que sin fuerza laboral no hay crecimiento económico sostenible, expuso Dembicz, cuya estancia en La Habana de vacaciones hizo al director de Último Jueves cambiar el calendario temático del año para aprovechar en vivo la sapiencia de la geógrafa polaca.
“Me felicito por ello”, se congratuló Hernández en medio de aplausos.
