Han transcurrido 15 días desde el 24 de junio de 2026, fecha que pasará a la historia por registrar uno de los peores desastres naturales en Venezuela. Tras dos semanas, La Guaira lucha por retomar una normalidad que la magnitud de la tragedia no permitirá alcanzar en el mediano plazo.
Es mucho lo que ha cambiado la actividad en el estado desde los primeros días tras el terremoto. Al aluvión de voluntarios y la caravana de insumos que eran una constante al principio, los ha reemplazado una especie de desoladora calma que refleja que la sociedad civil ha dado un paso al costado para dejar que sean el Estado y la ayuda internacional los que traten de paliar la situación.
En las zonas más afectadas, como Catia La Mar, Macuto, Caraballeda y Tanaguarenas, ya no se ven los cientos de civiles que con desespero y energía intentaban encontrar sobrevivientes entre las ruinas. Ese trabajo ahora queda en su mayoría en manos de personal de bomberos, Protección Civil y miembros de la FANB, quienes –ahora sí con la presencia de maquinaria pesada– empiezan a remover escombros.
Un desagradable hecho que casi nadie quiere mencionar en voz alta es que, con el paso del tiempo, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece. La tarea, al menos como señalan quienes están en la zona, es otra: la recuperación de cuerpos y la remoción de escombros.
“No recuerdo la última vez que apareció alguien con vida. Cuerpos (cadáveres) sí están sacando todavía, hay muchos ahí”, comentó una miliciana de Los Teques en el conjunto residencial Belo Horizonte.
La misma funcionaria aseguró que el martes en la noche lograron rescatar a un hombre, pero esa versión fue desmentida minutos después por uno de los habitantes del edificio, que lleva días allí esperando para retirar pertenencias de su apartamento.
“Yo estoy aquí esperando a ver si logro sacar mis cosas; gracias a Dios no perdí ningún familiar y logré sacar mi camioneta del estacionamiento después del temblor. Pero no creo que ya haya personas vivas aquí”, comentó el residente del edificio mientras esperaba autorización para ingresar a lo que quedó de su inmueble.
A pesar de todo, de vez en cuando los rescatistas piden la conocida señal de silencio en zonas como Playa El Yate, donde continúan las labores. De nuevo, con pocos resultados.
En otra de las zonas más afectadas, como la Misión Vivienda de Los Cocos en Caribe, Caraballeda, el trabajo sigue, pero con muchas menos personas entre los escombros, y en cambio mucha más maquinaria. En especial destacan las grúas pluma, que desde el día 1 del terremoto habían sido pedidas por los familiares para mover los bloques más pesados.
Esos lugares, identificados desde los primeros minutos tras el terremoto como los que concentraban la mayor cantidad de víctimas y heridos debido a la densidad poblacional, son los que hoy tienen la prioridad para los rescatistas. Sin embargo, no son los únicos que requieren atención. Una imagen muy repetida, si se hace un recorrido desde Catia La Mar hasta Caraballeda, es la cantidad de casas y edificios derrumbados donde nadie trabaja. La magnitud de la catástrofe es tal que, con el personal y los equipos que se han movilizado a La Guaira en las últimas dos semanas, aún no es suficiente para atender todo.
Una economía en pausa
A pesar de que el gobierno ha dispuesto campamentos y refugios temporales para alojar a los afectados, la realidad en La Guaira es que las calles siguen llenas de damnificados. Es virtualmente imposible recorrer una de las avenidas principales del estado sin encontrar grupos de carpas que no han recibido respuesta de las autoridades.
La mayoría son personas cuyos residencias colapsaron tras los terremotos. Una imagen que se repite, sobre todo en Caraballeda y Tanaguarenas, son los edificios condenados: aquellos que se mantienen en pie pero que, tras evaluación de los bomberos o la FANB, fueron declarados no habitables y por ende deben ser demolidos.
Estos edificios representan riesgo para quienes traten de habitarlos debido a los numerosos daños estructurales que presentan, que pueden conducir a colapso tardío. Una evidencia de esto es el edificio que se encuentra justo al lado del McDonald’s en Caraballeda, en cuya fachada pintaron con grafiti la palabra “cediendo”.
En esta nueva realidad vive buena parte de la población de La Guaira. Sus realidades van de la mano con lo poco que pueden ofrecerles iniciativas internacionales como World Central Kitchen, organización mundial para dar comida en zonas de desastre. Otros aceptan ayuda internacional de cualquier forma que llegue. En Macuto, las cajas de comida con la bandera de Estados Unidos a un costado, las cuales contienen atún, carne enlatada, jamón endiablado y caraotas, representan un par de días de sustento para una persona o una familia.
En las zonas más afectadas por el doblete sísmico, la economía está en pausa. Sí, hay pocos comercios activos –sobre todo los de venta de comida como arepas y empanadas–, pero las bodegas, supermercados y el resto de los negocios siguen con la santamaría abajo. Muchas personas perdieron sus hogares; otras tantas perdieron también el sustento.
El hecho de que buena parte de la economía en La Guaira se centrara en el turismo es otro factor importante. Es difícil calcular cuántas personas vivían de prestar servicios a quienes bajaban a la costa a bañarse en sus playas, escenario que, al menos en el futuro cercano, parece imposible imaginar.
El viacrucis para encontrar a seres queridos
Más allá de Catia La Mar, en la vía hacia Carayaca, está el Cementerio Jardines de la Esperanza, lugar escogido por las autoridades para enterrar algunos de los cuerpos que se han encontrado entre los escombros y que aún no han sido identificados.
Eddy Zabala, jefe de operaciones del cementerio, comentó que desde el 25 de junio han recibido más de 300 cuerpos en el lugar, y que todos y cada uno de estos han recibido sepultura digna “en terrazas dedicadas y parcelas individuales”.
“No tenemos nada que ocultar, no es cierto que existan fosas comunes. Aquí tenemos parcelas individuales tanto para los cuerpos identificados y reclamados como para aquellos que aún no han sido identificados”, explicó.
En el caso de los cadáveres que no han podido ser identificados, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) implementó un sistema basado en archivo fotográfico. Se le pide a familiares que revisen el archivo, y si reconocen a algún pariente entre los cuerpos no identificados, este ya estará vinculado con un código especial que permite saber dónde se encuentra enterrado.
“Los cuerpos ya vienen identificados; algunos tienen una identificación especial y vienen acompañados con un código del Senamecf, de forma que todos los retratos de los cuerpos están relacionados con ese código, y así sus familiares pueden saber dónde están”, explicó Zabala.
El acceso al camposanto se encuentra estrictamente limitado a parientes de los fallecidos enterrados en el lugar –y que por ende están en el registro que ellos tienen–, o a aquellas que estén acudiendo por primera vez con el código del Senamecf porque reconocieron a algún ser querido en la morgue improvisada en el Puerto de La Guaira.
“Hemos tenido que tomar esta medida porque han venido personas que han fingido ser familiares. Hay mucha distorsión sobre lo que pasa aquí, por eso el acceso está limitado exclusivamente a parientes de personas que estén en el registro o a los que llegan y tienen un código”, concluyó el jefe de operaciones del cementerio.
Quien crea que el cuerpo de un familiar está en poder del Senamecf puede acudir a los silos del Puerto de La Guaira, en la avenida Soublette, donde el organismo ha improvisado una morgue para recibir los cadáveres. Una vez allí, el personal lo guiará para que revise la lista de cuerpos identificados y, si es necesario, el archivo fotográfico de aquellos aún no identificados.
